En diversas ocasiones me he referido en este espacio a la muy preocupante situación de vulnerabilidad que enfrenta la infancia en nuestro país. Todos los días miles de niñas y niños son víctimas de homicidio, violación y abuso, son explotados sexualmente o reclutados por las organizaciones criminales como halcones o sicarios y sufren de violencia en sus hogares o en la escuela, lo que atenta contra el interés superior de la niñez y hace nugatorio su derecho a la vida, a la paz, a un sano desarrollo, a una vida libre de violencia y a la integridad personal.
Sin embargo, no parece ser un tema prioritario en la agenda nacional y únicamente cobra cierta relevancia cuando se hacen del conocimiento público algunos casos que estremecen a la sociedad como las adolescentes desaparecidas que posteriormente se les encuentra brutalmente asesinadas, pero lamentablemente, por lo general, pronto caen en el olvido y todo permanece igual. Un claro ejemplo de la indiferencia gubernamental respecto a la situación de niñas, niños y adolescentes, es que desde el pasado 5 de febrero en que Ricardo Bucio determinó concluir su encargo en el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), la secretaría ejecutiva que es la responsable de coordinar dicho sistema sigue acéfala.
En días recientes se han difundido las historias de niñas que son vendidas por sus padres “en matrimonio” a cambio de dinero, de tierras, animales u otros bienes principalmente en comunidades de Guerrero, Oaxaca y Chiapas -pero que se extiende a otras entidades como el Estado de México, Tabasco o la sierra tarahumara en Chihuahua-, y que no se trata de casos aislados, sino que es una práctica común basada en sus usos y costumbres.
Cada una de estas historias que han documentado organizaciones como Tlachinollan o la Fundación “Yo quiero yo puedo” es un verdadero drama que se repite por cientos o miles ante la pasividad de las autoridades. Niñas de 12, 14 o hasta 9 años que son entregadas a sus “esposos” quienes las obligan a realizar tareas domésticas, reciben malos tratos e incluso son abusadas sexualmente por otros miembros de sus “nuevas familias”. Además de robarles su infancia, se convierten en esclavas de sus compradores, quienes asumen que deben desquitar lo que pagaron y pueden hacer con ellas lo que quieran.
Ante ello, el director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia señaló que los usos y costumbres no pueden estar por encima de los derechos humanos y particularmente de la niñez y adolescencia que es un sector vulnerable, por lo que el Estado mexicano está obligado a impulsar políticas públicas que incluyan acciones preventivas y de información hacia las comunidades, pero también a identificar riesgos y brindar atención urgente cuando sus derechos sean violentados.
No obstante, la respuesta del presidente López Obrador es desconcertante. Si bien calificó estos hechos como reprobables, pidió que no se estigmatizara a las comunidades indígenas que tienen una gran reserva de valores culturales, morales y espirituales pues la venta de niñas se da en todas las clases sociales, cuando lo que se esperaría es que ordenara la intervención inmediata e integral de las instituciones para poner fin a esta denigrante práctica. Sin duda el matrimonio forzado, la explotación laboral y sexual son delitos que deben ser combatidos sin distingos en cualquier ámbito en que ocurran, pero no estamos ante comentarios racistas e injustos como lo sugirió, sino de la denuncia puntual de una cruda realidad que urge atender.