Ya no sorprende a nadie las burdas y evidentes formas que se están utilizando para hacer fraude a la ley y violentar los derechos políticos de las mujeres en nuestro país. En esta ocasión fue Oaxaca, el municipio de Santiago Tamazola, el escenario de este desafortunado evento.
Anayeli Angélica Huerta Atristaín asumió el cargo como presidenta municipal de Santiago Tamazola, Oaxaca, para media hora después renunciar a dicho cargo y que en la presidencia municipal recayera en su suplente, su cuñado Óscar Sánchez quién, además era el predecesor en el cargo.
Por dónde se intente analizar el asunto las cosas no tienen buena cara. En primer lugar, en relación con la integración de fórmulas para un cargo de elección popular, la ley obliga desde hace ya varios años a que las fórmulas encabezadas por mujeres tengan una suplencia del mismo género. La reforma legal justamente tiene como objetivo evitar que se repitan casos como el de las “Juanitas”, en las que mujeres ganadoras de un cargo público renunciaban al cargo para “ceder” el espacio a sus suplentes que en todos los casos eran hombres.
La segunda cuestión que llama la atención es que el suplente de la ganadora de la presidencia municipal de Santiago Tamazola sea el anterior presidente municipal, que hoy vuelve a serlo sin haber sido reelegido para ocupar de nueva cuenta ese cargo y que violentando la ley, pretende ocuparlo una vez más. La fórmula para que la misma persona ocupe el mismo cargo en periodo inmediato siguiente se llama reelección. La reelección implica que la ciudadanía te otorgue en las urnas, un voto de confianza al trabajo realizado que permita que la misma persona dé continuidad a su trabajo ocupando el mismo cargo. Señor Óscar Chávez, si pretendía seguir ocupando el cargo de presidente municipal de Santiago Tamazola, debería haber buscado la reelección y ganado en las urnas el cargo, no pretenda hacerlo violentando la ley.
Lo tercero que puede suponerse de este caso, es que la “renuncia” de la mujer para que el cuñado vuelva a ocupar esa posición materializa un caso más de violencia política en contra de las mujeres que no sólo violenta los derechos políticos de la Alcaldesa sino, además, la voluntad política de los ciudadanos de ese municipio que la eligieron a ella, no al anterior alcalde, para ocupar ese cargo de elección popular.
Los casos
El partido que de manera recurrente utiliza este tipo de mecanismos para violentar la ley es el Verde Ecologista de México, que ya lo intentó en septiembre en el estado de Chiapas, con el caso conocido como las “Manuelitas”, y que en esta ocasión lo hace acompañado de los partidos con los que como coalición postularon a Huerta Atristaín como candidata a la presidencia municipal: el PRI y Nueva Alianza.
Las mujeres no pueden ser utilizadas por los partidos ni por los candidatos como tapaderas para infringir la ley violentando los derechos políticos de las mujeres. Este caso no debió haber ocurrido nunca si los controles normativos se hubieran activado de manera adecuada impidiendo que la fórmula registrada se integrara por personas de género distinto. Una mujer debería haber sido la suplente de esta fórmula y si ella renunciaba, una mujer es la que debe ocupar la suplencia que deja otra mujer.
Sin duda deben investigarse las razones por las que la Alcaldesa renunció y aplicar las sanciones correspondientes para quien resulte responsable. Sin embargo, otra vía que debe explorarse es impedir legalmente la renuncia de quienes ocupan un cargo de elección popular y que defraudan la confianza que las y los ciudadanos pusieron en ellos otorgándoles su voto el día de la jornada electoral. Un mínimo de responsabilidad debe exigirse a quienes contienden por un cargo de elección popular y después renuncian sin que sus votantes tengan claro el motivo de su renuncia.