Ya no hay guerra contra el crimen organizado, la que dejó a miles de madres que buscan a sus hijos desaparecidos y que el pasado 10 de mayo recibieron un abrazo fraterno por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador; la guerra que dejó a miles de madres afectadas y víctimas de la violencia que se desató hace dos sexenios.
Para ellas, que han sido el timón de las búsquedas durante estos años, el 10 de mayo tuvo un sentido distinto. En su exigencia del fin a la impunidad y una búsqueda real de sus familiares, son ellas quienes "viven" la emergencia forense.
Durante la guerra en contra del crimen organizado se han registrado 260 mil homicidios, se estima en 40 mil el número de desaparecidos, más de un millón las víctimas de la violencia. Miles de cadáveres no identificados y cientos de fosas clandestinas.
El estado mexicano ha admitido que se enfrenta una emergencia forense con los más de 26 restos sin identificar en los anfiteatros del país.
Ante este flagelo, el gobierno de la Cuarta Transformación (4T) tiene apertura y voluntad para atender las desapariciones forzadas y aportar los recursos que sean necesarios para la búsqueda de los desaparecidos.
El presidente López Obrador se ha comprometido a que nunca más utilizará la fuerza para resolver problemas sociales que surgieron por la desatención al pueblo, y asegura que no faltarán recursos para la localización e identificación de personas desaparecidas, así como la prevención, investigación y sanción de estos delitos.
Este año se destinarán 400 millones de pesos que serán plenamente ejercidos por la Comisión Nacional de Búsqueda, y se están utilizando 7 mil 500 millones de pesos del Fondo de Apoyo a la Seguridad Pública de los estados, en labores de identificación forense, búsqueda, exhumación e implementación de un sistema único de información.
Para el representante de la Alta Comisionada de Derechos Humanos en México (ONU-DH), a pesar de los “encomiables esfuerzos del gobierno de López Obrador, se enfrentan con la falta de capacidades existentes en diversos ámbitos, en especial en relación con los servicios forenses del país que están rebasados por el volumen del trabajo, por las condiciones materiales para la realización de las tareas y por las capacidades técnicas que se necesitan”.
“Son miles los cuerpos y decenas de miles los fragmentos óseos sin identificar, sin que se puedan realizar las acciones mínimas indispensables para su identificación”, asegura Jan Jarab, Representante en México de Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), lo anterior, en la audiencia “Desapariciones forzadas y la propuesta del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense”, que se llevó a cabo en días recientes en el 172 periodo de sesiones en Kingston, Jamaica.
El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha presentado un plan que contempla la creación de un Instituto Nacional de Identificación Forense, y el desarrollo de un Sistema Único de Información Tecnológica e Informática con un mayor número de especialistas en arqueología y antropología forense.
En el México de las desapariciones forzadas, las madres marcharon también para pedir un mecanismo internacional extraordinario de identificación forense. Lejos de celebrar, salieron a las calles de todo el país para exigir una política de Estado que reconozca la verdad y la justicia como urgentes, necesarias e innegociables.
No quieren claudicar. No lo harán.