Opinión

Nombrar a los fallecidos no identificados

Las familias deben poder, como acto mínimo de justicia, recuperar los retos mortales de sus cercanos para que puedan darles el destino que consideren. | Areli Cano

  • 18/08/2021
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Desde hace algunos lustros en México se vive un constante desafío a la capacidad de las instituciones para garantizar los derechos humanos y controlar la violencia que se suscita a lo largo del territorio nacional. Una expresión de lo anterior son los miles de casos de personas fallecidas que no son identificadas, cuestión que se vincula con el fenómeno de las desapariciones, que oficialmente ascienden a más de 90 mil, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Búsqueda. Es posible presumir que algunos casos de individuos que no se localizan, se encuentren dentro del grupo de quienes han sido hallados sin vida sin que se establezca quiénes eran. Por ejemplo, se tienen los hallazgos de fosas clandestinas, utilizadas presuntamente por el crimen organizado, donde existen múltiples restos humanos sin certeza acerca de su filiación.

Cada persona fallecida que no es identificada significa una ausencia en un grupo social y familiar, con la carga de dolor y de vulneraciones a los derechos de las víctimas que esto implica. El Estado mexicano tiene la obligación de garantizar la tutela del derecho de las familias a saber el paradero de quienes han muerto, particularmente de aquellos que fueron víctimas del crimen y de violaciones a sus derechos fundamentales. Las familias deben poder, como acto mínimo de justicia, recuperar los restos mortales de sus cercanos para que puedan darles el destino que consideren adecuado. 

Es pertinente traer a colación que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, al resolver sobre el Caso de las Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador, se pronunció sobre el asunto, señalando que constituye una obligación a cargo de los estados emplear todos los medios económicos, técnicos, científicos y de otra índole idóneos para determinar el paradero de los restos mortales de las víctimas. En el mundo, en ocasiones diversas se ha puesto a prueba a las instituciones para que, en el proceso de esclarecimiento de hechos violatorios a las libertades fundamentales, se identifique a personas a partir del hallazgo de sus restos mortales. En Argentina, por ejemplo, la violencia ejercida por motivos políticos durante el régimen militar del siglo pasado en contra de su población ocasionó que, una vez iniciada la transición a la democracia, se requiriera del servicio de las instancias forenses y periciales para encontrar a muchos desaparecidos.

Ante las limitaciones de las instancias gubernamentales argentinas, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas y la organización civil “Abuelas de la Plaza de Mayo” contactaron con expertos en Estados Unidos, a partir de lo cual se convocó a arqueólogos, antropólogos y médicos para iniciar las exhumaciones y el análisis de los restos óseos con una metodología científica. Fue así como se conformó el Equipo Argentino de Antropología Forense, hoy con renombre internacional en la materia, con intervenciones de muchos países, incluyendo a México, en el caso de los feminicidios ocurridos en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Sin duda, es un desafío de gran calado para las autoridades contar con equipos forenses que puedan atender la resolución de un problema de las dimensiones que tiene el tema. Naciones Unidas México, retomando datos de organizaciones no gubernamentales, asume que son 39 mil los casos de occisos sin identificar, cifra que devela las insuficiencias que existen en los tres niveles de gobierno para dar el debido cauce a la justicia, pues un punto de partida básico para ello es determinar la identidad de quienes han perdido la vida.

Es necesario crear las condiciones para que exista una efectiva coordinación entre las instituciones de seguridad pública, las de procuración de justicia e, incluso, las instancias jurisdiccionales, en las entidades federativas y en los distintos niveles de gobierno, para encaminar esfuerzos rumbo a una solución integral. Para ello es necesario contar con conocimientos, recuperación de experiencias en otros países y recursos humanos profesionales y actualizados. 

Bajo este contexto, a finales del pasado mes de junio, se anunció que, como resultado de la conjunción de esfuerzos y recursos entre la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Delegación para México y América Central del Comité Internacional de la Cruz Roja y el proyecto Fortalecimiento del Estado de Derecho de la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable (GIZ, por sus siglas en alemán), se diseñó y se puso a disposición del público la plataforma web identificacionhumana.mx. Este mecanismo digital busca propiciar el diálogo e intercambio técnico de carácter multidisciplinario, en aras de colaborar para determinar la identidad de personas fallecidas que no han sido reconocidas

En la plataforma es posible encontrar la exposición de las etapas metodológicas que tiene que ver con la investigación preliminar; recuperación de restos; reconocimiento y entrega digna de personas fallecidas no identificadas; asimismo se convoca a estudiantes de licenciatura o posgrado para enviar artículos sobre investigaciones en temáticas relacionadas con la individualización humana. Además, se promueve la cooperación científica forense entre México y Alemania, con intercambios de profesionistas de la medicina legal y expertos de universidades de ambos países, con la finalidad de desarrollar proyectos de fortalecimiento de metodologías y técnicas en la materia. También es posible encontrar en el sitio la difusión de artículos, noticias y eventos sobre el tema.

En México se necesita fortalecer la confianza de las personas en las instituciones, cuestión que está condicionada a abatir la impunidad y por garantizar efectivamente los derechos fundamentales, entre ellos, a la verdad y a la memoria. Iniciativas como la reseñada deben ser aprovechadas al máximo, pues abonan a tales objetivos. 

Hoy, en diversas regiones del país, familiares de personas desaparecidas se organizan para buscar a sus seres queridos, entre los miles de personas fallecidas que no han sido identificadas, podría estar una respuesta a sus indagaciones, lo que, aunque lamentable, sería un principio de justicia.

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