Opinión

Órganos constitucionalmente autónomos como potenciadores de derechos

Los esquemas de diálogo constructivo deben incluir a la ciudadanía. | Blanca Lilia Ibarra Cadena

  • 25/01/2021
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La norma fundamental del Sistema Jurídico Mexicano tutela y reconoce la existencia de nueve órganos constitucionales autónomos: Banco de México, Instituto Nacional Electoral, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Comisión Federal de Competencia Económica, Instituto Federal de Telecomunicaciones, Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Fiscalía General de la República y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Todas las anteriores, instituciones de importancia social y altamente especializadas que, por mandato constitucional, desarrollan tareas y funciones esenciales para las sociedades democráticas, por ejemplo: la garantía de los derechos humanos, políticos y electorales, la estabilidad monetaria y del poder adquisitivo, el acceso a la justicia, la generación y análisis de información confiable, la regulación de la competencia pública y privada de los mercados, de la radiodifusión y las telecomunicaciones, así como la plena garantía de su libertad y autodeterminación informativa, respectivamente.

Nuestras instituciones actúan con autonomía e independencia en sus decisiones, pero nuestros actos y resultados no pueden ni deben escapar del escrupuloso escrutinio ciudadano, de la revisión y fiscalización efectuada por instancias competentes. Es claro que debemos rendir cuentas a la sociedad y a otras instituciones del poder público. En ese sentido, el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, en su estudio “Desafíos actuales de los órganos constitucionales autónomos” —publicado en septiembre de 2020—enfatizó la importancia de fortalecer las relaciones entre estas instancias, así como los mecanismos de vigilancia y rendición de cuentas del Congreso de la Unión, para “ejercer un real equilibrio de poderes”.

En el INAI estamos convencidos de ello, sabemos que los procesos de evaluación, valoración y retroalimentación, a la par del diálogo institucional son claves para la construcción de nuevas soluciones y deben constituirse como bases para eficientar y mejorar a las instituciones. En el caso de las instancias autónomas, al ser garantes de derechos irrenunciables para la población, estos esquemas de diálogo constructivo deben incluir a la ciudadanía, al ser ella, origen y finalidad de nuestro trabajo institucional. Tomando todo esto en consideración, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia celebró este 19 de enero, el Foro Digital Instituciones Autónomas de México.

En este foro que reunió al titular del INEGI, Julio Santaella Castel, al Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, a especialistas, servidores públicos, universitarios de la UNAM, el CIDE y la UAEM, periodistas y representantes de organizaciones civiles como México Evalúa, Red por la Rendición de Cuentas, Transparencia Mexicana y el Consejo Consultivo del INAI, se coincidió en la importancia de proteger la autonomía de las instancias a fin garantizar los derechos de la población, ello mediante el fortalecimiento de las relaciones con la sociedad. Además, se subrayó la necesidad de continuar el trabajo bajo los principios de objetividad, imparcialidad, eficiencia, pluralidad y transparencia a fin de generar confianza y buenos resultados.

El Foro Digital, coordinado por mi colega comisionada Julieta del Río Venegas y en el que participaron activamente las y los comisionados que integramos el Pleno, se presentaron dos obras del Comité Editorial de este Instituto: INAI, funciones, relevancia y retos por venir” y el Cuaderno de Transparencia número 30: “Autonomía de los órganos constitucionales”, estos textos, que se encuentran disponibles para la ciudadanía en nuestro portal de Internet, cuentan con opiniones especializadas de académicos y periodistas sobre sobre la naturaleza y actuación de los órganos constitucionalmente autónomos como medios para el ejercicio de los derechos humanos, políticos y sociales.

En el INAI estamos convencidos que las instituciones autónomas son el resultado de un largo proceso de consolidación democrática y maduración institucional que ha reconfigurado la vida pública del país, así como de que nos debemos a la sociedad y por ello mantenemos un diálogo fluido con ella.

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