Dotar a México de un sistema de procuración de justicia profesional, independiente, autónomo, con capacidades técnicas y de investigación, con fuerza legal y sustentado en el estado de derecho y no en el poder político en turno, es uno de los imperativos y anhelos más grandes de la sociedad.
Responder a la exigencia de justicia, negada y dilatada para la mayoría de los mexicanos, especialmente para los que menos pueden, tienen y saben, es una demanda no satisfecha de la que depende la supervivencia del sistema democrático y la paz social. Se trata de combatir la impunidad, el cáncer social que hoy tiene sumido al país en un verdadero “socavón” ante la erosión del tejido social y del viejo sistema de justicia inquisitivo, hoy en proceso de transformación hacia el nuevo sistema de justicia adversarial y a los sistemas anticorrupción y de transparencia.
Para implementar y consolidar estos nuevos sistemas se requieren un sinnúmero de transformaciones y vencer las resistencias de personas y grupos, en ocasiones verdaderos cárteles y poderes fácticos, que se han beneficiado con privilegios, riquezas y ventajas ilegítimas al amparo de ley del más fuerte. Romper la cadena de ilegalidad requiere de una gran fuerza social e institucional en movimiento, tan grande o más fuerte que los intereses creados.
Una de estas acciones, quizá la más importante en la primera etapa de la transformación, es designar a un Fiscal General de la Nación autónomo e independiente del poder en turno, que sirva a ese propósito y no a los intereses creados desde el poder. La sola sospecha de designar a un Fiscal General a modo es algo que debe preocuparnos a todos, pues se pone en riesgo la seguridad jurídica y los derechos fundamentales de los ciudadanos. Un fiscal a modo debilita todas las instituciones de justicia y pone en riesgo una de las condiciones más elementales de la convivencia democrática, la igualdad ante la ley.
#FiscalCarnal
En estos días se libra una cerrada lucha social y política en contra de un fiscal a modo, coloquialmente llamado #FiscalCarnal, a tal grado que la oposición, hoy agrupada en el denominado Frente Ciudadano por México, haciendo eco de la demanda de los colectivos #VamosporMas y #UnFiscalqueSirva y en respuesta a la rectificación necesaria del proceso legislativo, ha elevado su exigencia al punto de condicionar el nombramiento de la mesa directiva de la Cámara de Diputados a la discusión y, en su caso aprobación, de la iniciativa enviada por el Presidente hace más de un año para eliminar el pase automático del actual procurador a la fiscalía general.
Esta batalla trasciende a la persona del actual procurador. No es una oposición a Raúl Cervantes ni un cuestionamiento a los méritos que como abogado pueda tener para ocupar e inaugurar la Fiscalía General de la Nación. Lo que subyace en la negativa al pase automático es la duda fundada sobre su autonomía respecto al grupo en el poder – del que es parte según consta en su hoja de vida – el cual, ante la catarata de escándalos de corrupción, estaría por asegurar un manto protector de impunidad transexenal por los siguientes nueve años, tiempo suficiente para que prescriban eventuales responsabilidades como servidores públicos.
¿Qué obstaculiza a los legisladores del PRI someter a discusión y votación la iniciativa del presidente de la república? ¿Qué impide responder a la exigencia de cientos de organizaciones de la sociedad civil preocupadas por esta situación? ¿Por qué tal resistencia hasta el punto de romper con las reglas básicas del parlamento – como el respeto a los acuerdos internos de los adversarios – e imponer como integrantes de la mesa directiva del Senado a legisladores que no representan al grupo parlamentario del PAN por no haber sido electos por sus compañeros? Hasta ahora no hay explicación convincente, a no ser la declaración hecha a través de sus principales voceros, de que este asunto no es una prioridad o que las maniobras y desencuentros tienen que ver con supuestas divisiones de la principal fuerza de oposición.
El momento del país exige una actuación responsable y serena, que no riñe con la búsqueda de la legalidad y la procuración del estado de derecho. La víspera del proceso electoral y la eventualidad de una nueva alternancia en la presidencia de la república hace imprescindible tomar decisiones de Estado. Es menester actuar por encima de los intereses personales, conducta que hoy se cuestiona en algunos líderes de la oposición.
Una de estas decisiones es garantizar un Fiscal General de la Nación autónomo, profesional e independiente. Sólo así tendrá fuerza legal para asegurar el derecho a la justicia de todos los mexicanos.