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La Estrategia Nacional de Seguridad Pública contiene 8 objetivos de donde se desprenden las principales acciones para erradicar la seguridad en el país. | Rodolfo Aceves

  • 10/07/2021
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La Estrategia Nacional de Seguridad Pública contiene 8 objetivos de donde se desprenden las principales acciones para erradicar la seguridad en el país.

Entre los objetivos se encuentran la erradicación de la corrupción y reactivación de la procuración de justicia, el pleno respeto de los derechos humanos, la regeneración ética de la sociedad, reformular el combate a las drogas, la construcción de la paz, la recuperación y dignificación de los centros penitenciarios y la seguridad pública, seguridad nacional y paz.

Entre lo pendiente que tiene la Estrategia se encuentra la creación de la Ley Federal de Combate de Conflictos de Interés así como la creación del Consejo para la Construcción de la Paz; la primera para ampliar el rango de combate a la corrupción y, el segundo, como instancia de vinculación y articulación entre todas las instituciones y actores de México y del extranjero que trabajen por la paz.

Sobresale la política de “abrazos y no balazos”, como una forma de contener el uso de la violencia, pero se han dejado de considerar otras formas de contener la violencia.

La seguridad tiene diversas herramientas para el auxilio de las políticas públicas. Entre ellas se encuentra la inteligencia policial, la presencia y disuasión, la reacción en lo individual o en lo colectivo que no necesariamente debe ser violenta, con el auxilio de los órdenes e instituciones que convergen en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Unidad de Inteligencia Financiera, principalmente. Las Fuerzas Armadas no deberían participar en labores de seguridad pública.

La política pública distribuida en competencias entre la Federación, las Entidades Federativas y sus Municipios parece que no tiene hilos conductores o voluntad para colaborar de manera conjunta por mejorar la seguridad. El interés político partidista o político electoral supera la voluntad por ejercer las funciones de seguridad.

La ausencia de autoridad que sucede en el poblado de Aguililla, en Michoacán, es un ejemplo de cómo el Estado y sus instituciones abandonan sus funciones sustantivas en seguridad permitiendo que impere el desorden, y la delincuencia amplíe sus dominios.

La Federación, las autoridades locales de Michoacán y del municipio al que pertenece Aguililla consintieron, por acción, omisión, corrupción o de manera forzada, en abandonar sus obligaciones sustantivas como autoridad siendo suplidas por la delincuencia.

Entre las funciones abandonadas se encuentra, por supuesto, la seguridad, la regulación de las actividades económico-productivas y que ahora la delincuencia ejerce esas funciones por el cobro de un derecho, la prestación de algunos servicios públicos, principalmente.

El amor y la buena voluntad que profesa el presidente López Obrador al hacer llamados desde Palacio Nacional, se caen con la incertidumbre de vivir en un lugar sin ley, y con una autoridad desinteresada en resolver un problema estructural, de coordinación en seguridad, de lucha contra la corrupción y demás contenidos en la Estrategia de Seguridad.

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