Opinión

Niñez en riesgo

La violencia contra niñas, niños o adolescentes nos recuerda la necesidad de tomar medidas de fondo para proteger su integridad. | Agustín Castilla

  • 25/10/2018
  • Escuchar

Lamentablemente no pasa mucho tiempo sin que nos enteremos de un nuevo escándalo de violencia contra niñas, niños o adolescentes, lo que nos recuerda la necesidad de tomar medidas de fondo para proteger su integridad y garantizarles un adecuado desarrollo como condición para poder evolucionar como sociedad, pero pronto se olvida hasta en tanto no surge un nuevo escándalo. Entre los casos más emblemáticos me vienen a la mente por supuesto el de Casitas del Sur, Mama Rosa, la ciudad de los niños, Jean Succar Kuri, Marcial Maciel o “calcetitas rojas” pero son incontables.

El más reciente que se difundió hace apenas unos días, ocurrió en el kínder “Marcelino de Chámpagnat” ubicado en la Alcaldía de Gustavo A. Madero, en el que presuntamente un empleado administrativo abusó sexualmente de aproximadamente 37 alumnos de entre 3 y 5 años por lo que al momento 20 padres de familia han presentado denuncia y, ante la inacción de las autoridades, realizaron una manifestación y cerraron una avenida gracias a lo cual este terrible caso se hizo público. Sin embargo todos los días hay muchos otros casos de los cuales no tenemos conocimiento, pero que tienen un enorme impacto en la vida de las víctimas.

La Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas (Adivac) ha señalado que en México hay cerca de 4.5 millones de niñas y niños que han sido abusados sexualmente, pero sólo se denuncia el 10% (alrededor de 450 mil) y de ellos únicamente el 1.5% llega a juicio.

Por su parte, la Red por los Derechos de la Infancia (Redim) afirma que de las 37 mil personas que integran el Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas (RNPED), 6 mil 500 son menores de edad. Es decir, cada día desaparecen 4 niñas, niños y adolescentes en tanto que 3.6 son asesinados, y de cada 100 carpetas que se abren para investigar un delito en el que la víctima es un menor de edad, sólo una alcanza sentencia condenatoria contra el agresor.

Otro dato muy revelador que permite dimensionar el nivel de vulnerabilidad de nuestra infancia, es que 30 mil niñas y niños viven en albergues públicos o privados -la mayoría de los cuales nadie supervisa-, y un número similar no cuenta con cuidados familiares o institucionales, lo que los convierte en “presa fácil” de depredadores sexuales o de las organizaciones delincuenciales, entre muchos otros riesgos. A ello hay que sumarle la realidad que enfrenta la niñez migrante -que no es muy distinta-, así como el embarazo precoz, los matrimonios forzados, discriminación, desnutrición, falta de oportunidades educativas o el trabajo infantil.

A pesar de que recientemente se han hecho algunos esfuerzos importantes, principalmente en materia legislativa con la aprobación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes así como la creación del Sistema Nacional de Protección (SIPINNA), que hace una gran labor en condiciones precarias, lo cierto es que sigue siendo un tema marginal en la agenda pública que no ha contado con el impulso necesario para la implementación de lo mandatado en la Ley, y tampoco existen elementos que nos permitan pensar que será prioritario para el próximo gobierno. Parecen no darse cuenta que además de ser una cuestión fundamental de derechos -sí, los niños tienen derechos y no son sólo sujetos de protección-, lo que está en juego es nuestra viabilidad como sociedad y como país.

¿Por qué no consultan sobre el Tren Maya?

@agus_castilla  | @OpinionLSR | @lasillarota

Para La Silla Rota es importante la participación de sus lectores a través de  comentarios sobre nuestros textos periodísticos, sean de opinión o informativos. Su participación, fundada, argumentada, con respeto y tolerancia hacia las ideas de otros, contribuye a enriquecer nuestros contenidos y a fortalecer el debate en torno a los asuntos de carácter público. Sin embargo, buscaremos bloquear los comentarios que contengan insultos y ataques personales, opiniones xenófobas, racistas, homófobas o discriminatorias. El objetivo es convivir en una discusión que puede ser fuerte, pero distanciarnos de la toxicidad.