El departamento del trabajo de los Estados Unidos señala que la inflación en ese país es la más alta de los últimos 13 años. El índice general de precios es un 5.4 por ciento superior al de hace un año. Entre los bienes que más se han encarecido se encuentra la gasolina que en mayo del año pasado costaba 1.88 dólares en promedio y en mayo de este año costó 2.97 dólares. Comparado con el año pasado el precio del pan subió 7 por ciento; comer en restaurante 6.1 por ciento; los autos usados 29.7 por ciento; muebles 8.9 por ciento; las frutas frescas en 4.2 por ciento.
Las autoridades financieras norteamericanas señalan que estos incrementos no son motivo de preocupación debido a que la comparación se establece con los peores momentos de la pandemia cuando el confinamiento y el miedo, sumados al desempleo y a la pérdida de ingresos llevaron la demanda a sus menores niveles. La gasolina llega ahora a niveles cercanos a lo usual y el fuerte incremento en los autos usados se debe a los que se reintegran al trabajo.
La alimentación en casa presentó en 2020 una situación particular; no bajó de precio, sino que se elevó en un 3.5 por ciento; así que no tiene un rebote sino un incremento, no alto, pero si redoblado.
La reactivación de la demanda enfrenta en los Estados Unidos una recuperación de la producción que en algunos casos no es tan ágil y presenta costos más altos en algunos insumos, transporte y mano de obra.
Una queja común de los empresarios es que no hay suficientes trabajadores y tienen que pagarles mayores salarios. Inciden dos factores, uno positivo es que los apoyos al ingreso que proporcionó el gobierno norteamericano fueron tan efectivos que muchos trabajadores no están en una situación desesperada como para mendigar y aceptar cualquier empleo.
Pero ese no es el motivo principal. Multitud de papás, en este caso más bien mayoría de mamás, todavía tienen que estar cuidando de sus hijos que no se han reincorporado a sus escuelas.
A final de cuentas el reencuentro entre las ofertas y demandas de mano de obra de mercancías va en la ruta correcta, pero el camino tiene baches.
Posiblemente el mayor costo de la mano de obra sea permanente. Los que regresan primero al trabajo tienen posibilidad de elegir y están sentando el precedente de mejores salarios.
Además, el gobierno de Biden se manifiesta claramente en favor de la sindicalización y la elevación salarial. Algo que por cierto fue claro en la reciente visita de la vicepresidente Kamala Harris al interesarse por los avances en la implementación de la reforma laboral y en temas como democracia sindical y justicia laboral efectiva.
El caso es que la inflación norteamericana es considerada como algo natural y pasajero por sus autoridades financieras. No les preocupa.
Pero, ¿debiera preocuparnos a nosotros? ¿a los mexicanos de a pie? Tal vez sí.
No cabe duda que la reactivación norteamericana es algo positivo para México. El 80 por ciento de nuestras exportaciones van hacia el norte y eso favorece a la producción y al empleo de nuestro lado.
Sólo que la recuperación de la demanda apunta a ser notoriamente desigual entre los trabajadores norteamericanos y los mexicanos. De nuestro lado las cifras del Coneval señalan un importante empobrecimiento de la población en general; lo peor es que más de cinco millones se sumaron a la pobreza laboral; es decir personas que trabajan, pero no ganan lo suficiente para cubrir las necesidades alimentarias de sus familias. Más de 50 millones de trabajadores mexicanos están en esa terrible condición.
Paralelo al covid-19 sufrimos una epidemia de desnutrición; ya existía, pero empeoró. En el último año se redujo aún más la calidad de la nutrición; menos proteínas y menos consumo de verduras y frutas y mucho mayor ingestión de pastas.
Esta situación puede ser agravada si ahora resulta que los consumidores pobres mexicanos van a tener que competir por los alimentos de mayor calidad con los consumidores norteamericanos en pleno resurgimiento de sus ingresos.
No lo digo solamente yo; lo dice, con otras palabras, el Banco de México al señalar que cada vez que aumentan las exportaciones de un producto a los Estados Unidos el precio se eleva en México. Esto impacta en particular los precios de las frutas y verduras.
Un estudio elaborado por Banxico concluye que los choques de demanda en los Estados Unidos se traspasan a los precios al consumidor de las frutas y verduras en México. Por ejemplo, al elevarse en 1 por ciento la exportación de jitomate su precio sube en 1.4 por ciento en México. En el caso del plátano sube 2.1 por ciento; 1.8 para el limón; 1.7 para la cebolla, entre otros.
A Banxico le preocupa que las exportaciones tengan un impacto inflacionario en México y se presente una elevada volatilidad. A los demás debiera preocuparnos que nuestra población pueda recuperar no sólo su nivel nutricional pre pandemia, sino elevar su resistencia inmunológica sobre la base de una dieta sana; enriquecida con más de los nutrientes que aportan las verduras y frutas.
Convendría pensar en un trato desigual a desiguales favorable a los consumidores mexicanos ante los norteamericanos con mayor poder de compra. En ese sentido funcionaría un impuesto a las ganancias por la exportación de algunas verduras y frutas. Hay margen para ello; los exportadores agropecuarios se han beneficiado de la devaluación del peso de los últimos años y mantener un buen equilibrio entre la exportación y las ventas en el mercado interno debe ser una prioridad nacional.
Estaríamos lejos de llegar a la medida que acaba de tomar el gobierno argentino de prohibir la exportación de carne por 30 días para mitigar la elevación en el precio y una escasez interna provocada por el exceso de ventas al exterior.
Un impuesto moderado, flexible ante cambios en la coyuntura, que no se deje llevar por fines recaudatorios, sería suficiente para atender la advertencia de Banxico y prevenir un impacto negativo en la nutrición de los mexicanos de la reactivación tan diferenciada en el poder de compra norteamericano y el nuestro.
Mantener e incluso hacer más accesible el consumo interno de frutas y verduras iría a favor, sin ser suficiente, del derecho humano a la alimentación suficiente y nutritiva que la Constitución establece como obligación gubernamental.