El analfabetismo ha sido considerado un obstáculo en el desarrollo y bienestar individual y social; incluso se le caracteriza como una situación que puede ser aprovechada por terceros para engañar, someter o explotar a quienes experimentan tal condición.
A lo largo del siglo pasado, nuestro país emprendió acciones de gran calado dedicadas al combate de este flagelo social teniendo resultados positivos con en el transcurrir del tiempo, según el estudio Panorama Educativo de México, elaborado por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, en 1900, el 77.7% de los mexicanos era analfabeta, situación que se logró invertir hasta la década de los setenta, cuando el porcentaje disminuyó al 25.8%. En la actualidad, se registran los niveles más bajos de la historia: de acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI, el 5.5% de la población de 15 años y más no sabe leer y escribir, con lo cual nos encontramos cerca de cumplir la meta de 5% propuesta por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación la Ciencia y la Cultura para el mismo año.
Es tal la relevancia del tema para la comunidad internacional que en 1966 proclamó, a través de la UNESCO, el 8 de septiembre como el Día Internacional de la Alfabetización, a fin de impulsar durante tal jornada, acciones orientadas a fomentar dicha actividad educativa como instrumento para fortalecer a las comunidades y a las personas.
La celebración de esta fecha, al igual que los avances registrados en la materia, motivan a la reflexión sobre ámbitos donde es necesario alcanzar otros aprendizajes básicos para la vida. En este contexto, es posible hablar de la alfabetización cívica, como el proceso social orientado a que todos los individuos, desde la infancia y en los diferentes espacios sociales, en especial el hogar y la escuela, tomen conciencia de la importancia de la participación en la vida política y la construcción de comunidad como componentes indisociables de un entorno democrático.
Alfabetizar en derechos
La formación de ciudadanía implica la adquisición de competencias para conocer los derechos y cómo ejercerlos, superando el esquema memorístico que implica solamente transmisión de ideas y conceptos, para enfatizar la modificación de actitudes y conductas que apoyen la convivencia y el desarrollo democrático. Se trata de un enfoque orientado a permear en los estilos de vida y las convicciones. Así, alfabetizar en derechos supone trascender la palabra y situarse en la acción.
Además de acreedores de derechos, los miembros de la sociedad lo son también de obligaciones, en un esquema de corresponsabilidad para el aseguramiento de la convivencia y de la vida en común, así como para coadyuvar en el desempeño de las instituciones de gobierno y, por ende, en el fortalecimiento del Estado. Esto se materializa desde el punto de vista constitucional, por ejemplo, en la contribución fiscal, en el aseguramiento de la concurrencia de hijos y pupilos a los establecimientos escolares para recibir educación, en el voto y en la participación en las funciones electorales. Además, se debe incluir al respeto a la ley y la tolerancia, como otros aspectos de índole cívica indispensables para la preservación del pacto social.
A partir de la conciencia sobre derechos y obligaciones, es posible desplegar una cultura cívica encaminada a fomentar una noción de vida democrática amplia, que propicie la participación y el debate en la esfera pública como supuestos básicos para lograr una incidencia efectiva de la ciudadanía en diversos campos, entre lo que se encuentran la toma de decisiones y la vigilancia del ejercicio del poder.
En tal coyuntura, resalta la confluencia del derecho a saber con la configuración de una mejor ciudadanía, a través del robustecimiento de las capacidades sociales, al transparentar qué, cómo y por qué se actúa desde las instituciones.
El entorno digital
Otro espacio que requiere del dominio de un abecé por parte de los integrantes de la población es el entorno digital. Se ha trascendido de un escenario en donde las habilidades básicas para la vida cotidiana eran leer, escribir y realizar operaciones aritméticas simples, a uno en donde se requiere, en gran parte de la vida diaria, del uso de las tecnologías de la información y el entendimiento de contenidos en formatos digitales.
Hoy las interacciones humanas, en rubros tales como el laboral, el económico y el comercial, se efectúan en buena medida a través del Internet y los dispositivos digitales. Las formas de aprender y de comunicarse se han transformado, acoplándose a la vertiginosa evolución tecnológica, lo que reafirma la necesidad de que los individuos sean capaces de sumarse a la sociedad de la información, mediante la utilización de la red, de los dispositivos tecnológicos más comunes y de la comprensión de los nuevos códigos de relacionamiento, lo cual implica también adoptar medidas para la protección de su información e integridad personal. Es válido decir que no contar con los elementos básicos de conocimiento digital puede redundar en un nuevo tipo de exclusión.
La democracia plena implica lograr que los miembros de la población se conviertan en actores reales de lo público, con capacidad de agencia que, en conjunto con los esfuerzos de las instituciones del Estado, coadyuven a alcanzar los escenarios de justicia social que hasta ahora se han quedado como metas inalcanzables. Solamente con un modelo de ciudadanía empoderada para la participación en las condiciones actuales, capaz de enfrentar los retos de una dinámica nacional y global signada por la evolución y la transformación, será posible iniciar con paso firme el camino hacia el México que anhelamos.