¡Justicia, justicia! ¡Ni una más, ni una más, ni una asesinada más! fueron los gritos de más de 50 mujeres apostadas a la puerta de la casa donde se aloja temporalmente el gobierno en transición de Andrés Manuel López Obrador. El pasado sábado, llegaron desde temprana hora en espera de poder ser recibidas por el futuro titular del Ejecutivo federal y explicarle cuál es la situación vivida por miles de mujeres que han padecido algún acto de violencia en su contra, desde algún piropo en la calle hasta el sesgo de su vida motivado por su condición de género.

Al llamado llegaron Antonia Márquez y Viviana Muciño, madre y hermana de Nadia Muciño, víctima de feminicidio. Violentada y asesinada frente a sus hijos por su esposo y su cuñado en febrero de 2004 en Cuautitlán Izcalli. Las autoridades locales aseguraron que ella cometió suicidio a pesar de que sus hijos relataron como fue agredida por Bernardo e Isidro López. Se desestimaron esos testimonios bajo el argumento de que los menores no eran capaces de distinguir entre la realidad y la fantasía. De igual manera, el perito quien investigó el caso no contaba con las credenciales profesionales necesarias para estar a cargo del proceso.

Han pasado casi 15 años y ante la falta de respuesta por parte del Estado mexicano, a Comisión Interamericana de Derechos Humanos revisará el caso y emitirá recomendaciones a las autoridades mexicanas para que a familia Muciño Márquez acceda a la justicia y no se repitan situaciones como las que han vivido durante casi tres lustros.

También llegó Irinea Buendía, madre de Mariana Lima Buendía, quien fue asesinada por su entonces esposo, el policía judicial Julio César Hernández Ballinas, en junio de 2010, quien siempre ha señalado, en complicidad con las autoridades mexiquenses, que Mariana se suicidó. Ella no creyó la versión desde un principio, pues su hija estaba muy entusiasmada con comenzar una vida nueva. La manera en cómo encontró el cuerpo era muy sospechosa. Los pies parecían recién lavados, no había huellas visibles de que se hubiera ahorcado con una agujeta, como dijo el esposo, pues estaba recostada en la cama, y la supuesta carta de despedida, estaba escrita con dos tipos de letra diferentes, ninguno correspondiente a la de Mariana.

Su versión ha sido aprobada hasta por los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quienes, en marzo de 2015, le otorgaron a Irinea un amparo para que el Estado de México volviera a emprender una investigación en torno al caso de Mariana y se determinen las verdaderas causas de su muerte.

El hashtag #JusticiaParaSol también llegó desde Oaxaca, denunciando que la impartición de justicia en la investigación del caso de María del Sol Cruz Jarquín, fotógrafa asesinada el 2 de junio de este año en Juchitán, Oaxaca, en conjunto con la candidata a segunda concejala Pamela Terán Pineda y su escolta Adelfo Guerra Jiménez. Aquella tarde, María del Sol fue obligada a dar cobertura a la campaña de Hageo Montero López, hermano de Francisco Javier Montero López, entonces secretario de asuntos indígenas, pues de lo contrario, perdería su plaza de trabajo en la dependencia tutelada por Montero. Se aprehendió a uno de los involucrados en el crimen, pero fue liberado a los pocos días.

Igual se sumó la madre de Lesvy Berlin Osorio Rivera, joven de 22 años, cuyo cuerpo fue hallado sin vida en las instalaciones de Ciudad Universitaria, y a un año de los hechos se ha concluido que el actuar de las autoridades capitalinas fue deficiente y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal emitió una recomendación al respecto. Una de las principales fallas fue que la procuraduría capitalina aseguró que había sido un suicidio.

Estos sólo fueron algunos de los casos compartidos por familiares de víctimas acompañadas por el Observatorio Ciudadano Nacional en contra del Feminicidio, aglutinante de 43 organizaciones de 22 entidades federativas. A media semana se reunieron con la próxima titular de la secretaría de gobernación, Olga Sánchez Cordero, dejando la petición de que la violencia en contra de las mujeres sea tomada en cuenta dentro de la Estrategia Nacional de Seguridad y la homologación del delito de feminicidio en los códigos penales estatales.

Entre tanto, a raíz de los recientes hechos en la UNAM, uno de los puntos en los pliegos petitorios de la comunidad estudiantil ha sido el cese al acoso hacia las alumnas, y en sí, las mujeres. La propia UNAM ha revelado que en el último año ha recibido 251 quejas por acoso sexual y otras formas de violencia de género. De las afectadas, 79.3 por ciento de las agredidas son alumnas, 12.4 por ciento son trabajadoras administrativas y 5.2 por ciento son profesoras.

Lo ocurrido en los últimos días nos muestra que la violencia en contra de las mujeres es una realidad, no es una exageración de unas cuantas; no es un problema menor, pues afecta a más de 50 por ciento de la población mexicana; no es un tema secundario ni una afrenta política en contra de alguna persona o partido político. Es un tema que debe estar presente en la agenda pública nacional. En caso contrario, día con día se incrementará la cifra de nueve mil 291 asesinatos de mujeres registrados entre 2014 y lo que va de este año, según datos del propio Observatorio, y la sociedad seguirá sin saber que ha ocurrido con las nueve mil 327 mujeres y niñas desaparecidas y reconocidas por el Estado como personas que un día no volvieron a casa y no hay noticias de ellas.

Las voces de ellas

@leonardobastida | @OpinionLSR | @lasillarota


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