Las noticias falsas están de nuevo en el centro de la atención pública. La nueva sección de la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que se pretende descubrir “quién es quién” en la difusión de las fake news, es una táctica cuyo modelo se debe revisar porque, a final de cuentas, todas las instituciones mienten. Unas más, otras menos.
La difusión de noticias parcial o totalmente falsas es parte de la cotidianidad en el nuevo espacio público. Aún más. Es algo muy importante que caracteriza a la lucha por el poder. En política, la mentira, el engaño, la distorsión, la distracción y el ocultamiento de la verdad son recursos que se utilizan frecuentemente.
En la actividad política nos hemos acostumbrado a que nos mientan todos los días. En contraste, también sabemos que el apego a la verdad no solo es deseable desde el punto de vista ético. Es absolutamente necesario, sobre todo cuando se gestiona una crisis. Pero todas y todos sabemos, aceptamos y reconocemos que hablar con la verdad no siempre es posible.
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El derecho a la información garantizado por la Constitución está asociado a la verdad. Pero, ¿qué es la verdad? Aunque existen muchas definiciones, es un concepto muy difícil de precisar. La gran diversidad de perspectivas y la subjetividad que implica llevan a considerar que el término depende de un proceso de construcción constante e inalcanzable, vinculado con la cultura y la conveniencia personal o de grupo.
Para los medios de comunicación en general, y para los comunicadores en particular, la verdad significa “fidelidad a los hechos sobre los que se informa”. No obstante, la definición sigue estando sujeta a la interpretación de cada uno. La diferencia más significativa de estos personajes en relación con los políticos es que el periodista “es alguien que siempre está en disposición de corregir, agregar o aclarar sus informaciones sobre los hechos”.
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Por supuesto que existe una responsabilidad política y ética en el proceso de construcción y consolidación de los valores cívicos. El apego a la verdad es uno de éstos. Sin embargo, la realidad ha demostrado una y otra vez que la mentira no solo es un elemento natural del ser humano, sino también un mecanismo de ataque y de defensa necesario para la subsistencia.
En la actividad pública se conoce a este mecanismo de defensa como mentira política. Algunos investigadores la definen como aquella que dicen los funcionarios a la sociedad con el fin de proteger o mantener el “bien público”. Pero eso no la justifica siempre. Aunque prevalece la confusión y algunas omisiones, las leyes establecen los límites y restricciones a los que todas y todos nos debemos ajustar.
Las fake news no son un asunto nuevo ni propio de las redes sociales. Siempre han existido. Pero hoy han adquirido una dimensión preocupante e inusitada. Para contrarrestarlo, debe quedar claro que la lucha contra la falsedad es un derecho, que también tiene el presidente de la República.
El problema no está en librar la batalla. Está en la forma, el lugar y el formato que se decidió. Está en la confrontación a la que obligadamente se lleva a los actores políticos. Está en la confusión y polarización que se genera en la población. Está en la afectación que tendrá la investidura presidencial, porque el primer mandatario se atribuye una posición de juez, en un espacio en el que su gobierno también es parte.
En democracia, las noticias falsas y las mentiras políticas se pueden atacar de otras maneras. Las conferencias de medios y otros instrumentos de comunicación son efectivos, por supuesto. Por lo tanto, si el problema está en la forma se deben buscar otras opciones más efectivas y menos riesgosas o desgastantes. El espectáculo político no es la mejor decisión.
Las lecciones que han dejado los procesos electorales de las últimas dos décadas apuntan hacia otra vertiente de solución. Los observatorios especializados desempeñan un rol esencial para fortalecer la mayor objetividad posible en el manejo de las noticias y opiniones, porque el poder de una noticia falsa puede ser destructivo e injusto.
Por otra parte, existen los Códigos de Ética para medios y comunicadores. Muchos los tienen, pero desafortunadamente aún hay quienes confunden la libertad de expresión con el libertinaje. O, peor aún, quienes consideran que formar parte de un espacio informativo es un arma impune para responder a intereses que están por encima de la ley.
En los medios digitales y redes sociales la labor es más compleja. Los directivos de las principales plataformas han tenido avances muy importantes, pero el problema se mantiene en niveles muy altos. El camino por recorrer es aún largo y está lleno de obstáculos. La diversidad de interpretaciones, culturas, jurisdicciones y leyes ponen la vara muy alta para encontrar una solución global, la cual se vislumbra hoy casi como una misión imposible.
Recomendación editorial: Estela Morales Campos. La posverdad y las noticias falsas: el uso ético de la información. México, UNAM, Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, 2018.