¡No vamos a ir como perros a quitarles sus instrumentos!
Eso dijo el diputado priísta Benjamín Medrano al defender su iniciativa de ley que adiciona un artículo al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que tiene por objetivo sancionar hasta con seis años de prisión a quienes operen estaciones sin contar con autorización, según lo consigna en su edición del 5 de octubre el periódico La Jornada.
La frase fue en respuesta al diputado Virgilio Caballero quien les recordó a los integrantes de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía que dicha iniciativa violaba el artículo 7º constitucional, pues además de la prisión también prevé el decomiso de los instrumentos, objetos o producto del delito, cualquiera que sea su naturaleza, a lo que Medrano respondió que no sería él o la diputada Lía Limón, presidenta de la Comisión, quienes hicieran los decomisos, sino el “Estado”, pues no irían como perros a quitarles los llamados instrumentos.
La iniciativa aprobada que se basa en una ley emanada en los tiempos de la dictadura chilena y que ha sido reprobada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fue apoyada por legisladores del PAN, PVEM y del PRI. En la sesión respectiva se esgrimieron argumentos que tienen más de fondo la censura que una supuesta defensa de la “legalidad”.
A diferencia de otros temas, los impulsores de esta iniciativa tienen prisa. Días antes del #19S el diputado por el PRI, Benjamín Medrano, presentó su iniciativa para endurecer las medidas en contra de emisoras que transmiten sin concesión por la vía penal, una vez sucedida la tragedia queda claro que hay muchas más prioridades en materia de telecomunicaciones y radiodifusión para la prevención de desastres y la reconstrucción nacional, sin embargo, este legislador junto con la mayoría de la Comisión de RTC, dan prioridad a una iniciativa que es una reedición de decenas más de propuestas que año con año se mueven en el Congreso para supuestamente atajar la ilegalidad en el uso del espectro, cuando en el fondo responden a una demanda de concesionarios comerciales que se sienten amenazados en sus intereses por parte de grupos sociales y comunidades indígenas que suelen utilizar la radio como herramienta para la denuncia social.
Por eso no es casual la propuesta de Medrano, pues en la discusión de la Comisión el pasado 4 de octubre reconoció sus vínculos con los principales empresarios de la radio en Zacatecas, ¿los diputados de la Comisión no vieron ese conflicto de interés en la iniciativa que aprobaron? Grave.
Igual de grave fueron los argumentos del diputado Miguel Ángel Ramírez Ponce del PRI, que ha trabajado con varios grupos radiofónicos como locutor y directivo, quien aseguró que existen casos de radios comunitarias en Oaxaca y Chiapas que usan el medio para “mal informar y hablar mal del gobierno”. ¿De verdad sólo los medios comunitarios mal informan y los comerciales no? ¿Ahora resulta que si comunidades indígenas y grupos ciudadanos hablan mal del gobierno merece el castigo de cárcel tomando como excusa la falta de autorización? Este legislador no sólo tiene también un conflicto de interés, tiene además un talante censor.
El dictamen aprobado viola además el artículo 1º con referencia a la progresividad y el principio pro persona así como estándares internacionales en la materia que determinan que la utilización de la vía penal en materia de libertad de expresión tiene que utilizarse como último recurso ante casos extremadamente graves, pero muy graves. El uso del espectro en una infracción administrativa no un delito.
Si bien las emisoras sin autorización no son lo mismo que las radios comunitarias, lo cierto es que existen muchas estaciones comunitarias e indígenas que no han tenido las oportunidades para acceder a las autorizaciones, esta situación ha sido ampliamente documentada por años, por lo que criminalizar no soluciona el problema, lo que se requieren son medidas positivas como se ha demostrado en experiencias como Colombia o Uruguay.
¿Por qué la Cámara de Diputados se empeña en aprobar iniciativas que lastiman los derechos humanos, tal como sucedió con los derechos de las audiencias y ahora esta? ¿Por qué los diputados no se preocupan por la falta de cumplimiento por parte del IFT para promover estaciones indígenas donde no las hay como lo establece la ley?
¿Por qué los legisladores no ocupan sus facultades para realizar un análisis de las recomendaciones que recientemente hizo la OCDE para mejorar el desempeño de las telecomunicaciones y radiodifusión en nuestro país como motores del desarrollo?
Como en los mejores tiempos autoritarios, hoy en el país se ejecuta la censura desde distintos poderes estatales y también privados, como recientemente pasó con Leonardo Curzio, a quién se le presionó para acallar las voces críticas de Amparo Casar y Ricardo Raphael. Todo parece indicar una connivencia entre el gobierno y el concesionario.
Tanto lo aprobado por la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de la cámara de diputados como la renuncia de Curzio a su espacio informativo de Enfoque Noticias en el Grupo Radio Mil, son muestras fehacientes de la fragilidad en la que se encuentra la libertad de expresión, del talante censor, de la violación a derechos humanos fundamentales y muestran la endeble calidad democrática en este país.
En otros temas
Después de un procedimiento desaseado y atropellado, la Cámara de Senadores ratificó a Gabriel Contreras como presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones. En lo que quisieron simular como participación de la sociedad civil en el proceso, emitieron una convocatoria de última hora para enviar preguntas para las comparecencias de los candidatos que era tan burocrática como risible, la publicaron el mismo día del #19S dando un plazo hasta el ¡20 de septiembre! Por la tragedia se suspendió, pero al regreso de actividades repitieron el mismo esquema, mejor hubieran dicho que no querían la participación de sociedad civil.
Empañada quedó la designación ante la sospecha nunca aclarada de que hubo alteración en las votaciones para nombrar a Contreras, dejando la percepción de que los dados estaban cargados y eran el candidato del PRI y PVEM, razón por la que ha habido pronunciamientos para que se desmarque de cualquier filiación partidista y defienda la autonomía del IFT.
Felicidades a Contreras que tendrá dos años más al frente del instituto, tiempo que le queda como comisionado, deseo que tenga las condiciones y voluntad para hacer un buen papel como lo ha hecho en muchos temas y mejore otros tantos donde ha faltado decisión.
Batalla de altura dio María Elena Estavillo, quien seguramente seguirá su trabajo con calidad profesional e independencia como hasta ahora lo ha hecho.