Opinión

Omisión regulatoria y relevo en el IFT

A poco más de cuatro años de la creación del IFT, la agenda de las telecomunicaciones y la radiodifusión sigue cargada de pendientes | Aleida Calleja

  • 30/01/2018
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A poco más de cuatro años de la creación e instalación del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la agenda de las telecomunicaciones y la radiodifusión sigue cargada de pendientes no menores como la emisión de lineamientos para garantizar la neutralidad de la red; la tan anunciada separación funcional de América Móvil para evitar que siga aprovechando su posición como agente económico preponderante; la licitación de la Banda 2.5 Ghz para ampliar la conectividad en la banda ancha móvil; las medidas de regulación asimétrica al Grupo Televisa como agente económico con poder sustancial en el mercado de la televisión de paga; las definiciones y criterios para fomentar el pluralismo en la radiodifusión y de competencia efectiva, entre otros tantos.

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¿Parsimonia u omisión?


Algunos autores han calificado estos incumplimientos como parsimonia o lentitud regulatoria, pero en pocas palabras podría definirse como falta de cumplimiento de la ley y del mandato constitucional que dio origen al regulador, que se resiste a ser garante de derechos más amplios, más allá de lo técnico, como por ejemplo de los derechos de las audiencias.

Dócil con la contrarreforma en la materia, no solo guardó silencio, sino que además suspendió (indebidamente) los lineamientos que había aprobado al respecto, dejando sin efecto su ejercicio para millones de personas que hacemos uso la radio y la televisión abierta y de paga.

Todos estos incumplimientos tienen consecuencias importantes para la competencia efectiva, los usuarios y audiencias de tales servicios y en el desarrollo en general en distintos ámbitos para el país. De poco o nada sirve el nuevo andamiaje y diseño institucional si en la práctica se continúa con las simulaciones y la inercia.

Por eso ha sido notable la actuación de las dos comisionadas de su Pleno, Adriana Labardini y María Elena Estavillo, que una y otra vez han peleado a contracorriente ante la indolencia regulatoria o ante el mantenimiento de la zona de confort. La primera terminará su periodo el último día de febrero de este año y se le reconoce como la interlocutora natural con el sector social, de donde tiene sus orígenes, lo que permite un contrapeso en un regulador tradicionalmente tecnocrático, por eso hay que prestar especial atención a su relevo que deberá de darse, supuestamente, en poco tiempo.

Si bien las instituciones deben estar por encima de las personas, lo cierto es que a las instituciones (nos guste o no) las construyen o destruyen las personas en su desempeño, por lo que no es menor el proceso de selección para las personas que aspiran a ser comisionadas y que en lo general ha tenido poca atención pública.

Una selección del Presidente de la República...


El proceso para seleccionar a comisionados del IFT y de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) por parte del comité de evaluación formado por Banco de México, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, e Informática, se centra en el cumplimiento de los requisitos formales, la aplicación del examen de conocimientos y la emisión de la lista de quienes hayan sacado la calificación más alta, posteriormente el Presidente de la República escoge de esa lista a la persona para cubrir el puesto que debe ser ratificada por dos terceras partes del Senado.

Y aunque el artículo 28 constitucional plantea en su fracción V que uno de los requisitos para ser comisionado está el haberse desempeñado, cuando menos tres años, en forma destacada en actividades profesionales, de servicio público o académicas sustancialmente relacionadas con materias afines a la radiodifusión o a las telecomunicaciones, lo cierto es que ese atributo poco se ha tomado en cuenta en los últimos nombramientos ratificados por la mayoría del Senado, quienes dirigen su voto por los acuerdos entre los partidos, pero no por un análisis riguroso del desempeño de los postulantes con indicadores públicos y transparentes que aseguren el mejor perfil respecto de los méritos profesionales, pero también de la autonomía e independencia de los intereses políticos o económicos para evitar lo que le llaman la captura regulatoria, ya sea por parte del gobierno en turno como por parte de los regulados. Así que un elemento clave es cerciorarse de la independencia y el compromiso con el interés público mostrado a través de la trayectoria de quienes aspiren al puesto.

¿Quiénes son los aspirantes?


El pasado 26 de octubre el Comité de Evaluación entregó al presidente Peña las listas de aspirantes a ser comisionados de la COFECE y del IFT, para cubrir la vacante que deja Labardini. Son aspirantes a ser comisionados Fernando Butler Silva, Ramiro Camacho Castillo, Sóstenes Díaz González, Luis Raúl Rey Jiménez y Georgina Kary Santiago Gatica, quien tenga la ratificación integrará el Pleno del IFT por nueve años.

Así que el Senado debería de realizar una evaluación de su trayectoria y no irse por la vía de los repartos de posiciones, o de la estrategia simplona de nombrar a una mujer para sustituir a otra bajo el argumento engañoso de la cuota de género.

Es de esperarse que los partidos oficialistas y afines ratifiquen sin mayor cuestionamiento la propuesta del presidente, por lo que toca a la oposición en la Cámara Alta evitar el nombramiento de una candidatura a modo que siga manteniendo las fidelidades que tienen como resultado el mantenimiento del statu quo que hasta ahora ha mantenido el regulador en temas tan centrales para el país y su población.

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