A partir del próximo ciclo escolar, madres y padres de familia de Aguascalientes podrán decidir si quieren que sus hijas e hijos tomen o no clases sobre educación sexual y revisar, de manera previa, los contenidos que se impartirán sobre el tema a fin de tomar dicha decisión, según lo establecido con el artículo 4 de la Ley de Educación de la entidad, recién reformada en mayo.
Sin embargo, la medida podría no llegar a cumplirse debido a que la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha promovido una acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma, al considerar que vulnera la rectoría del Estado sobre los contenidos de los programas educativos; el derecho a la educación, sobre todo a la educación sexual, garantizada en el artículo 3 constitucional, y el interés superior del menor.
La pugna impulsada desde la sociedad civil organizada ha provocado que el gobierno local esté en contra de la medida y que el propio Congreso del Estado prevea modificar la ley y eliminar el párrafo que otorga a los padres y madres de familia la posibilidad de regular los contenidos en materia de educación sexual y decidir si sus hijos toman las lecciones o no.
A estas medidas se les ha llamado “Pin Parental”, por que este “pin” es una solicitud por escrito que padres, madres o tutores de menores de edad deben entregar en las escuelas a fin de permitirles participar o no en determinadas actividades educativas, entre ellas las de educación sexual, en caso de considerar que contravienen sus principios. Además de obligar a las autoridades escolares a dar a conocer el contenido de todas esas actividades para poder tomar la decisión.
La discusión no sólo se ha llevado a cabo en Aguascalientes. En el mismo período de tiempo, se presentó una iniciativa similar en Nuevo León, la cual fue rechazada originalmente, pero continua la pugna por volver a intentar implementarla. En la entidad norteña, el proceso se ha realizado en dos etapas: la primera fue la aprobación de la reforma al artículo 7 de la Ley de Educación en la que obliga a que como parte de las actividades educativas se deban crear conciencia sobre el respeto a la vida, “desde la concepción hasta la muerte natural”. La segunda, el intento por reformar el artículo 92 de la misma ley para imponer el “pin parental” en la entidad.
Ante el panorama, la Secretaría de Gobernación (Segob) ha mencionado que “uno de los principios rectores de la educación pública en México es la laicidad que permite, entre otras cosas, el respeto a la libertad de todas creencias religiosas y espirituales para basar la educación en principios universales como la dignidad de todas las personas y los derechos humanos”.
Además de resaltar que sólo las autoridades educativas tienen la facultad de incidir sobre los contenidos educativos y el estado mexicano está obligado a garantizar el acceso a la información y el asesoramiento sobre la salud sexual y reproductiva, por lo que el Pin Parental representa una medida prohibitiva para el acceso a la información.
A pesar del exhorto, aún están pendientes de discutirse en los congresos de Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Guanajuato y Querétaro iniciativas similares. En el caso bajacaliforniano, la iniciativa es de corte constitucional, pues se pretende modificar el texto del artículo 8 de la máxima ley local para “garantizar que los padres externen su opinión” con respecto a los contenidos educativos. En Chihuahua, algunas organizaciones, autodefinidas como a favor de la familia, entregaron a la diputada del Partido Encuentro Social, más de ocho mil firmas para que se discuta en el pleno del congreso una iniciativa similar. En Guanajuato se ha propuesto la inclusión de la perspectiva de familia en el diseño de políticas públicas a fin de inculcar valores y reducir la pobreza familiar.
A propósito del Día Mundial de la Población, a celebrarse este 11 de julio, el Fondo de las Naciones Unidas para la Población (UNFPA) ha hecho un llamado para erradicar tres problemas concretos que impactan de manera directo en el desarrollo personal y colectivo de las niñas y mujeres: mutilación genital femenina, matrimonio infantil y preferencia por los hijos varones.
A través del informe Contra mi voluntad. Desafiar las prácticas que perjudican a las mujeres y niñas e impiden la igualdad , se expone la nocividad de estas prácticas y su impacto en la salud, la educación y el bienestar de las niñas y en sus vidas como mujeres, resaltándose que una de las herramientas con las que cuentan las menores para evitar vulneraciones a sus vidas y sus derechos es la educación sexual integral, pues no sólo les ayuda a evitar infecciones de transmisión sexual y embarazos no deseados, sino que les brinda información sobre sus derechos humanos, el consentimiento y cómo entablar relaciones respetuosas.
En una declaratoria, emitida el domingo pasado, la Segob ha resaltado que la educación sexual integral ayuda a reducir los casos de abuso sexual infantil y embarazo en niñas; las cifras de embarazo en población adolescente y las acciones de discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género o características sexuales. Sumado a que el abordaje de la temática de la perspectiva de género es esencial para garantizar una vida libre de violencias para todas las mujeres y las niñas en el país.
Asuntos de urgente solución en una nación donde, cada año, en alrededor de 340 mil nacimientos, la madre es una mujer menor de 19 años; 4.4 por ciento de las chicas de entre 12 y 17 años están casadas; hay un registro de mil 764 menores de edad víctimas de violación sexual por cada 100 mil y cinco mil menores que han padecido de tocamientos sexuales por cada 100 mil, y siete de cada 10 mujeres ha padecido alguna situación de violencia en alguna etapa de su vida.