Opinión

No hay transformación urbana sin transformación legal

El modelo de planeación urbana vigente no puede ofrecer soluciones transformadoras, porque lleva décadas entrampado en un círculo vicioso. | Leonardo Martínez

  • 15/11/2018
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Al menos en el discurso, los nuevos gobiernos que entrarán en funciones en unas semanas incluyen como parte de sus propósitos a la transformación de las ciudades de México. Enorme y complejo propósito si se considera el tamaño de los retos que ello representa.

Comparto desde luego la urgente necesidad de transformar los ecosistemas urbanos para mejorar su funcionamiento y la calidad de vida de la gente, lo cual implica entre otras cosas reducir las desigualdades estructurales e incrementar sus niveles de ecoeficiencia.

Pero para llegar a esa imagen objetivo hay que sortear muchos obstáculos, como el ponerse de acuerdo en cuáles de todos los caminos trazables podrían llevarnos hacia ese objetivo, lo cual de suyo es algo que se antoja difícil y complicado.

Insisto una vez más en que el modelo de planeación urbana vigente no puede ofrecer soluciones transformadoras, porque lleva décadas entrampado en un círculo vicioso del que no salen sino modificaciones cosméticas y marginales. Es el tipo de esquema que identifico como planeación epidérmica porque guarda una congruencia transversal y superficial entre diferentes ordenamientos jurídicos, al tiempo que ignora y descuida las formas en las que los instrumentos se proyectan e inciden sobre los procesos y relaciones que verdaderamente definen el funcionamiento de la ciudad.

Para transformar a las ciudades hay que cambiar los paradigmas de la planeación tradicional, lo cual no se logra sólo declarando que la orientación del desarrollo urbano será dirigida a lo social.

Sería muy enriquecedor propiciar un debate público, serio y abierto sobre el cambio urgente de paradigmas en el proceso de planeación urbana, lo cual implica contar, primero, con un nuevo diagnóstico que abra nuevas avenidas de análisis, y segundo, con un puñado de alternativas innovadoras y disruptivas con verdaderos alcances de transformación.

Pero independientemente de los nuevos paradigmas habría que pasar, en cualquiera de los casos, por una condición necesaria: la modificación del marco legal que rige el desarrollo urbano en nuestro país, no sólo para adecuarlo al nuevo esquema de planificación sino para subsanar un cúmulo de definiciones conceptuales erróneas, vaguedades retóricas, traslapes competenciales así como simples y llanas contradicciones.

Los ejemplos abundan, pero tomo aquí sólo algunos botones al vuelo que me encuentro en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. En el Artículo 3 de la ley se enlistan las definiciones de los conceptos que aparecen reiteradamente en el cuerpo de la ley, como el de centros de población, mismos que son definidos como “…las áreas constituidas por las zonas urbanizadas y las que se reserven para su expansión”. Si bien la misma ley define un área urbanizada, no define qué es o en qué se diferencia de una zona urbanizada, y concibe un centro de población como un área que no incluye a población alguna.

La población sí está incluida sin embargo en la definición de área urbanizada, que dice a la letra: “…territorio ocupado por los Asentamientos Humanos con redes de infraestructura, equipamientos y servicios”. Es decir, aunque en la vida real puede haber áreas urbanizadas deshabitadas, la ley no las reconoce como tales y por lo tanto éstas quedan en el limbo.

En cuanto al concepto de crecimiento, la ley lo define como “…la acción tendente a ordenar y regular las zonas para la expansión física de los Centros de Población”, lo cual es evidentemente un sin sentido pues el proceso de crecimiento per se, ni ordena ni regula.

En un ejemplo más, recurramos a la ley de desarrollo urbano del Distrito Federal, la que incluye varios conceptos que propician el desorden urbano y que tienen que ser modificados de raíz. Uno de ellos es el criterio que determina cuándo una obra tiene que presentar un estudio de impacto urbano, el cual está basado en el área que ocupará el proyecto presentado. Sin embargo en la vida real (más no por lo visto en el imaginario de los urbanistas o del legislador) la generación de los impactos depende mucho más de variables como el tipo de actividades a desarrollar, o del número de personas que hará uso de las instalaciones, que del área simple del predio en el que se piensa desarrollar el proyecto.

Los retos que enfrenta un verdadero ánimo de transformación de las ciudades son enormes, desde definir las posibles estrategias para alcanzar cambios paradigmáticos hasta establecer esquemas viables de instrumentación de los nuevos ordenamientos. Pero independientemente de los caminos que se escojan, será necesario contar con una estrategia congruente de modificaciones legislativas que le allane el camino a los cambios que vienen y que esperamos que sirvan para mejorar la calidad de vida de nuestras ciudades.

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