A nivel global y en nuestro país, existe desde hace algunos años una positiva tendencia social para promover la igualdad en trato, oportunidades y goce de derechos entre hombres y mujeres, así como para erradicar la violencia hacia nosotras.
Son múltiples las acciones que en aras de alcanzar esos nobles objetivos son puestas en marcha desde los organismos internacionales y en los espacios de gobierno de los países. Hay iniciativas de índole amplia, como convenciones, protocolos y declaraciones, que establecen parámetros para combatir las diferentes expresiones en que se actualizan las diferencias de género.
También existen otras medidas, como los días internacionales establecidos por las Naciones Unidas, útiles para crear conciencia y recordarnos la importancia de tales temas. Apenas en abril del año pasado, la Asamblea General decidió declarar el 10 de marzo como el Día Internacional de las Juezas, con la finalidad de promover la participación plena y en pie de igualdad de las mujeres en todos los niveles del ejercicio jurisdiccional.
La impartición de justicia es, sin duda, uno de los espacios más importantes para garantizar la vigencia de los derechos de las personas, por ello, los tribunales deben ser instancias referenciales en cuanto a las condiciones en que sus integrantes desarrollan sus carreras, con cuidado especial en garantizar la prerrogativa de sus colaboradoras de no ser discriminadas por ser mujeres. Lo anterior considerando que la brecha de género en contrataciones, salario y posiciones de mando tiene una larga y lamentable recurrencia en nuestro país en todos los ámbitos laborales.
Se debe considerar que, para el robustecimiento de la confianza de las personas hacia el Poder Judicial, su vida institucional debe adecuarse a los rumbos del cambio social, que hoy pone en el centro de las preocupaciones a quienes históricamente han sido marginados o vivido en condiciones de vulnerabilidad.
En tal sentido, es relevante que en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se establece el mandato para que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), incorpore la perspectiva de género en el desempeño de sus atribuciones, programas y acciones, con el objeto de garantizar a las mujeres y hombres, el ejercicio y goce de sus derechos humanos, en igualdad de condiciones y velará por que los órganos a su cargo así lo hagan. Esto encuentra una expresión en uno de los temas centrales atendidos por el CJF, que es la regulación del capital humano de los integrantes del servicio público del ámbito jurisdiccional federal. De tal forma, en la Ley en la materia, se dispone que, en el desarrollo de la carrera judicial, se garantice a mujeres y hombres el ejercicio y goce de sus derechos con un enfoque de igualdad sustantiva.
Existen avances en la materialización de las directrices descritas, pero aún hay cuestiones por atender, que solamente con la convicción y voluntad de los distintos tomadores de decisiones podrán resolverse satisfactoriamente. Por ejemplo, de acuerdo con datos del anexo estadístico del Informe de Labores 2021 del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considerando los distintos tipos de órganos jurisdiccionales, a saber, Juzgados de Distrito; Centros de Justicia; Tribunales Unitarios de Circuito, Colegiados de Circuito y Laborales Federales; se muestra que el 75% de sus titulares son hombres (1,160) y solamente el 25% mujeres (394). Cabe señalar que en las instancias que atienden los temas de trabajo la disparidad es ligeramente favorable a las mujeres, con 36 titulares, mientras que 35 son hombres. Sin embargo, en contraste, se tiene que en los Tribunales Colegiados de Circuito son 624 los magistrados, mientras que magistradas solamente son 163.
De la integración del Pleno de nuestro máximo tribunal, es posible referir que la primera designación de una ministra recayó en la jurista María Cristina Salmorán, en 1961. Hoy son cuatro mujeres que ejercen la más alta magistratura de nuestro país en un colegiado de once personas, cuestión que igualmente expresa un desbalance que ojalá pronto se elimine.
A partir de estos ejemplos, se advierte que la existencia de disposiciones normativas que establecen los mismos derechos para hombres y mujeres requiere, en aras de garantizar su ejercicio en condiciones de igualdad, de la acción institucional que identifique las razones por las que persisten las disparidades y así poder construir las posibles soluciones, como son los concursos de ingreso a la carrera judicial exclusivos para mujeres.
La conmemoración del Día Internacional de las Juezas sirve para reflexionar sobre el camino que aún resta por andar en aras de alcanzar la igualdad sustantiva en el ámbito judicial, pero también para enunciar el orgullo que produce la incorporación de la jurista mexicana María del Socorro Flores Liera como togada a la Corte Penal Internacional. Esto en virtud de su destacado mérito, talento y trayectoria profesional en su historial de servicio público en el Servicio Exterior Mexicano. Además, su nombramiento constituye un reconocimiento a la valía de la abogacía nacional y a la práctica legal de las mexicanas. Esto se refuerza con la designación, hecha en otro ámbito jurídico global, no jurisdiccional, pero igualmente importante, de la Dra. Leticia Bonifaz Alfonzo, académica de la Facultad de Derecho de la UNAM, quien fue electa integrante del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), de las Naciones Unidas para el periodo 2021-2024.
Las mujeres hemos demostrado tesón y compromiso en la lucha por el respeto a nuestros derechos y hemos demostrado que, aun en condiciones desiguales, podemos dar resultados de excelencia en cualquier plano profesional y la función jurisdiccional no es una excepción.