Opinión

Obsceno presupuesto a la militarización

La oposición obligada a modificar la iniciativa de presupuesto para la Guardia Nacional. Adolfo Gómez Vives

  • 12/09/2021
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La Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) son dos normas jurídicas que se confeccionan anualmente. Su vigencia inicia el primero de enero y concluye el 31 de diciembre. Aunque ambas representan sendos esfuerzos de planeación, el cumplimiento de sus estimaciones está en función de múltiples variables, las cuales tendrán incidencia positiva o negativa durante el ejercicio fiscal correspondiente.

El Ejecutivo Federal es el poder facultado constitucionalmente para presentar la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de PEF ante la Cámara de Diputados. En el primer caso, ese órgano legislativo actúa como cámara de origen, lo que significa que la iniciativa debe ser analizada también por la Cámara de Senadores (revisora), mientras que, en el segundo caso, la discusión del PEF es atribución exclusiva de aquélla.

La Ley de Ingresos y el PEF son "cartas" a los Reyes Magos, pues factores como la variabilidad del precio del petróleo impactan para bien o para mal en la recaudación y, consecuentemente, en el gasto público.

Lo anterior constituye una de las razones del porqué los presupuestos autorizados por el Legislativo, terminan siendo diferentes a los ejercidos. Durante el transcurso del año fiscal y dependiendo de la disponibilidad de recursos, la Secretaría de Hacienda puede autorizar ampliaciones o reducciones en los presupuestos de las dependencias del Ejecutivo, así como en los dineros destinados a las entidades federativas y municipios, de acuerdo con los dictados de la Ley de Coordinación Fiscal.

Por ejemplo, al finalizar 2021, la Guardia Nacional habrá ejercido el 191 por ciento del presupuesto aprobado para este ejercicio, al pasar de 35 mil 672 millones, a casi 104 mil millones de pesos, según estimaciones del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, A.C. (CIEP). En el mismo tenor, durante el primer semestre de este año, a Petróleos Mexicanos se le autorizaron ampliaciones presupuestales por más de 5 mil millones de pesos, al tiempo que los recursos financieros destinados a la salud disminuyeron en 10 mil 611 millones, según documenta Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.

Los recursos estimados en las leyes de ingresos siempre son insuficientes para atender todos los requerimientos financieros del Estado. Por eso, la planeación del gasto debe ponderar asuntos como el interés superior de la niñez, la salud y la educación —lo que ostensiblemente no ocurre en este sexenio— además de atender los requerimientos de los demás poderes de la Unión y de los órganos de autonomía constitucional, como el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Nacional de Transparencia.

Para el ejercicio fiscal de 2022, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda, ha presentado ante la Cámara de Diputados una iniciativa de Ley de Ingresos, cuyo éxito depende, fundamentalmente, del incremento del número de contribuyentes.

Sin embargo, en el ámbito del gasto, el Ejecutivo propone un incremento de más de 60 por ciento al presupuesto de la Guardia Nacional, además de concentrar la inversión destinada a infraestructura, en sus proyectos faraónicos.

El pasado viernes, Rogelio Jiménez Pons, titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, reconoció en entrevista con el periodista Mario Maldonado, que la recuperación de la inversión del Tren Maya se llevará "más de treinta años", además de que superará en casi 43 por ciento su costo inicial estimado. Ello sin considerar las afectaciones ambientales y a los ecosistemas que generará el capricho presidencial.

El adecuado reencauzamiento de los recursos públicos está en las manos de los partidos de oposición en la Cámara de Diputados. La discusión del PEF pondrá a prueba el compromiso de los legisladores para con los gobernados o demostrará su sumisión al Ejecutivo, quien se mantiene firme en la lógica de reforzar la militarización del país, a través del apoyo irreflexivo a la Guardia Nacional, que por lo pronto actúa con esmero y eficacia en la contención de la migración ordenada desde Washington, aunque en su actuar se violen los derechos humanos de las personas migrantes.

 

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