La opacidad en el manejo de los recursos financieros de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) ha sido una constante desde el surgimiento de la primera ley local de transparencia, en el año 2003.

Por sólo citar un par de ejemplos: en abril de 2013, en el reporte de la VI Legislatura realizado por la consultora Integralia, que dirige Luis Carlos Ugalde, se señaló que "falta información acerca del trabajo legislativo al interior de las comisiones: convocatorias, actas, listas de asistencia, orden del día y versiones estenográficas", además de que "de 153 auditorías programadas para analizar la Cuenta Pública de 2011 solamente fueron publicadas 120, lo que corresponde a un cumplimiento del 80% con respecto del total de auditorías programadas".

El otro ejemplo lo da el periodista Samuel Adam, del diario Reforma, quien el 27 de febrero de este año señaló que "la opacidad en el manejo de los recursos y en los reportes de la labor legislativa podría derivar en una sanción económica para la ALDF, según la Ley de Transparencia (...) capitalina".

Un caso particularmente interesante durante la VI Legislatura lo constituyó la disposición opaca de más de cien millones pesos por parte de tres integrantes de la Comisión de Gobierno, que encabezara Manuel Granados Covarrubias, actual Consejero Jurídico y de Servicios Legales de la Ciudad de México.

A las manos de este escribiente llegaron copias de diversas cuentas por pagar firmadas, entre otros servidores públicos, por Pablo Trejo Pérez, Tesorero General y que van de los 300 mil al millón de pesos cada una; en éstas se aprecia el nombre de los beneficiarios Manuel Granados Covarrubias, Ariadna Montiel Reyes y Federico Döring Casar, los números de cheque, números de póliza, la clave contable, el concepto, la clave presupuestal y el importe.  En todos los casos aparece la leyenda "en cumplimiento al acuerdo 02/OCT/2012" y señalan en el apartado concepto: "Ayudas sociales a instituciones".

A efecto de contar con mayores elementos en relación al origen y destino de esos recursos, el 7 de junio de 2014, solicité mediante folio 5000000113914, los montos mensuales de las prerrogativas asignadas a esos asambleístas.

Con oficio ALDF-VIL/OM/DGAJ/DTIPDP/2460/14, de fecha 7 de julio de 2014, el Director de Transparencia de la ALDF informó sobre la existencia de prerrogativas para el fondo revolvente de los módulos de los asambleístas, por 7 mil pesos; para renta de módulos, 15 mil; para gastos de operación de módulos, 10 mil 183.85 pesos y a partir de diciembre de 2013, 74 mil 500 para "apoyo a la gestión legislativa"; cien mil para el "informe de gestión y rendición de cuentas" y 160 mil para "festividades de fin de año". Pero de los recursos vinculados al acuerdo de la Comisión de Gobierno del 2 de octubre de 2012, nada.

El 10 de junio de 2014, con folio 5000000116814 solicité copia del acuerdo de la Comisión de Gobierno del 2 de octubre de 2012.  Esta solicitud prendió las alarmas en la oficina de Manuel Granados.  Se suponía que los únicos que tenían conocimiento de dicho acuerdo eran los integrantes de esa comisión y Aarón Josué Ramos Miranda, entonces Oficial Mayor de la ALDF; por lo tanto, una solicitud por parte de un particular sólo podía interpretarse como fuga de información, en relación al manejo de recursos públicos que pretendían ocultarse.

Intenté una entrevista con Manuel Granados, que nunca me concedió. A Federico Döring no sólo lo busqué en sus oficinas de la ALDF, sino que le envié a su celular una fotografía de una cuenta por pagar a su nombre y le expresé mi interés de platicar sobre ese tema. Döring consideró que el asunto era una maniobra del jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, a quien fue a reclamarle. Desde luego, nunca me atendió. Manuel Granados encomendó a uno de sus hombres de confianza, Joaquín Rueda Carrillo, indagar acerca de mi persona.

El 20 de junio, Juan Manuel Hernández Martínez, Director General de Asuntos Jurídicos, mediante oficio OM/DGAG/VIL/330/14, dirigido al actuario Juan de Jesús Orendain Munguía, director de Transparencia, en una interpretación tramposa de la ley, señaló que el artículo 14 "establece que la información que debe ser considerada como pública de oficio, entre la cual no se encuentran los acuerdos tomados en las sesiones de las Comisiones de la ALDF" y que "solamente (los Entes Obligados) se encontrarán sujetos a esta obligación cuando se trate de reuniones públicas, carácter que no tienen las sesiones de la Comisión de Gobierno, dada la relevancia de los asuntos tratados de la misma, por lo que no es posible atender en sentido afirmativo la solicitud que nos ocupa", interpretación que viola el principio de máxima publicidad, que es uno de los pilares del derecho de acceso a la información.

El 10 de julio, con oficio ALDF-VIL/OMDGAJ/DTIP/2553/13 (sic) el director de Transparencia de la ALDF informó que, en alcance a su respuesta primaria, el licenciado Hernández Martínez precisó que "en los archivos de esta Asamblea (...), no obra Acuerdo de Comisión de Gobierno alguno que autorice y justifique el Programa de Apoyo a la Gestión Social o similares, en virtud de ser información que no genera, administra o posee este Ente Obligado". Cabe aclarar que en mis solicitudes de información, jamás señalé que se tratara de temas relativos a apoyos a la gestión social o similares, aun cuando en el concepto de las cuentas por pagar apareciera la leyenda: "Ayudas sociales a instituciones".

Esta respuesta, violatoria del principio de certeza jurídica, daría pie a la inconformidad respectiva, de la cual el Instituto de Transparencia del DF daría la razón a la ALDF y, posteriormente al amparo que gané en primera y segunda instancia. Continuará.-

@gomezvives




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