Siempre será necesario recordar lo elemental: La función hace al órgano.
Cuando el órgano deja de cumplir su función se atrofia y desaparece. Se llama evolución.
Pues bien, la función primigenia del Estado es la seguridad.
La vida en sociedad, su organización y normativización en Estado, sólo se explican por la necesidad de los hombres de hallar seguridad en la convivencia.
Tal es el pacto fundacional del Estado, tal la razón de sus órganos, tal la justificación para que éstos tengan el monopolio del “uso legítimo” de la fuerza y tal el deber ser para sancionar, incluso con dicho uso legítimo, toda violación a la ley.
Ahora bien, cuando desde el Estado se convoca a un pacto para la seguridad, es que ha fracasado en su función por antonomasia.
El Estado debe brindar seguridad. No convocarla y menos por pactos; habida cuenta que el Estado es producto de un pacto, llamado Constitución, que le impone, entre otras cargas, garantizar la vida, bienes y derechos de los individuos dentro su territorio.
Constitución, por cierto, que los entes encargados de la función estatal han protestado cumplir y hacer cumplir.
El Estado de Derecho tiene, entre otras virtudes, sujetar el ejercicio de las funciones del Estado al derecho, pero dicha sujeción lleva implícita la obligación de los órganos encargados de las funciones de Estado a cumplir aquéllas, si bien en los términos de ley, sin excepción.
En México, sin embargo, de un tiempo acá, el Estado de Derecho se ha entendido como el Estado de Naturaleza, donde la autoridad no puede mover un dedo para hacer cumplir la ley, porque, antes de cumplirla, debe (¿?) negociarla con quienes, en la mayoría de los casos, sólo buscan destruirla.
El Estado así, abdicó de su función primigenia. Convocar a un pacto para la seguridad es convalidar dicha abdicación.
Para colmo, quiere llenar su vacío convocando a los partidos políticos que son, en gran medida, artífices del caos que nos carcome. Convertidos en maquinarias electoreras puestas en venta al mejor postor, no son ya correas de transmisión entre ciudadanos y Estado, ni compromisos ideológicos, ni participación ciudadana, ni entes confiables. Iguala es el parto de la violación multitudinaria de nuestros partidos políticos a la democracia y a la confianza ciudadana.
¿Habrá quién en su sano juicio pueda confiar en la palabra de los partidos en pleno proceso electoral? Basta ver los condicionamientos del PAN al llamado presidencial para desanimar al más romántico de los idealistas. Sobra observar la imputación del crimen de Iguala al Estado, federal por supuesto, por franjas de la izquierda, para medir la nobleza de sus intenciones. Y no esperemos del PRI nada que no sea guerritas de consultas y de fotografías, porque pueden fundírseles las neuronas a sus ideólogos de cabecera.
Convocar a los Gobernadores y a los Presidente Municipales, cuando son rehenes de partidos y de poderes fácticos es arar en el mar. Pregúntese si no al mohínas Calderón.
Los empresarios, sin duda se sumarán al pacto… a cambio de más contratos y prebendas fiscales.
No nada más se ha abdicado de la función de seguridad, sino de la política misma. La política, como arte y como ciencia, ve por la sociedad en su conjunto, bajo principios y valores que son comunes y con objetivos siempre generales. No obstante, gobierno, partidos, empresarios y ciudadanía optaron por someterse al interés de los particularismos embozados en sabiduría del mercado. Y hoy nos sorprendemos porque ocultos en dicha sabiduría privan los intereses y poderes mercantilistas del crimen organizado y, por qué no decirlo, imbricado en el entramado de nuestras élites.
Finalmente, cuál sería el objeto del pacto por seguridad. No puede ser otro que el cumplimiento irrestricto de la ley. Pero el cumplimiento de la ley no puede estar sujeto a pacto cualesquiera. La ley se debe cumplir aunque se caigan los cielos. Si no, lo que se nos viene encima son los infiernos y… en los infiernos estamos.
Concluyo señalando que anteayer escuché al nuevo y locuaz Gobernador de Guerrero decir a Leonardo Curzio que ¡afortunadamente! la violencia cotidiana en su estado era simbólica y contra inmuebles. Baste y sobre semejante despropósito para regresarlo a la Universidad, pero a estudiar.
La violencia en Guerrero no es simbólica, es real; afecta derechos, viola normas y envilece el clima social. Los inmuebles tienen dueños con derechos que se ven afectados, las carreteras, ciudadanos con derecho de tránsito violentado, los comercios, mercancías que no venden o son saqueadas, las escuelas, alumnos que no aprenden y maestros que no enseñan; la oficina pública que no abre deja de prestar servicios a la ciudadanía; la que se destruye afecta el patrimonio de todos y los derechos de aquellos cuyos trámites y documentos se pierden; la sociedad no haya la paz y la seguridad a que tienen derecho. Simbólico, lo que se dice simbólico, su gobierno.