Opinión

Otro que se va

Preocupan los motivos de Urzúa, la falta de planeación en el quehacer gubernamental y la toma de decisiones sin el debido análisis. | Agustín Castilla

  • 11/07/2019
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En tan sólo siete meses de gestión, alrededor de 14 funcionarios de alto nivel han presentado su renuncia al presidente López Obrador, entre los que se encuentran la Titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Josefa González Blanco -cuyo paso por la administración pública fue irrelevante-, Germán Martínez a la dirección del IMSS, el director del Instituto Nacional de Migración Tonatiuh Guillen, la subsecretaria de seguridad pública Patricia Bugarín, los presidentes de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y de la Comisión Reguladora de Energía, el Titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas Jaime Rochín, y la coordinadora nacional del Programa de Estancias Infantiles Clara Torres.

Con excepción de Germán Martínez -en cuya carta de renuncia expresó las razones de su decisión acompañada de una fuerte denuncia por la falta de sensibilidad de funcionarios de la Secretaría de Hacienda ante la precaria situación en que colocaron al IMSS para la atención de los derechohabientes-, en la mayoría de los casos han optado por la discreción apelando a razones personales, pero aún así sus dimisiones no son una buena señal para este gobierno que, en términos objetivos hasta el momento no ha dado resultados y en cambio ha abierto demasiados flancos de manera innecesaria.

Sin embargo, la renuncia de mayor impacto ha sido sin duda la del Secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, no sólo por la relevancia del su función y los efectos en la economía, sino por la severa crítica que emitió en unas cuantas líneas, y con la que confirma una realidad al interior del gobierno que de tiempo atrás era un secreto a voces. Urzúa afirmó que muchas decisiones se toman sin el debido sustento, a partir de extremismos ideológicos sin importar las consecuencias que pudieran tener, y que prevalece el influyentismo en la imposición de funcionarios que no cumplen con los conocimientos necesarios para el desempeño del cargo, así como los conflictos de interés.

Estos señalamientos y la renuncia en sí misma no pueden ser tomados a la ligera como pretende el grupo en el poder y sus seguidores, quienes han minimizado los hechos sin el menor asomo de autocrítica recurriendo a los argumentos de siempre: “nadie es indispensable”, “no aguantaron el ritmo del presidente”, “eran neoliberales”, “no les gustó trabajar más y ganar menos”, pero tampoco debe ser motivo de celebración por los que apuestan al fracaso de esta administración en una actitud irresponsable y mezquina pues lo que está en juego es la estabilidad del país y por tanto el futuro de todos.

En medio de los dos polos hay un amplio sector que, sin filias ni fobias ideológicas o personales, demandamos mayor seguridad, mejores servicios públicos -empezando por la salud y la educación-, respeto al estado de derecho y un combate real a la corrupción e impunidad, así como una política económica que incentive la inversión, la generación de empleos y a la vez tenga como prioridad la disminución de la pobreza y la desigualdad.

Por ello, preocupan los motivos de Urzúa, preocupa la falta de planeación en el quehacer gubernamental, la toma de decisiones sin el debido análisis, la insensibilidad y ambición de muchos de quienes hoy ocupan los cargos públicos -aunque con estilos distintos no se observa gran diferencia respecto a los anteriores-, la disputa entre los radicales y moderados, la autocomplacencia y poca disposición para escuchar opiniones distintas y en su caso rectificar, el ánimo de confrontación permanente.

Somos muchos los que estamos dispuestos a apoyar a nuestro gobierno en el cumplimiento de su responsabilidad, pero también a ejercer nuestro derecho a la crítica y a exigir cuentas.