Esa fue la etiqueta que se utilizó para promover en la plataforma change.org la petición a los senadores de la República para que Eduardo Medina Mora no fuera ratificado como Ministro de la Corte. La iniciativa surgió de una carta elaborada por los profesores del CIDE Alejandro Madrazo, Catalina Pérez Correa y Jorge Javier Romero. Tuve el honor de haber sido invitado a firmar el documento original, junto con amigos como Aram Barra y Lisa Sánchez, gracias a que formamos parte de un movimiento progresista y plural (el FAP) que busca reformar la política de drogas.
La petición se basaba en el deficiente desempeño de Medina en sus cargos anteriores, en los casos que había perdido ante la Corte y en los evidentes conflictos de intereses en lo que podría incurrir como Ministro. La petición despertó un enorme interés en redes sociales, especialmente después de que Alejandro Madrazo expuso el caso en el programa de Carmen Aristegui y Jorge Javier Romero en otros medios. Así como por el apoyo de personalidades como Denise Dresser, Genaro Lozano, Raúl Trejo, Ricardo Raphael, Eduardo Guerrero, entre otros.
En una semana se obtuvieron 55 mil firmas pidiendo el rechazo a Medina, algo sin precedentes en el país según change.org. Las firmas no solamente generaron y formaron parte del debate sobre la conveniencia de la rectificación de Medina Mora en los medios y en las redes, sino también en el propio debate parlamentario sobre el tema.
Las firmas fueron recibidas por los senadores Mario Delgado, Javier Corral, Angélica de la Peña, Alejandro Encinas, entre otros, que se sumaron al rechazo a Medina. Las firmas fueron citadas en tribuna por los senadores como muestra de la preocupación de un sector de la sociedad con respecto a la independencia y trayectoria de Medina. Se trata, sin duda de un caso de éxito de como la ciudadanía puede utilizar las nuevas tecnologías para opinar e influir en las discusiones legislativas.
Muestra también que el Congreso mexicano carece de mecanismos eficaces para que la ciudadanía participe y sea informada y consultada con respecto a lo que se vota. La agenda de parlamento electrónico, impulsada por los organismos internacionales, contempla no solamente abrir la información legislativa a la población, sino también establecer mecanismos de interacción y participación ciudadana.
En el Reino Unido, por ejemplo, las redes son utilizadas por el Parlamento de manera institucional para labores de escrutinio, para hacerse llegar de información relevante y generar debates con respecto a los temas que discutirán en la Casa de los Comunes. En Argentina, el Partido de la Red se presentó a las elecciones de la Capital, Buenos Aires, con la propuesta de votar en el sentido que indicaran los ciudadanos usuarios de las redes.
El partido no alcanzó a tener diputados pero logró que todas las iniciativas que son votadas por el Congreso de esa capital fueran publicitadas en las redes, para que los ciudadanos opinen y los parlamentarios consideren dichos comentarios antes de emitir su voto. La agenda digital sí es un camino a transitar para hacer a los parlamentos más democráticos, abiertos y transparentes.
La petición en las redes para impedir la ratificación de Medina Mora irrumpió en un proceso cerrado, corto y de escasa discusión para ratificar a un ministro de la Corte. A diferencia de otras democracias, en México no se considera necesario una discusión amplia y exhaustiva con respecto a quienes van a interpretar la Constitución. El presidente no envió una terna con tres candidatos creíbles para que el Senado deliberara, sino a un candidato con el evidente respaldo presidencial. El PAN aceptó participar en el juego e intercambiar su voto por posiciones futuras. Es decir, la ratificación legislativa no sirvió de aduana para impedir el paso a un candidato que claramente no era el idóneo.
En el proceso no se consultaron expertos, no se discutió la trayectoria de los abogados propuestos y no se pidió a la ciudadanía que hiciera llegar la información que tuviera sobre lo mismo. De hecho, esa es una falla grave de nuestros congresos, no tienen la obligación de realizar audiencias públicas u otro tipo de mecanismos para ofrecer información y recoger la opinión con respecto a las leyes que se aprueba. Existe la idea de que la discusión legislativa es exclusiva de los parlamentarios y no, como debe ser, parte de la agenda de asuntos públicos que tiene que ser discutida por todos.
Al final todos perdimos. El país porque no tendrá un buen ministro de la Corte, el gobierno debido a que no ganará credibilidad con esa propuesta y el Senado ya que no sirvió de contrapeso al Ejecutivo y de espacio de deliberación y participación ciudadana. Con todo, se logró un intenso debate nacional con respecto a la propuesta presidencial a ministro que sirve como un antecedente que ya no podrá ser ignorado. La próxima vez que se pretenda postular a un “amigo” para ese cargo quedará claro que la acción será severamente cuestionada.
Se avanzó también en generar una experiencia concreta de participación e influencia en el debate legislativo por parte de los ciudadanos que participan en las redes sociales. Queda claro que la democracia electrónica es una alternativa para empoderar a los ciudadanos y hacerlos actores reales de las decisiones públicas. Falta ahora articular la demanda para que los canales de participación electrónica sean institucionales y obligación de partidos, gobiernos y parlamentos.