En diciembre de 2016 durante su declaración, Luis Alberto Meneses Weyll, mejor conocido como Luis Weyll, reveló cómo entregó sobornos a Emilio Lozoya en el 2012.
Luis Weyll fue director general de Odebrecht México hasta mayo de 2017, cargo al que renunció luego de que Marcelo Odebrecht (su jefe) lo señalara como el operador de la firma brasileña en México y Perú. Esto durante el interrogatorio del dueño de Odebrecht ante la PGR. En su declaración, dijo haber entregado 5 millones de dólares a Lozoya para financiar la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.
La firma Odebrecht, obtuvo diversos contratos para el acondicionamiento de instalaciones de Pemex, además de crear diversas empresas para el desarrollo y mantenimiento de infraestructura de agua y energía en el estado de Veracruz, durante el gobierno de César Duarte, esto, con la anuencia del gobierno federal encabezado por Peña Nieto. En todos, Luis Weyll fue el intermediario.
En mayo de 2017 en comparecencia ante la PGR en Brasil a la pregunta ¿por qué pagar a un político? Marcelo Odebrecht respondió: “todo empresario suele apoyar políticos que van a defender el interés de su sector”.
Tras obtener la confesión del dueño de Odebrecht, la PGR, entonces encabezada por Raúl Cervantes, quien fuera abogado de Peña Nieto en la elección de 2012, dio carpetazo al caso, y ocultó la información a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE).
Esa “omisión”, evitó que se abriera carpeta de investigación para llevar ante un juez a Peña Nieto, señaló tiempo después Santiago Nieto, quien fuera titular de la FEPADE. El hoy titular de la FGR, señaló también que, el delito en el que incurrió Peña Nieto y su partido en las elecciones de 2012, prescribió y ya no podrá ser enjuiciado por esa acción.
Raúl Cervantes, dejó en octubre de 2017 la dirección de la PGR, sumándose a una larga lista de renuncias de funcionarios públicos y directivos de Odebrecht que, se sucedieron en cadena durante ese año crucial para las investigaciones por soborno y corrupción, de la empresa brasileña en el gobierno de Peña Nieto y la gestión de Emilio Lozoya en Pemex.
El gobierno mexicano, asimiló el recurso del “testigo protegido” al que se apegó Lozoya para atenuar su culpabilidad. Hay voces que han criticado la decisión del exdirector de Pemex, pues además de tacharlo de traidor, minimizan la “efectividad del recurso y de la justicia mexicana”.
Y es que para esas voces, resulta inverosímil que la lista de nombres revelada por Lozoya, sean realmente quienes deban ser señalados, y que no sea resultado de su ansiedad por salir lo mejor librado de la situación jurídica que enfrenta.
El punto es que Emilio Lozoya fue el engranaje entre Odebrecht y los funcionarios y políticos mexicanos. De él partía no sólo la repartición de dinero, también los lineamientos, temas y tonos con que se debía discutir la reforma energética.
Cierto, Lozoya fue un alfil más en el tablero de la red de corrupción, que se tendió para aprobar la reforma energética. Arriba de él, hay más nombres y hombres, casi todos, trabajando desde el sexenio de Salinas para abrir el sector energético mexicano.
Por ello, no es extraño que Ricardo Anaya esté implicado en este entramado de corrupción, pues él, a manera de “sastrecillo valiente”, asumió el liderazgo para concretar la reforma. Fue activo, participativo y fiel promotor en todos los medios y plataformas posibles de las “bondades” de la reforma que comandó en la cámara de diputados.
Decir hoy, que Lozoya es un resentido traidor que juega con los tiempos políticos para librarse de la cárcel, por haber señalado a Anaya y otros políticos y funcionarios prófugos, es sólo una manera de desviar la atención, de lo realmente importante que es, la impunidad y la corrupción.
Y es que Anaya, en su estrategia desesperada por asumirse como víctima y perseguido político, no ha hecho más que echar leña al fuego a los señalamientos en su contra. En su caso, de no ser culpable, lo razonable sería preparar su defensa y asumirla con la entereza y dignidad que le otorga su inocencia, como él lo señala, sin necesidad de emprender la graciosa huída.
Como hemos mencionado a lo largo de las tres entregas, nosotros no pretendemos determinar la culpabilidad o no de Anaya, ni de ninguno de los implicados en este lamentable e histórico capítulo de corrupción en México.
Pero si Anaya no confía en las leyes mexicanas, entonces a qué estado de derecho conjuraba cuando con vehemencia, declaraba que, “la justicia no se consultaba, si no que se aplicaba”, sería entonces que ¿se refería a los bueyes de su compadre?
Resulta irónico que Anaya, no se fíe de la justicia mexicana, pues son las mismas leyes que anteriormente defendía. Si su desconfianza se basa en la posibilidad de que las leyes sean manipulables, implícitamente acepta que en sus años de gloria como político prominente, y desde antes, también fuera así. En pocas palabras, jugó a ser juez y parte de la impunidad al permitir la prescripción de delitos por el sólo hecho de ser políticos.
El considerado escándalo más grande de corrupción en la historia de México, debería sentar precedente para exigir a las autoridades e impartidores de justicia, que se apliquen las leyes con transparencia y de manera eficaz. Permitir que se tienda la sombra de duda sobre los resolutivos de los casos Odebrecht, sólo perpetuaría el binomio cancerígeno que asfixia a la nación “corrupción-impunidad” “impunidad-corrupción”. Evitarlo, es un torito para la 4T.