Opinión

Obedecer y callar

Al presidente López Obrador no le gusta que le repliquen y, por tanto, dice que usa su derecho a la libertad de expresión. | Joel Hernández Santiago

  • 19/06/2019
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En 1767 el virrey, Marqués de Croix, emitió un bando por el cual se expulsaba a la orden de los Jesuitas de los territorios de la Nueva España. Frente a las críticas soterradas, que se conocieron, el mismo representante del rey de España, Carlos III, emitió un bando por el que declaraba:

“Sépanlo de hoy y en adelante, los súbditos de esta Nueva España, que nacieron para obedecer y callar y no para meterse en altos asuntos de gobierno”. Era el despotismo ilustrado en pleno.

A la Barra Mexicana de Abogados se le ocurrió pedirle al presidente Andrés Manuel López Obrador que no interfiera en asuntos del poder Judicial, en lo que se refiere a los amparos interpuestos por distintos particulares, en contra de la construcción del aeropuerto en Santa Lucía, según los planes del Ejecutivo. En su comunicado, la BMA argumenta:

“Consideramos inapropiado que el Ejecutivo federal intervenga en asuntos jurisdiccionales, mediante acciones mediáticas o de otra índole, que inhiba la cuestión en el ejercicio del derecho de defensa de las personas, que presiona no dirigen el poder judicial, que vulneren la protección de los datos personales de los denunciantes, o en contravención a la división de poderes, toda vez que todas esas acciones atentan contra el estado de derecho. El ejercicio del derecho a la defensa de las personas y la independencia del poder judicial deben ser ajenos a la intervención de los poderes ejecutivo y legislativo”.

Inmediato el presidente respondió que nada, que seguirá hablando sobre esos amparos y que “entre más me impidan hablar seré más claro’. Esto es así porque al presidente López Obrador no le gusta que le repliquen y, por tanto, dice que usa su derecho a la libertad de expresión.

Está bien que el presidente haga uso de su derecho a la libertad de expresión. Una libertad que también nos es propia a todos los mexicanos, uno a uno, y a todos, porque es el resultado de muchos años de lucha por conseguir que el pensar, el decir y el comunicar sean el pan nuestro de cada día de una democracia, aún incipiente como es la mexicana.

Pero con frecuencia el presidente entiende su libre expresión para descalificar a sus críticos o “anti 4-T”. Lo hace y los confronta. Les atribuye defectos, malicia y desdoro, como en este caso en el que dice que pronto ‘exhibirá a quienes interpusieron esos amparos’.

Esto es: amenaza con sacar los trapitos al sol de quienes le rezongan. No hay argumentos sólidos. Datos duros. Certezas. Simple y sencillamente “tengo otros datos” o es producto “del pasado gobierno”…

O como en el caso de Guillermo García Alcocer, quien en febrero de este año se manifestó en contra del bajo nivel de los candidatos que envió el presidente, para ser comisionados en la Comisión Reguladora de Energía y de pronto, la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, informó que se investigaría la existencia de un posible conflicto de interés de García Alcocer como presidente de la CRE.

Al parecer no se encontró delito qué perseguir, aunque al final de cuentas el 3 de junio pasado, García Alcocer, acosado, presentó su renuncia bajo el argumento de que: “La máxima instancia de toma de decisiones de la Comisión, el Órgano de Gobierno, tiene hoy una nueva composición con una visión mayoritaria diferente a la mía”.

El tema parece sencillo porque si estamos en los terrenos del derecho y la justicia y la libertad, y la ley, tanto el presidente López Obrador como la Barra Mexicana de Abogados tienen razón, aunque una de ellas se exprese desde la perspectiva de su propia defensa sin argumentar por qué si o por qué no debe interferir en asuntos de otro poder, en este caso el Judicial.

Los abogados dicen que se debe respetar el Estado de Derecho en México. Aunque en este caso se acotan a lo que tiene que ver con el nuevo aeropuerto internacional en Santa Lucía y no en otros casos. Porque antes no se han pronunciado, como cuando se emitió aquel famoso memorándum para que secretarios de Estado –dependientes del Ejecutivo- no operaran ya el modelo surgido de la Reforma Educativa de Enrique Peña Nieto…

Esto es: que el presidente ejerce su libertad de expresión aunque no use argumentos formales y sólidos para rebatir a sus críticos u opositores –que son cosa distinta con mucha frecuencia-. Y, en este ejercicio, ha llevado a cabo una política de confrontación entre los que están con la 4-T y los que hacen observaciones, los que critican o los adversarios. Sin matizar en ningún caso, les atribuye adjetivos calificativos como “fi-fis”, “conservadores”, “hipócritas”, “hampones”…

Luego, por todo esto, cuando la sociedad muestra signos de intolerancia y confrontación, y cuando el gobierno de López Obrador tiene enfrente el serio problema de los aranceles que Donald J. Trump quiere imponer a los productos mexicanos de exportación invoca a una Unidad Nacional.

Así que al interior, a sus adversarios o críticos en democracia los hace a un lado y le echa las huestes Morenistas encima, y por otro lado quiere Unidad Nacional.

Y sí. Frente a la política del gobierno de Estados Unidos de dañar a México habremos de estar unidos; pero esta unidad no significa que tenga que ver con la petición presidencial, si por hechos que tienen que ver con nuestra subsistencia y persistencia como nación, como Estado y como país.

Pero mientras son peras o son manzanas, el presidente mexicano ejerce su derecho a la libertad de expresión en tono de “ustedes nacieron para obedecer y callar”. Ojalá no.