¿Que un alto ex funcionario público fue imputado por los delitos de tráfico de influencias, corrupción, violación al secreto de instrucción en relación con una investigación sobre financiamiento ilegal en campañas electorales? Tranquilos señor@s políti@s eso, desafortunadamente no sucede en México, sucede en Francia.
El ex presidente francés Nicolas Sarkozy ha sido imputado por la fiscalía por presuntamente cometer los delitos apuntados. A principios de esta semana, el ex mandatario francés fue puesto a disposición de la justicia por dieciocho horas para rendir declaración, después de la cual, el juez imputó al ex presidente por la comisión de esos delitos. Con el ex titular del ejecutivo francés también fueron imputados por los mismos delitos su abogado y un magistrado del Tribunal Supremo.
La declaración del ex presidente y su posterior imputación ocurren dentro de la investigación sobre el financiamiento ilegal en la campaña presidencial en el año 2007. Además del origen de los recursos que financiaron esta campaña presidencial que van desde el ex mandatario libio Muamar Gadafi hasta la empresa L'Oréal, también se investiga si Sarkozy se valía de ciertos informantes que recababan datos e información sobre el estado que guardaba la investigación sobre el financiamiento de su campaña y que iban del Tribunal Supremo al ex presidente francés. En las recientes investigaciones y escuchas telefónicas ha salido a la luz que tanto el ex mandatario como sus informantes se valían de teléfonos celulares clandestinos y a nombre de otras personas para transmitir la información.
Nada de lo que se investiga en aquel país es novedoso para nosotros: Corrupción, tráfico de influencias, intervención de funcionarios públicos o de políticos en las instancias jurisdiccionales a cambio de otros "favores", cuestionamientos acerca del origen de los recursos que financian las campañas electorales y, hasta los celulares desechables y renovados con mucha frecuencia es una práctica muy recurrida por políticos y funcionarios públicos de nuestro país.
Lo que sí es una novedad es que un ex funcionario de ese rango sea detenido y puesto a consideración de las autoridades jurisdiccionales para rendir declaración por los hechos que sucedieron dentro de su mandato y que, después de ello, haya sido imputado por la presunta comisión de varios delitos.
Se han esgrimido muchos argumentos que pretenden explicar la dureza de las medidas tomadas para que el ex presidente francés rindiera declaración: es una estrategia para impedir que Sarkozy regrese a la política de su país o bien, como lo dijo Sarkozy hacer de la justicia un instrumento de la política.
Lo cierto es que no es habitual en nuestras democracias que los funcionarios públicos rindan cuentas de su actuación mientras ostentaban sus cargos, es por eso que tanta atención llama esta medida. Lo que se ha vuelto una desafortunada costumbre es que políticos y funcionarios públicos, además de no dar explicaciones ni ser responsables por su actuación, han tomado a los medios de comunicación como la arena en la que tienen que ventilar, debatir y exponer sus posturas, en la mayoría de los casos, más interesados por la forma que por el fondo, más preocupados por dar un golpe mediático que les ayude a limpiar su imagen o a desviar la atención hacia otros asuntos, que por realizar un escrupuloso escrutinio de su actuación y contar con todos y cada uno de los elementos que comprueben que su actuación siempre estuvo apegada a derecho.
En nuestro país, como en muchos otros, por diversas razones entre las que se encuentran el fuero y la inexistencia de instancias jurídicas o políticas para exigir cuentas a legisladores, titulares de los poderes ejecutivos por actos cometidos durante su gestión o a funcionarios partidistas, se deja a la ciudadanía en un estado de indefensión. La sociedad -los ciudadanos- carece de mecanismos para exigir cuentas a este tipo de funcionarios que se limitan a ir de entrevista en entrevista y de artículo en artículo intentando lavar sus culpas o dar explicaciones banales sobre las razones de su actuación. Ante lo limitado de la argumentación, la incongruencia y poca solidez de sus razonamientos una es la pregunta surge respecto a su actuación: ¿a cambio de qué lo estarán haciendo? El tiempo será el encargado de develar las ganancias, en dinero y en especie, que obtuvieron por su actuación este tipo de "servidores públicos".
En las últimas tres semanas hemos conocido los casos de la imputación de la hermana del Rey, por la presunta comisión de los delitos de blanqueo de capitales y defraudación fiscal, en España y el de esta semana del ex presidente francés. Estos dos procesos en España y Francia en los que figuras de ese alto nivel tienen que hacer frente y responder de su actuación ante la justicia no hacen sino recordarnos que, en nuestro país, las cosas están muy lejos de acercarse en materia jurisdiccional a lo que sucede en aquellos países. En nuestro país parece operar la lógica inversa: entre más poder se tenga y de mayores recursos se disponga será más fácil evitar o manipular la acción de la justicia. ¿Qué es lo que como país estamos haciendo para combatir esta máxima que resume el fundamento de la actuación de empresarios, políticos y funcionarios públicos en México?