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Opacidad como política de Estado

Múltiples actos demuestran que la transparencia se ha vuelto un estorbo para el Estado, que atenta contra el derecho a la información de los gobernados.

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Escrito en OPINIÓN el

Un signo distintivo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ha sido la nula transparencia de sus acciones, en particular de las relacionadas con el manejo de las finanzas públicas. Sus “otros datos” son el chapucero eufemismo con el que siempre evade el exhibir los documentos —lógicamente inexistentes— que soportan sus mentiras.

Si la ciudadanía solicita el acceso a los expedientes en los que basa sus asertos, la Oficina de la Presidencia de la República y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal se manifiestan irremediablemente por su inexistencia o, en el peor de los casos, por la reserva de la información.

Desafortunadamente, su tendencia a la opacidad se ha convertido en política de Estado.

En este tenor, el ayuntamiento de Frontera Comalapa, Chiapas, no responde a la solicitud de información número 071248622000006, relativa a los hechos violentos provocados por la disputa entre bandas de la delincuencia organizada, que son la constante desde mediados del año pasado. Dieciocho días después de haber promovido el recurso de revisión, el Instituto de Transparencia de Chiapas no se da por aludido.

Otro ejemplo no menos deleznable es la posición del Gobierno de la Ciudad de México de desatender sus obligaciones de transparencia, establecidas en el contrato SGIRPC/DEAF/RMAS/CT/004/2021, signado entre la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) y la empresa DNV GL México, referente a la elaboración del dictamen técnico que explica las causas del colapso de la línea 12 del Metro y del Análisis Causa Raíz, que exhibe y precisa las razones de la tragedia que provocó 26 decesos y más de cien personas heridas.

La trigésima tercera cláusula de dicho contrato señala que la SGIRPC está incapacitada para alterar el contenido, el contexto o el idioma original de los entregables. Sin embargo, la administración que encabeza Claudia Sheinbaum, sólo ha dado a conocer segmentos del documento en español (que no corresponde al idioma original de los entregables), con comentarios que pretenden resaltar las “inconsistencias” de dicho análisis, lo que implica la alteración de contenido y contexto a que hace referencia el contrato de marras.

Más preocupante aún es la postura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en proyecto del ministro Javier Laynez Potisek, se ha decantado por reservar la identidad de los servidores públicos que laboran en la Fiscalía General de la República, en abierta contravención a dos aspectos relevantes de la Ley General de Transparencia: la obligatoriedad de divulgar los datos de los servidores públicos “a partir del nivel de jefe de departamento o su equivalente” y el hecho de que las resoluciones de los órganos garantes “son definitivas e inatacables para los sujetos obligados”.

Mediante solicitud de información registrada con número 0001700249419, el 18 de junio del 2019, una persona requirió el nombre y cargo “de todo el personal (incluidos Agentes del Ministerio Público Federal, Fiscales y Orientadores)” de diversas áreas de la FGR.

El ministro Javier Laynez Potisek propuso concederle la razón a la Fiscalía General de la República, quien promovió controversia constitucional contra la resolución del Instituto Nacional de Transparencia, quien se pronunció por la difusión de los nombres y cargos de los servidores públicos.

El nuevo criterio de interpretación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha planteado en referencia a la definitividad de las resoluciones de los órganos garantes, constituye uno de los mayores actos a favor de la opacidad de que se tenga memoria. Mala hora para la transparencia. Mala hora para México.