El Congreso del estado de Oaxaca, en mayoría, autorizó el 29 de septiembre la contratación de deuda pública al gobierno de Alejandro Murat Hinojosa hasta por 1,200 millones de pesos.
El argumento del gobernador al solicitar esta aprobación a la Cámara de Diputados local es que estos recursos se necesitan para financiar la reconstrucción de zonas devastadas por los sismos y lluvias de días pasados y para refinanciar empréstitos del sexenio anterior. (Esto es, del gobierno de Gabino Cué y del que aún se ignora la recuperación de bienes y recursos que pudieron haberse sustraído de forma presuntamente ilegal y si las recientes detenciones de la fiscalía anticorrupción de Oaxaca de dos ex secretarios de finanzas de aquel gobierno, Enrique Arnaud Viñas y Gerardo Cajiga, conducirán a resarcir a los oaxaqueños de sus bienes y si algunos de aquel gobierno pagarán en ley lo que corresponda)
Esta deuda fue aprobada por integrantes de las bancadas del PRI, PRD, PAN, PT y legisladores de Encuentro Social, Unidad Popular y Verde Ecologista que suman 29 votos y con votación en contra de Morena (13) y podrá ser pagadera a 20 años. Esta iniciativa con proyecto de decreto fue presentado el jueves 28 de septiembre por la noche y en menos de 30 horas fue aprobada.
Sí. Pero no. A la lectura de este endeudamiento que compromete a los oaxaqueños hasta por veinte años, que es decir hasta 2037, hay preguntas que merece que el gobierno estatal explique a los ciudadanos y a la opinión pública… y que debió explicar antes de iniciar este procedimiento.
Por ejemplo: ¿Con base en qué estudios serios, rigurosos e inobjetables se integró esa cifra de 1,200 millones de pesos? ¿Cuál fue el criterio para su integración al detalle? ¿Hay datos concretos de los requerimientos de las zonas dañadas y damnificados? ¿Hay cifras de impacto social –beneficio? De estas cifras ¿cuánto se aplicará a la deuda del sexenio anterior?
¿Se hizo un estudio de austeridad y recorte presupuestal a fin de aprovechar montos existentes y buscar la vía legal por grave excepción para su aplicación en torno a la crisis que se está viviendo en Oaxaca?
El presupuesto de 2017 fue elaborado por el equipo de trabajo del actual gobernador Alejandro Murat Hinojosa y, para noviembre de 2016, semanas antes de tomar posesión, le fue aprobado a Oaxaca, un monto de 90 mil 414 millones de pesos, con un incremento de 5 mil mdp respecto al año anterior (2016) según la diputada priista Mariana Benítez Tiburcio. ¡Qué tal!
Lo sorprendente ahí es que según cifras y como ejemplo de mucho más, en contraposición se asignaron 297 millones de pesos para la Coordinación de Comunicación Social en tanto que para la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca se pidieron tan sólo 6 millones de pesos, lo que podría ser muestra del criterio que se siguió para esta integración presupuestaria.
Luego, falta saber si para integrar este endeudamiento oaxaqueño a 20 años, que se dice que es para asignarse a la recuperación por los desastres ocurridos en septiembre en el estado, se consideró cuál será la asignación que hará el Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) a Oaxaca, habida cuenta de que la Secretaría de Hacienda (SHCP) informó que cuenta con los recursos necesarios para atender la emergencia en Chiapas y Oaxaca.
Según su informe semanal, al 17 de septiembre, el Fonden cuenta con 9 mil millones de pesos, cifra que complementa con recursos de un bono catastrófico emitido en agosto pasado por el Banco Mundial por 150 millones de dólares.
Para el 21 de septiembre, luego del segundo sismo más intenso, Miguel Messmacher, subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, afirmó que Fonden cuenta con los 9 mil millones de pesos, que se complementaran con recursos del bono catastrófico emitido por el Banco Mundial por 360 millones de dólares y que de ahí saldrían los apoyos para Chiapas y Oaxaca.
Es de rigor que el gobierno de Oaxaca informe a todos cómo se entiende el endeudamiento de 1 mil 200 millones de pesos a veinte años; cuál es la aportación de Fonden; en qué se van a utilizar esos millones, al detalle; cuánto se solicitará para desastres en el presupuesto 2018 habida cuenta de que Oaxaca es una zona de riesgo, según científicos y también cuánto se recibió de apoyos adicionales de México y fuera en recursos y en especie.
El Congreso de Oaxaca debe informar a sus representados con base a qué criterios ciertos, estudios, antecedentes, prospectivas y más certezas, la mayoría legislativa aprobó su endeudamiento hasta 2037.
Cierto que la bancada de Morena dijo no a esta iniciativa del gobernador estatal, sin embargo tampoco argumentó razones objetivas para su negativa.
En todo caso sí, urge que la ayuda llegue a los damnificados de Oaxaca, en toda la entidad. Urgen apoyos tangibles y urgentes. Urgen soluciones. Urge que los recursos que son de los oaxaqueños lleguen a los oaxaqueños. Urgen cuentas claras. La situación es grave y hay que meter el hombro: sí.
Pero sobre todo urge que en beneficio de los damnificados y de todo Oaxaca se precise ¿por qué el endeudamiento? como también que la Fiscalía de Oaxaca precise el tema del gobierno de Gabino Cué y la aplicación de la ley. Todo en beneficio de la credibilidad de los oaxaqueños en el gobierno del estado. Y si no, no.