Opinión

¿Nuevos tiempos para Baja California?

Todo apunta a que estamos frente a otro sombrío episodio que revela el nivel de degradación política al que se ha llegado. | Agustín Castilla

  • 18/07/2019
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Creo que para nadie fueron sorpresivos los contundentes resultados de la elección en Baja California, pues además de que la inercia de los comicios presidenciales del año pasado y la popularidad del presidente López Obrador probablemente beneficiaron al candidato de Morena -a lo que se sumó el desdibujamiento del PAN que no ha logrado posicionarse como una fuerza de oposición sólida en el ámbito nacional-, el rechazo a la gestión del gobernador Kiko Vega era evidente.

Como se observó en las demás entidades que tuvieron elecciones este año, el contexto local tuvo un peso determinante para que los electores en Baja California optaran por la alternancia después de 30 años de hegemonía panista, ante los constantes señalamientos de corrupción, frivolidad e incapacidad del grupo gobernante de aquel estado. Aunque la participación ciudadana que se registró fue muy baja -menos del 30%-, los baja californianos dieron un claro voto de confianza a una nueva alternativa política al otorgarle el triunfo a los candidatos de Morena en la gubernatura, los cinco municipios y los 17 distritos electorales con lo que se llevaron “carro completo”.

Sin embargo, la decisión del congreso local de reformar la constitución del estado para ampliar el periodo de gobierno de 2 a 5 años a poco más de un mes de que se llevaron a cabo las elecciones -tras varios intentos fallidos de Jaime Bonilla durante la campaña que fueron frenados por la Sala Superior del TEPJF-, no augura mejores tiempos para Baja California. Por un lado, prácticamente todos los especialistas han advertido de su inconstitucionalidad, por lo que es de esperarse que la SCJN se pronuncie en ese sentido una vez que resuelva las acciones que seguramente se presentarán en los siguientes días.

Por otra parte, el diputado Porfirio Muñoz Ledo, quien preside el Congreso Federal, ha propuesto la desaparición de poderes en el estado en respuesta a lo que denominó como “una agresión democrática”, que ha merecido también el rechazo de la gran mayoría de los actores políticos y sociales -con excepción de la dirigente nacional de Morena o del subsecretario Ricardo Peralta, y la resistencia del presidente López Obrador a fijar posición en el tema- así como de respetadas figuras como el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas.

Pero aunado a la ilegalidad del albazo legislativo y a los riesgos que implica para nuestro sistema democrático, es importante indagar qué hubo detrás de la reforma, pues no hay forma de explicar racionalmente que los diputados salientes del PAN, permitieran que la iniciativa presentada por un diputado de Morena alcanzara la mayoría calificada. Se han mencionado desde pactos inconfesables para asegurarle impunidad al actual gobernador -que ha tratado de deslindarse sin el menor éxito- con el nombramiento de un auditor superior que le es afín, así como ofrecimientos millonarios a cambio del voto.

Tampoco los antecedentes de Jaime Bonilla y de algunos de sus más cercanos colaboradores que, como él, tuvieron una larga y no muy transparente historia en el PRI, ayudan mucho a disipar las sospechas. Aunque será difícil de probar, todo apunta a que estamos frente a otro sombrío episodio que revela el nivel de degradación política al que se ha llegado, y que al parecer no va a cambiar mucho con el arribo del nuevo gobierno cuyas prácticas hemos empezado a conocer muy pronto, y que en nada se distinguen de aquello contra lo que votó la ciudadanía.