Sorpresa causó entre los legisladores la nueva ocurrencia del presidente López Obrador de rifar, a través de la Lotería Nacional, 22 premios en especie. Esta sería la segunda vez que se pretende incluir bienes inmuebles en el sorteo del 15 de septiembre. Hace dos años se prometió el Avión Presidencial que jamás se entregó y cuyo costo por mantenimiento en Estados Unidos representó hace unos meses 34 millones de pesos.
Pero ese es otro tema. Ahora se habla de un Palco en el Estadio Azteca, 8 casas, 7 departamentos, 5 terrenos y un rancho. El costo por boleto asciende a 250 pesos y lo preocupante del asunto es que no todos los deseos del presidente se pueden hacer realidad y éste es uno de ellos, ya que al ser propiedades incautadas, la rifa carece de sustento jurídico y podría, incluso, violar varias leyes.
Lo más grave es que se podría transgredir el principio de legalidad del Artículo 16 constitucional, el que establece que la autoridad puede hacer única y exclusivamente aquello para lo que está facultada, sobre todo cuando se trata de determinar el destino de bienes nacionales.
No hay que olvidar que el 14 de enero de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto que abroga la Ley Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública y en éste se avala la fusión con Pronósticos Deportivos para constituir un organismo único que contempla sorteos en efectivo, pero de ninguna manera habla de rifar bienes incautados.
En el momento de que fue abrogada su ley, la Lotería Nacional sólo realizaba sorteos en efectivo y no tenía personalidad jurídica ni la capacidad formal de vinculación institucional para recibir en resguardo o bajo cualquier otro procedimiento jurídico bienes asegurados o decomisados por otras instancias del gobierno federal.
De los 22 premios que se rifarán, la Lotería Nacional es dueña de dos: uno de ellos es el Palco en el Estadio Azteca, cuya vigencia de uso es hasta el año 2065 y que era propiedad de Pronósticos Deportivos; el otro es un departamento en Acapulco.
El resto de las propiedades son del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP) y por cierto, en su ley orgánica Artículo 1 establece que podrá administrar, enajenar, usar, usufructuar, monetizar, dar destino o destruir directamente los bienes, activos o empresas que le sean transferidos o nombrar depositarios, liquidadores, interventores o administradores de los mismos, así como encomendar a terceros la enajenación y destrucción de éstos, pero en ningún lado dice que se pueden rifar.
Esto quiere decir que de comprobarse alguna violación legal, la entrega de los premios podría declararse nula, al menos en lo que toca a los bienes del INDEP sobre todo si los propietarios originales o quienes les representen impugnan el proceso.
Nos adelantan que esta situación de vacíos legales, llevará a los legisladores a exigir a la Lotería Nacional entregar un informe detallado y pormenorizado de la forma en que los bienes decomisados le fueron encomendados para rifarlos, así como el sustento jurídico que contempla la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.
No cabe duda que la nueva puntada podría no cristalizarse por violar las leyes y quedarse en el aire –más bien en el hangar–, tal y como ocurrió con el avión presidencial
Así las cosas…