Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) dieron una entrevista al New York Times en donde se quejan, palabras más o menos, de que no los dejan hacer nada y las instituciones del gobierno que forman parte del Comité Coordinador del SNA se unen contra ellos para bloquearlos.
La verdad, esto no debería ser una sorpresa. La reforma anticorrupción contempló en el diseño del SNA, que el CPC tuviera una influencia limitada, aunque uno de sus integrantes presida al Comité Coordinador del SNA.
Llama la atención que hayan recurrido a un medio de comunicación internacional para quejarse, aunque quizás es muestra de frustración. Pero lo importante es que el CPC considera que no está funcionando el SNA.
Los retos del SNA
El SNA enfrenta muchos retos. Sigue sin nombrarse Procurador General, Fiscal Anticorrupción, 18 magistrados especializados en corrupción en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, las entidades del país van muy lentas en la implementación de sus sistemas anticorrupción, siguen sin ser nombrados titulares de órganos internos de control en organismos autónomos y hay casos muy relevantes de corrupción sin resolver.
No falta quien diga que los nombramientos no son importantes mientras las instituciones funcionen, pero siempre hace falta un líder y en el caso del Tribunal es grave porque se pueden perder los casos de corrupción que lleguen ahí, al no haber magistrados nombrados. Ni qué decir de los riesgos que corren organismos como COFECE, IFETEL, INEGI, INAI y otros, que tienen años sin contralores que los vigilen.
Para añadir otro elemento que afecta al combate a la corrupción, se viene el cambio de Auditor Superior de la Federación y si bien entre los 41 candidatos había buenos perfiles, la terna propuesta no fue del agrado de los diputados de oposición. Los tres son funcionarios de la ASF, pero se les ha ligado con políticos del PRI.
Al momento de escribir estas líneas no se había elegido al nuevo Auditor Superior y dados los tiempos, es posible que no se haga hasta el año que viene. Por otra parte, es muy importante que la persona nombrada tenga la independencia y el perfil necesarios para el trabajo.
Ley General de Responsabilidades Administrativas
Otro aspecto que pone en riesgo la lucha anticorrupción es la Ley General de Responsabilidades Administrativas, de la cual hablé en un artículo anterior y donde menciono que es una ley garantista que beneficia más a los acusados en detrimento de un combate a la corrupción efectivo.
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Además, tiene errores que hacen muy difícil su aplicación. Afortunadamente, el Comité Coordinador del SNA ya formó un grupo de trabajo para reformar dicha Ley y aunque no creo que se le quite su carácter garantista, por lo menos que se eliminen los errores que impiden que funcione adecuadamente.
Los casos de corrupción siguen saliendo a la luz casi todos los días. Por ejemplo, la revelación de los videos de ejecutivos de Odebrecht donde admiten haberle entregado dinero al ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin a cambio de favores; la llamada Estafa Maestra que realizaron universidades públicas; el socavón en Cuernavaca; la posible demanda de la compañía china que ganó la licitación del tren a Querétaro por haberse suspendido intempestivamente y un largo etcétera.
Para rematar, la Suprema Corte de Justicia de la Nación acaba de emitir una sentencia en donde declara que es inconstitucional que un Ministerio Público, investigando a un presunto delincuente, pida datos de sus cuentas bancarias a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, como lo permite la Ley. Esto pondrá en un brete las investigaciones de la PGR, pero también es un golpe al SNA.
Y es que la Ley General de Responsabilidades Administrativas prevé que las autoridades investigadoras podrán solicitar dicha información.
Pero como la SCJN ya dijo que el solicitarla directamente es una violación de los derechos humanos del investigado, podría ser impugnada esa información y se le tendría que desechar. Según la sentencia de la Suprema Corte deberá ser un juez quien autorice solicitar la información, lo que representa un obstáculo más para una buena investigación anticorrupción.
Por ello, no es de extrañar que los integrantes del CPC hayan salido a quejarse ante un medio extranjero de que no pueden hacer nada y que el SNA no está funcionando.
Falta ver qué hará el próximo presidente, pero si los candidatos no hacen propuestas que satisfagan a la gente, ya muy molesta con la corrupción, seguramente no votarán por ellos. Ojalá haya buenas propuestas y se combata a la corrupción inmediatamente al iniciar el próximo sexenio.