Tratar el tema del outsourcing gubernamental es de los más difíciles en reflexionar porque se trata de políticas públicas implementadas por los gobiernos federales, estatales y municipales que traen como consecuencia la violación a los derechos laborales de sus trabajadores.
Es difícil entender el uso de recursos estatales para simular relaciones laborales, desconocer prestaciones, justificar bajos salarios y anular la estabilidad laboral por medio de contratos temporales leoninos bajo la figura de la subcontratación.
La reforma laboral que entrara en vigor el 1º de diciembre de 2012, confeccionada por grupos empresariales bajo el auspicio del PAN y del PRI, trajo como consecuencia legitimar la figura de la subcontratación en los artículos 15-A, 15-B, 15-C y 15-D de la Ley Federal del Trabajo que rompieron con el modelo tradicional del derecho laboral en México de cómo se genera la relación laboral.
De manera simple se pisoteó el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo la cual señala que basta la existencia de un trabajo personal, subordinado a una persona, mediante el pago de un salario para que se genere una relación de trabajo.
Las normas de la subcontratación impuestas hace casi 8 años, permiten que una empresa fije, dicte y supervise las órdenes de trabajo configurándose una clara subordinación, ¡pero el outsourcing no le da el carácter de patrón a la empresa que recibe los servicios del trabajador!
Con el modelo de la subcontratación se destruyó todo rasgo del derecho laboral mexicano para distorsionarlo en favor del fraude.
Bajo esta figura es suficiente que se firme un contrato mercantil, por medio de una empresa, generalmente fantasma, para que ésta aparente pagar el salario y así eluda toda responsabilidad al verdadero patrón.
Políticas gubernamentales
Existe una tendencia creciente para que por medio del outsourcing los gobiernos tanto de nivel federal, estatal o municipal, incluyendo organismos descentralizados y autónomos usen empresas privadas, en algunos casos cercanos a sectores políticos para sustituir la función pública del estado mexicano.
No me refiero a aquellas prácticas que se pueden calificar de vergonzosas de obras gubernamentales realizadas por empresas diversas que usan contratos colectivos de protección y sindicatos de grupos gansteriles para realizar magnas obras como es el caso del Tren Maya, sino de acciones que sólo deben corresponder al gobierno y que contratan membretes de empresas para eludir responsabilidades laborales.
Con el outsourcing las dependencias no tienen que crear ni administrar plazas laborales pues todo queda a cargo de las empresas que son entonces las patronas de los trabajadores y responden por sus prestaciones (reducidas al mínimo posible). Las empresas cobran “comisiones de administración” que oscilan entre el 7% y hasta 14.99%.
Las secretarías de Economía y Relaciones Exteriores contratan vía subcontratación desde hace años; por ejemplo, la cancillería adjudicó de manera directa un contrato de tres meses y 60 millones de pesos a la empresa We Keep on Moving quien es su proveedora habitual. Esta empresa de outsourcing fue la que más recursos obtuvo en la administración de Enrique Peña Nieto y fue quien repitió en el primer año del gobierno de AMLO, logrando en 2019, 728 millones de pesos en contratos que representa casi el total obtenido en tres años durante la administración priísta.
El mismo fenómeno ocurre en el Banco del Bienestar, que requirió de 1,263 trabajadores en un contrato de hasta 463 millones de pesos vigente hasta enero de 2021 con lo que casi duplicará su plantilla laboral de 1,511 personas. Sin embargo, podría convertirse en el mayor usuario de estos servicios de subcontratación una vez que concrete la construcción de 2 mil 700 sucursales para repartir dinero de programas sociales, se prevé alcance 10 mil empleados, todos ellos subcontratados por la empresa Servicios Empresariales Teram (por supuesto todos con contratos colectivos de protección y sindicatos blancos).
Algunas de las plazas subcontratadas por el Banco del Bienestar tienen perfil de mando y requieren maestrías y experiencia de 5 a 10 años, pero todos ellos contratados por la empresa subcontratista.
Otro caso es el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) que gastará 371 millones de pesos al cierre de 2021; CONAGUA planea invertir 260 millones de pesos en 2020 y la paraestatal Comesa tiene hasta 474 millones de pesos. El doble de lo presupuestado para empleados propios.
Seguridad Alimentaria Mexicana SEGALMEX la nueva versión de CONASUPO se dispone a contratar a más de 3,600 empleados todos autsoursados (la nueva palabra que equivale al fraude laboral), tanto para Liconsa y Diconsa con un gasto de 200 millones de pesos.
La Secretaría de Cultura subcontratará hasta 1,600 personas, privatizando su relación laboral, por 340 millones de peros para su programa cultura comunitaria.
La subcontratación de personal es un esquema ya recurrente en la operación del nuevo gobierno, pues se tienen registros en las plataformas de transparencia de alrededor de 50 contratos de dependencias públicas con empresas dedicadas a brindar servicios de outsourcing, lo anterior sustentado en los más de 3 mil millones de pesos en salarios para colaboradores privatizados del gobierno federal.
Estas políticas privatizadoras de personal se replican en todos los niveles de gobierno y son de las principales causas para que no se acoten a las empresas dedicadas al fraude laboral.
Es un contrasentido impulsar una reforma laboral que tiene como propósito la participación de los trabajadores, la democracia y la transparencia en las relaciones laborales cuando las empresas subcontratistas imponen todo lo contrario.
Los gobiernos deben ser congruentes en sus políticas laborales de respeto a los derechos humanos de sus trabajadores, realizar practicas contrarias usando recursos públicos es cuando menos una vileza no sujeta a subasta.