Opinión

Otra acusación a la figura presidencial

Es pertinente que se abra una investigación.

  • 10/08/2016
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La noticia dada a conocer por el diario británico The Guardian en el que relaciona a la primera dama Angélica Rivera con una propiedad compartida, que tiene en Florida, con el Grupo Pierdant, con fuertes intereses económicos en puertos mexicanos, es por no decir lo menos, altamente preocupante.

 

No tenemos la certeza de que sea verdad lo que señala ese diario inglés, pero de serlo sería un asunto muy delicado, sobre todo porque hace unos pocos días el presidente de la República acaba de pedir perdón a los mexicanos por un hecho relacionado con una propiedad (la Casa Blanca) propiedad de empresarios ligados a millonarias adjudicaciones en su favor.

 

Muy costoso para la figura presidencial fue ese hecho de la famosa Casa Blanca; muchas heridas quedaron por todos lados distendidas, como las infligidas en contra de la periodista Carmen Aristegui, a la que no sólo le cerraron espacios radiofónicos sino que ahora está acosada con una demanda judicial por daño moral.

 

Es importante esclarecer esta nueva acusación del periódico británico en el que se relaciona al Grupo Pierdant, porque puede tratarse de un misil enviado por empresarios o de grupos económicos que no han sido convidados de esas tajadas de miles de millones de dólares y que buscan vengarse a como dé lugar o que buscan presionar para obtener favores a conveniencia.

 

La acusación a la señora Angélica Rivera es delicada porque es un ataque, no a la persona de Enrique Peña Nieto, sino a la figura presidencial, que valga la pena decir, está en el peor de los niveles de credibilidad.

 

Un presidente “débil” es peligroso porque puede ser empujado a usar la fuerza contra quienes de manera abierta se oponen a sus reformas estructurales para legitimarse, para “revaluarse” ante una opinión pública, en su mayoría, que no le tiene credibilidad o para dar más facilidades a grupos económicos de presión. La desesperación para reivindicarse es mala consejera. Estas acusaciones pueden tener fuertes intereses que las sustenten.

 

La política de diarios importantes, de medios serios cuando dan a conocer una revelación trascedente, ésta debe estar debidamente probada, con pruebas fehacientes, porque de otra forma ese medio de comunicación quedará en entredicho.

 

El cuidar la secrecía de las fuentes también es un hecho insoslayable. Un periodista no puede ser obligado a revelar sus fuentes, pero tiene la obligación, en cualquier circunstancia, de probar todo lo que dice. Sino lo hace así, no puede llamarse “periodista”. Será un charlatán, un instrumento de otros, un miserable y de esos hay muchos.

 

El valor de todo reportaje o investigación debe ser un hecho debidamente constatado por quienes se animan a publicar una imputación, pero no siempre las cosas ocurren así.

 

Es obligación presidencial que la acusación de este diario londinense quede debidamente esclarecida y no debe quedar duda alguna. No basta un desmentido apresurado de que ese grupo no es proveedor gubernamental. Es necesario se demuestre que la propiedad de la primera dama no se comparte con ninguna otra, que en los hechos no se trata de un solo terreno, que no es verdad, que como lo afirma ese diario, se comparte el mismo número telefónico, que no se reciben canonjías de manera alguna, que esa empresa, metida en este lío, no tiene intereses en materia de licitaciones con el actual gobierno.

 

Es pertinente que se abra una investigación pero en la que no estén personajes ligados al gobierno o grupos de interés.

 

Es urgente una respuesta con credibilidad, porque de otra manera deberán asumirse no sólo responsabilidades morales o políticas, sino legales con todas las consecuencias que conlleve.

 

El silencio no puede ser respuesta ante una acusación tan grave ni tampoco respuestas simples sin sustento. Son tiempos en los que se exige transparencia absoluta.

 

@Manuel_FuentesM

@OpinionLSR

 

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