Todas las propuestas que se han articulado para resolver los problemas por los que atraviesa México, si bien algunas son relevantes, no vislumbran una solución de largo plazo, que dote de sentido y proyecto de país. Con el caso de Ayotzinapa, Tlatlaya y veintitantos miles desaparecidos y muchos más, es necesario preguntarse cuál es el papel de los sindicatos de la educación y las propuestas y actitudes del gobierno para resolver el ínfimo nivel educativo. No es circunstancia que los profesores que bloquean, marchan y acampen, sean de Guerrero y Oaxaca.
La idea del sindicalismo consiste en que los trabajadores puedan coaligarse en defensa de sus intereses. La premisa básica reside en balancear el poder entre trabajadores y patrones. Es una institución, que de suyo, protege a quienes de otra forma estarían en abierta desventaja. Sin embargo, como muchas cosas, incentivos desalineados llevan a que buenas instituciones, terminen siendo más costosas para la propia gente que dicen representar.
Los sindicatos de la educación en México son un buen ejemplo de la perturbación y corrupción. Los son, entre otras cosas, por lo que representan y por las consecuencias que sus actos tienen hacia la sociedad. Nada más y nada menos que la educación de los niños y jóvenes de México. La SNTE (Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación) formado en 1943, es la unión sindical más grande del continente americano y afilia a la gran mayoría de los maestros del país. Por su parte la CNTE (Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación), fue creada en 1979 como disidente del sindicato magisterial. Este último se convirtió en una fuerza opositora al Gobierno y al propio SNTE.
La educación en México, según el artículo 3 de la Constitución, “contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos”. Nada más distante que lo que hacen los sindicatos de a educación. Las casi perpetuas marchas en la Ciudad de México por profesores de la Sección 22; los bloqueos en las carreteras de Guerrero por maestros de la CETEG; el constante campamento que se ha instalado en el Monumento a la Revolución y en el Zócalo de Oaxaca, son muestra no de movimientos por la defensa de derechos colectivos en beneficio de los trabajadores de la educación, sino causa de la corrupción que se ha arrastrado por décadas en el manejo de privilegios e intereses.
En el último bloqueo en la Ciudad de México, los “profesores oaxaqueños” demandaban la inaplicación de la reforma constitucional en materia educativa. Esa reforma que, entre otras cosas, dispone que los profesionales de la educación serán evaluados; que los ascensos se basarán en capacidades y que las plazas no se podrán heredar. Muy básico y simple. Parecieran ser premisas elementales en cualquier circunstancia. Pero el cinismo, cualidad que comienza a definirnos como sociedad, es tan mayúsculo, que los profesores dejan a sus alumnos sin clases, para venir a la Ciudad de México y reclamar que no quieren perder sus privilegios producto de la corrupción. Entre otras cosas, el censo educativo no se pudo llevar a cabo en Chiapas, Michoacán y Oaxaca, por lo que no existe una cifra sobre el número de maestros en esas entidades y, como consecuencia, no se sabe cómo llevar a cabo las evaluaciones a docentes.
Parte de las obligaciones de los profesores consisten en marchar, protestar, bloquear carreteras y montar campamentos. Mientras hacen uso de su libertad de tránsito y expresión, el Estado (nosotros), les pagamos su sueldo y los alumnos están en sus casas porque sus maestros son más activistas y agitadores sociales que docentes. Ni se diga de la calidad y capacidades.
Según algunas cifras, entre 2006 y 2012 en Oaxaca se perdieron 210 días de clases, a causa de movilizaciones magisteriales; nos preguntamos luego por el atraso de ese estado. Lo mismo es en el caso de Guerrero, Michoacán y Chiapas. No es coincidente que sean las entidades con menor índice de desarrollo. Y en ello vamos, dejando a los profesores hacer o que les venga en gana, en perjuicio de la niñez de nuestro país, y en consecuencia de nuestro futuro. Todo a despecho, del famoso interés superior de la niñez que, de ser correctamente aplicado, el Estado deberá de actuar de manera muy diferente ante estas acciones, en beneficio de los estudiantes y no midiendo la intensidad política de los conflictos magisteriales.
No es coincidencia que los estados con menor nivel educativo en el país, sean los más violentos, desarticulados e ingobernables, es más bien una consecuencia. Tampoco lo es, que los jóvenes en masa en esas entidades, sean los más proclives a integrarse al crimen organizado. Los profesores en las calles y los alumnos en sus casas. Sin educación no hay desarrollo social: ley de causa-efecto. Los serios problemas por los que atraviesa México, pueden encontrar solución en la educación. Pero para ello, se debe de convertir en La Política de Estado, no en una más de las reformas estructurales. Hay conflictos urgentes que requieren de soluciones inmediatas, pero si queremos resolver de fondo nuestro futuro, la clave siempre será la educación y, para ello, debemos de ir contra corriente, contra los agitadores de la educación.