Opinión

Normatividad metropolitana

Por Isela Orihuela

  • 06/08/2017
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Las zonas metropolitanas son los principales asentamientos humanos en México y en el mundo, ya que son las mayores concentradoras de población, actividades económicas, culturales, sociales, de infraestructura, equipamiento y de sus interrelaciones. De acuerdo con datos de la ONU (2014), las ciudades más pobladas del mundo son Tokio, Nueva Delhi, Shanghái, Ciudad de México y Sao Paulo. La Ciudad de México tiene una población de 20.8 millones de personas, las cuales son parte del 56.8% de la población que reside en zonas metropolitanas en el país (SEDESOL-CONAPO-INEGI, 2015).

El fenómeno metropolitano ha estado presente en el país desde hace décadas, no obstante, el marco normativo no ha ido de la mano de este avance y no sólo se encuentra rezagado, sino que no se ha logrado posicionar en el mismo nivel de importancia que la proporción de habitantes que concentra. Inicialmente, el desarrollo urbano del México estaba regido por la Ley General de Asentamientos Humanos que data de 1976. En esta se mencionaban los términos de conurbación, zona metropolitana y se hacía alusión a la concurrencia y coordinación de autoridades para el ordenamiento territorial con respecto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En la realidad esta normatividad no avanzó de acuerdo a los ritmos de crecimiento de las ciudades, no mencionaba al desarrollo metropolitano, había falta de información y claridad para los diversos niveles de gobierno sobre cómo y por qué coordinarse.

A finales de 2016, se publicó la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, la cual se pensaba que cubriría los huecos y omisiones de la ley anterior, sin embargo no resultó de tal magnitud. Si bien esta nueva ley trata el tema del desarrollo metropolitano, no está basada ni promueve una política de desarrollo metropolitano en donde se retome como el fenómeno que marca la pauta de crecimiento de las ciudades del país, donde se ubica la mayor parte de la población nacional.

Al partir de términos y definiciones aisladas, no se cuenta con una base que proporcione una dirección a las acciones sobre ordenamiento territorial y desarrollo urbano. No sólo es necesario decir qué atribuciones tienen la federación, los estados y municipios sino que realmente se legisle con relación directa a las condiciones que el fenómeno metropolitano presenta en cada parte del territorio nacional, ya que la principal característica de las zonas metropolitanas es su heterogeneidad.

Para entender el fenómeno metropolitano y lograr incidir en su desarrollo, es necesario reconocer las dimensiones del mismo, es decir, enmarcarlo en lo que se vive actualmente, en estas zonas que rigen la dinámica poblacional, económica, cultural, tecnológica, ambiental de México. Asimismo, reconocer que es el municipio la principal figura político – administrativa en donde comienza y avanza este fenómeno y el cual actualmente tiene menos injerencia en la elaboración y seguimiento de la normatividad, por lo que es menester reforzar su participación y apoyar su capacitación.

El marco regulatorio en materia metropolitana tiene todavía mucha tarea pendiente que no se puede postergar. Podemos esperar otros cuarenta años para conocer los efectos de esta nueva ley o se puede incidir de manera pronta, sobre bases sólidas, incluyendo a todos los participantes, promoviendo la coordinación, destinando recursos, capacitando y evaluando acciones, que es lo que requiere el desarrollo urbano y metropolitano de México, de lo contrario, las desigualdades se volverán cada vez mayores y las brechas para alcanzar un equilibrio territorial serán más difíciles de eliminar.

ONU (2014) Perspectivas mundiales de la urbanización.

SEDESOL-CONAPO-INEGI (2015) Delimitación de las zonas metropolitanas de México 2010.

Dra. Isela Orihuela. Profesora-Investigadora Cátedras CONACYT, del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Tiene estudios de Planeación Urbana, Administración Pública y Políticas Públicas. Es miembro del SNI. Sus líneas de investigación son política pública, desarrollo económico local, competitividad urbana, gobiernos municipales, y desarrollo territorial, urbano y metropolitano. 






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