La corrupción es un fenómeno extendido en nuestro país, extremadamente complejo, con una acción corrosiva sobre las instituciones públicas y privadas, que además perjudica el entorno democrático y la gobernabilidad. En los últimos años se registraron escandalosos casos de conductas que han creado la percepción de que funcionarios y particulares pueden actuar en contra de la probidad de la administración pública, y que no en todas las ocasiones son investigados y sancionados. Lo anterior da pauta para que la corrupción sea uno de los problemas que más preocupan a los mexicanos en la actualidad.
La ingente necesidad de revertir este padecimiento social derivó en la conformación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) en 2015, basado en un novedoso y ambicioso diseño institucional y normativo, a partir de un enfoque sistémico interinstitucional, que otorga nuevas facultades y robustece las capacidades del Estado mexicano. Es relevante que dentro de este entramado se le otorga un papel preponderante a la sociedad civil mediante el establecimiento del Comité de Participación Ciudadana (CPC), conformado por cinco miembros de distinguida trayectoria, uno de los cuales preside el Comité Coordinador del SNA, instancia de máxima decisión del sistema.
Sin embargo, diseñar y aprobar legislaciones de vanguardia para impulsar las transformaciones que atiendan a los grandes problemas nacionales no es suficiente, se requiere el involucramiento de la población y la voluntad política de los diversos actores e instituciones, además de que es preciso que el impulso de cambio se detone desde el interior de los mecanismos estatales.
Bajo esta perspectiva, el CPC comienza a develar el potencial que tiene de erigirse en vigilante y participante de la aplicación estricta de la ley, el combate a la impunidad y el accionar articulado entre individuos y gobierno. Así se demostró recientemente, cuando los miembros de este colegiado al acudir a la vía jurisdiccional de protección de la regularidad constitucional, como vía para reparar la omisión del Senado de ratificar o rechazar el nombramiento de los 18 magistrados anticorrupción del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, efectuado por el presidente de la República el 24 de abril de 2017. De tal manera, por medio de la promoción de un amparo, además de quejarse del incumplimiento del órgano legislativo, los miembros del comité señalaron que por esa omisión no se había activado el SNA, además de que anotaron que el nombramiento debía sujetarse a los principios de idoneidad, transparencia, máxima publicidad y parlamento abierto.
Los integrantes del espacio de representación ciudadana en el SNA trascendieron la mera emisión de posiciones críticas, que era el papel tradicional de la sociedad civil en los espacios institucionalizados, para pasar a la acción. Sin duda constituye un hito positivo que se aprovechen los cauces formales para que el Poder Judicial se pronuncie acerca de un escenario grave para el funcionamiento del entramado institucional de combate a la corrupción, pues permite construir expectativas acerca del acompañamiento, vigilancia y participación que realizarán los integrantes del CPC en un momento de cambio político.
Ambiente libre de corrupción
Al resolver el reclamo, el juez discurrió sobre el derecho de la población a vivir en un ambiente libre de corrupción, donde los servidores públicos desempeñen su labor con honradez, honestidad ética y transparencia; concluyendo que el Constituyente Permanente instauró el SNA como garantía institucional y procesal para alcanzar tal estado de cosas. Así, el juzgador resolvió que la demora excesiva en el nombramiento de los Magistrados Anticorrupción, “sea por cálculos políticos o por falta de acuerdos partidistas”, violó las disposiciones constitucionales que regulan el Sistema Nacional Anticorrupción; mientras que en relación con el principio de máxima publicidad, advirtió que era obligación del Ejecutivo Federal detallar objetivamente la trayectoria, méritos éticos y profesionales de cada uno de ellos en materia de fiscalización, responsabilidades administrativas, hechos de corrupción o rendición de cuentas, así como esclarecer de manera pormenorizada e individualizada su idoneidad para ocupar el cargo.
El juez imputó un incumplimiento de deberes tanto al Senado como al Ejecutivo, por lo que señaló deberán de actuar para subsanar las omisiones detectadas. En concreto, instruyó a la Cámara alta a expresar los razonamientos que detallen sustantivamente, de manera objetiva y razonable, por qué las personas resultan idóneas para el cargo; en tanto que al Ejecutivo le instruye a que de “forma inmediata” haga lo propio, debiendo realizar una motivación reforzada sobre la idoneidad, los méritos, calidad ética y profesional que cada uno de los nominados tenga en las materias específicas.
Un aspecto que debe resaltarse sobre este asunto, es el reconocimiento que el juez de amparo hace al interés jurídico y al interés legítimo de los promoventes, con base en la disposición contenida en la Ley, que otorga al CPC la facultad de dar seguimiento al SNA, y en el rol que tienen de ser garantes del mismo en beneficio de la sociedad mexicana.
Si bien la sentencia de amparo aún no es firme, lo cierto es que constituye un avance en términos de una nueva concepción de lo público, en que la actuación de los poderes y las instituciones se convierten en objeto de escrutinio ciudadano y, eventualmente, en blanco no sólo de críticas, sino de acciones judiciales como medio para la preservación de la buena marcha de la administración pública y el fortalecimiento democrático. Tenemos que congratularnos por ello y apoyar esfuerzos de la misma índole, asumiendo que ésta es una de las tantas batallas cívicas que desde distintas trincheras habremos de dar para abatir la corrupción que tanto daño hace a la sociedad.
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