El martes 24 de marzo, Juan Pablo León Gleeson, de cuarenta años, ingresó al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán con un cuadro de neumonía grave. Antes de presentar el síndrome específico de esa afección se le había diagnosticado salmonelosis; infección bacteriana común en época de calor, que presenta algunos signos y síntomas similares, como temperatura y dolor de cabeza.
A partir de ese momento, autoridades de la institución le prohibieron cualquier contacto físico con sus familiares como medida preventiva. Su esposa refiere que la única comunicación que tuvo con él fue a través del teléfono celular.
El miércoles 25, Juan Pablo notificó a su familia la confirmación médica de su padecimiento. La neumonía era producto del Covid-19.
Una trabajadora social informó a su esposa el número de cama de Juan Pablo, pero no su condición de salud. Se le requirió la compra de Hidroxicloroquina (Plaquenil) en razón de que el medicamento “está agotado” en dicho hospital. “En ese momento expuse mi inconformidad debido a que nadie me puede dar información sobre su estado de salud”.
A las 14:30 horas, por vía telefónica, le informaron que su esposo evolucionaba bien. Pero a las 22:30 le solicitaron por la misma vía, autorización para entubarlo; Juan Pablo estaba sedado y su salud se deterioraba.
A las 9:15 del jueves 26 de marzo, luego de insistir a través del teléfono, recibió la noticia de que Juan Pablo había sido trasladado a terapia intensiva y a las 15:30 le comunicaron que lo ingresarían a quirófano “porque se agravaba su situación”. Le dijeron que más tarde la buscaría el doctor Hernández “para informarle del estado de salud del paciente”, pero el galeno nunca llamó.
El viernes 27, ante la insistente demanda de información sobre la condición de salud de Juan Pablo, las autoridades del hospital le respondieron que “se trata de información clasificada”, lo que contraviene lo establecido en el artículo 51 Bis 1 de la Ley General de Salud, que a la letra dice: “Los usuarios tendrán derecho a recibir información suficiente, clara, oportuna, y veraz, así como la orientación que sea necesaria respecto de su salud y sobre los riesgos y alternativas de los procedimientos, diagnósticos terapéuticos y quirúrgicos que se le indiquen o apliquen”.
Gracias a la presión ejercida a través de las redes sociales, el director del instituto, doctor David Kershenobich Stalnikowitz se comunicó con la esposa de Juan Pablo León Gleeson, para informarle que éste fue intervenido quirúrgicamente de los pulmones y que su situación de salud es delicada.
En redes sociales, la doctora Donají Domínguez Zúñiga, presidenta de la Fundación Lupus Morelos informó del desabasto nacional de la Hidroxicloroquina (Plaquenil) y de la Cloroquina (Aralen), debido a compras de pánico, “porque se difundió la noticia de que era un tratamiento para coronavirus. Sin embargo, se sabe que es un tratamiento totalmente experimental que tiene que ser exclusivamente prescrito por médicos”, a pesar de que ambos medicamentos se venden sin necesidad de receta médica.
Sólo a través de la demanda persistente y reiterada de información a través del teléfono y de las redes sociales, la familia de Juan Pablo León Gleeson pudo enterase a cuentagotas de la evolución de su precaria condición de salud. La generación de información oportuna y confiable ha sido el primer daño importante provocado por la pandemia.