Opinión

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Tres historias sobre feminicidio. | Leonardo Bastida

  • 07/03/2020
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Sacrisanta Mosso, madre de Karen y Erick lleva tres años tocando múltiples puertas en búsqueda de justicia. Los asesinatos no han sido resueltos, pero ella insiste en que es el amor que tiene hacia ambos lo que le motiva a seguir luchando para que el asesino de su hija e hijo no quede libre dentro de dos años, pues a pesar de las simulaciones de las autoridades, que siempre le dicen estar haciendo su trabajo, hasta la fecha no ha visto resultados.

Aquella tarde del 4 de agosto de 2016, llegó como de costumbre, de su trabajo de la cocina económica, donde por varios años se había dedicado a las labores culinarias, a casa. Tocó la puerta de su hogar, ubicado en Viveros de Tulpetlac, en Ecatepec, pero nadie contestó al llamado. Pensó que sus hijos habían salido. Permaneció por más de dos horas fuera de su casa, pero nunca aparecieron por lo que salió a buscarles en las inmediaciones pero no obtuvo resultados. Por lo tanto, ingresó a su domicilio por una de las ventanas.

Al entrar, horrorizada, descubrió que los cuerpos de Karen y Erick yacían en el piso del departamento. El de Karen, en el baño, boca abajo, las manos amarradas hacia atrás, con un cinturón enredado en el cuello. Fue asfixiada en un bote de agua, con golpes visibles y signos de haber sufrido una violación. Erick fue asfixiado, con una almohada, en su recámara.

Karen tenía 15 años, era estudiante del CCH Vallejo, quería ser abogada para ayudar a las mujeres que eran violentadas por sus parejas. Lo decidió después de conocer las historias de las madres de algunas de sus compañeras, quienes habían sufrido maltrato o habían sido abandonadas por sus parejas.

Quien cometió el crimen fue un familiar, Luis Enrique, quien era su primo, menor de edad, y que por tal razón, no pudo ser juzgado por el delito de feminicidio. Una situación que para Sacrisanta es totalmente injusta. Por esa razón, ha enfocado sus esfuerzos en buscar modificar la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes y evitar que un menor de edad, como fue el caso del asesino de sus hijos, pueda recibir una condena máxima de cinco años en prisión a pesar de quitarle la vida a una o varias personas.

Para Sacrisanta, una pregunta le ha taladrado la cabeza por estos tres años ¿por qué como madres tenemos que perder todo: nuestros hijos, nuestros bienes, nuestros trabajos, nuestra vida?

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Fue la propia pareja de mi hija quien le truncó ilusiones, sueños, proyectos y su vida, asegura Yolanda, cuya vida cambió el 17 de abril de 2012, cuando su hija, Beatriz Adriana Lara Aldana, fue asesinada por su esposo, Pablo, otros dos hombres y una menor de edad. Si bien estaba casada, aún vivía con su madre en Ecatepec de Morelos.

Aquel abril, Beatriz acudió con su pareja a un domicilio en Tecámac, donde él la había citado. Él quería hablar con ella para insistirle en que tenía que interrumpir el embarazo de cuatro meses que ella le había anunciado. Ella se negó rotundamente a la posibilidad de practicarse un aborto, pues deseaba tener al bebé en gestación. Recientemente había terminado su carrera técnica en estilismo y sabía que podía hacerse cargo de él sin ningún problema.

Al calor de la discusión, Pablo comenzó a golpearla, le asestó varias puñaladas en el cuello y después la estranguló con un lazo. Posteriormente, la envolvió en una bolsa de plástico, pidió apoyo a algunos amigos para que le prestarán un automóvil y lo ayudaran a cargarla, para dejar el cuerpo en la colonia El Charco de Ecatepec.

No actuó sólo, una de sus hermanas, Gabriela, se encargó de conseguir el domicilio donde llevarían a Beatriz y uno de sus amigos, Alan, intervino directamente en los actos violentos que derivaron en el asesinato. Uno más, fue quien prestó el carro para trasladar el cuerpo.

Una vez encontrado el cuerpo de Beatriz y tras llevarse a cabo las indagaciones correspondientes, se detuvo a Pablo, quien reconoció que cometió el feminicidio porque no quería responsabilidades además de considerar que “si ella había sido de él, no podía ser mujer de otro hombre ni su hija o hijo podrían decirle papá a otro hombre que no fuera él”.

Sin embargo, para Yolanda, la justicia aún no se ha alcanzado, pues hubo muchas irregularidades en el proceso de investigación, ya que uno de los victimarios fue considerado como menor de edad a pesar de que no lo era, actualmente en fuga, y por esa clasificación de menor de edad, el delito prescribió.

Además, nunca se consideró culpable a Gabriela, a pesar de su clara participación en la planificación de los hechos, pues los testimonios arrojaron que ella se encargó de que no hubiera nadie en el domicilio donde se cometió el crimen y de convencer a la dueña, su hermana, de que les permitiera pasar allí esa tarde.

En el caso de Pablo, recluido en Otumba, se dictó una sentencia de 70 años con 6 meses, pero entre 2013, año en que se dictó la resolución, y 2018, cambiaron la sentencia por delito de feminicidio a homicidio tras la interposición de un juicio de amparo, permitiéndole la posibilidad de reducir su condena de manera significativa.

Yolanda quiere que se reabra la investigación a fin de que todas las personas involucradas en los feminicidios de Beatriz y su nieta reciban la sanción correspondiente y evitar la reducción de la condena de Pablo. El esfuerzo es arduo, pues la carpeta del caso ha sido reportada como extraviada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

Hoy en día, asegura que quiere estudiar derecho para ayudar a otras madres y familias que viven situaciones similares a la que ella ha vivido.

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Para Silvia Vargas, resulta inverosímil que una chica de 1.70 metros de altura se haya suicidado, colgándose a una altura de un metro con 75 centímetros, y sosteniéndose su peso con un cinturón enredado en su cuello. Esa fue la explicación que le dieron las autoridades de la agencia ministerial de San Agustín, en Ecatepec, con respecto al caso de su hija, María Fernanda Rico Vargas.

De escasos 25 años, María Fernanda había platicado con su madre la tarde del 17 de abril de 2014 para comentarle que ya no deseaba continuar con su relación de pareja debido a la violencia que estaba padeciendo. Un día después, Silvia recibió la noticia de que apareció colgada. Según la policía de investigación, se había suicidado.

En medio del dolor provocado por la situación, Silvia recibió el cuerpo de María Fernanda. En ese momento notó que tenía lesiones en el antebrazo izquierdo, algunas cortadas; los dedos y los nudillos estaban lastimados y había huellas de amordazamiento.

Llena de dudas comenzó a cuestionar la investigación, pues en la carpeta de investigación no se mencionaban dichas heridas. Tampoco hubo una protección del área donde encontraron el cuerpo de María Fernanda, perdiéndose la cadena de custodia y el cinturón con el que supuestamente se cometió el suicidio.

Otro hecho que llamó su atención fue que el día que acudió a la agencia del ministerio público, llegaron a reclamar el cuerpo de su hija un supuesto padre y un presunto hermano, sumado a que se vacíó la cuenta bancaria de su hija. No le quedo duda, la corrupción estaba presente en la investigación ministerial.

Autodefinida como una madre en resistencia, Silvia exige conocer los resultados de la reposición de la investigación del caso, con perspectiva de género y siguiendo la debida diligencia, para que quede claro que su hija no se suicidó sino que fue asesinada ni tampoco era una consumidora de drogas ni de alcohol, como las autoridades quisieron describirla.

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Hay casos de feminicidio como el de Lilia Alejandra García Andrade, ocurrido en Ciudad Juárez, en 2001, y el de Nadia Alejandra Muciño Márquez, acontecido en Cuautitlán Izcalli, en 2004, que no han sido resueltos hasta el día de hoy. A pesar de que han transcurrido más de tres lustros desde el día de los hechos, las familias de ambas continúan exigiendo justicia ante instancias nacionales e internacionales, en espera de que, los casos de Lilia y Nadia sean considerados jurídicamente como feminicidios y se sancione a los responsables así como a los funcionarios públicos que obstaculizaron el acceso a la justicia, pero también, que muchas otras mujeres, no pasen por situaciones similares a las de ellas.

#NueveNadieSeMueve