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¡Ni una víctima más!

Como ciudadanos es fundamental denunciar la criminalidad que nos afecta directamente, sin ello promovemos la impunidad.

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Escrito en OPINIÓN el

La hermana de una víctima de secuestro me compartió la experiencia que vivieron dos jóvenes universitarias secuestradas en algún momento de estos primeros tres primeros meses de 2015 en el Estado de México. Dos jóvenes salen de la universidad, se van a estudiar, al café y en la tarde-noche, ocurre el secuestro. Más de un millón de pesos pagados por el rescate, resuelto en menos de 40 horas, sin denuncia alguna.

 

Ante lo sucedido, la hermana de una de las jóvenes me buscó para preguntarme qué podría hacer en términos de atención psicológica porque desde el secuestro, su hermana ha padecido ataques de pánico y síntomas de estrés postraumático que parecen exacerbadas por la madre —quien también resultó muy afectada por el evento—.

 

Esto es sólo una pequeña muestra de las implicaciones psicosociales de este delito, que lamentablemente se han convertido en una cotidianeidad que ha derivado en una serie de círculos concéntricos de dolor en las comunidades de nuestro país. Tales han sido las dimensiones de esta crisis de seguridad ciudadana, que en los últimos dos años la sociedad civil y las autoridades hemos entrado en una discusión en torno a cifras y éxitos perdiendo de vista lo fundamental: No importa cuánto hayan bajado o subido las estadísticas de secuestro, no debe haber ni una víctima más de este delito en México.

 

En 20 años hemos marchado, nos hemos manifestado, hemos exigido y a veces hemos reconocido que ha habido bajas importantes de acuerdo con las cifras oficiales sobre incidencia delictiva. No obstante, estamos aún muy lejos de la erradicación del secuestro. Simplemente recordemos que en 2013, se iniciaron 1,698 averiguaciones previas por secuestro en el fuero común; en 2014, 1,395  y, por último, durante el primer bimestre de 2015, se ha tenido conocimiento de 188 casos en el ámbito nacional.

 

 

Una lectura superficial de estos datos da cuenta de cierto avance; sin embargo, ello implicaría ignorar los graves problemas de registro que aún subsisten en el país (eventos delictivos que la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro define como secuestros y que se clasifican a partir de criterios individuales como otro tipo de ilícitos). Aunado a ello, dicha lectura implicaría relegar la gran cantidad de casos que no fueron denunciados o más grave aún, que parece que perdemos de vista que, cada averiguación previa que se contabiliza corresponde cuando menos a una persona  y una familia más que ha vivido esta terrible experiencia.

 

Como ciudadanos es fundamental denunciar la criminalidad que nos afecta directamente, sin ello promovemos la impunidad y debilitamos su combate, es decir, promovemos el secuestro. Esto obviamente también se lo comenté a la víctima en cuestión, quien no tiene ninguna intención de hacerlo. En primera instancia, ésta es una reacción entendible sobre todo si tomamos en cuenta las deudas que tienen nuestras instituciones con las víctimas. A pesar de las acciones que han sido realizadas,  continúa la urgente obligación de nuestras autoridades para generar condiciones de mayor facilidad para denunciar, trabajar para contar con servidores públicos que sean profesionalmente íntegros, comprometidos con la seguridad humana, los derechos humanos, la justicia universal y sensible ante la vivencia de las víctimas.

 

Urge poner orden en entidades como Tamaulipas, Guerrero, Veracruz, Morelos y Estado de México; urge que las autoridades se comprometan en realizar los esfuerzos que a cada una les toca para combatir, erradicar el delito, reparar el daño y garantizar el acceso a la justicia. No podemos considerar una cuestión menor que, en los últimos 26 meses (enero 2013-febrero 2015), se hayan iniciado 513 averiguaciones previas por secuestro en el fuero común tan sólo en Tamaulipas.

 

Un aspecto que hemos dejado de señalar y es fundamental analizar, es tanto la poca presencia como la cuestionable atención a las víctimas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) desde su creación, el 8 de enero de 2014 (como sucesora de la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos, PROVICTIMA, que fue creada en septiembre de 2011).  Dicha Comisión tiene como función sustantiva apoyar a las miles de víctimas del país para enfrentar las consecuencias del delito, sean estas físicas, psicológicas o incluso relacionadas con la desaparición de un ser querido. La CEAV trabaja con presupuesto, personal y apoyo insuficiente, incluso con un número insuficiente de Comisionados; una comisión nacional que debía contar con comisiones locales por entidad y donde pocos gobiernos locales han cumplido en establecerlas. Es decir, parece que a pocos les importa la atención a las víctimas.

 

Hace unos días participé en la VII Cumbre de las Américas, que se llevó a cabo en la ciudad de Panamá y que es un esfuerzo hemisférico por trabajar en temas comunes, tales como la seguridad. La pregunta constante que otros delegados me hacían es "¿cómo está en materia de seguridad en México?". Mi respuesta ante tales cuestionamientos era siempre la misma: "…hay indicadores que señalan que algunos delitos están bajando... hay entidades con indicadores aceptables de seguridad y hay otras como Tamaulipas, Guerrero y Michoacán que están sumidas en una crisis profunda… Sin embargo, es inaceptable que un país como México, que ha gastado miles de millones de pesos en fortalecer la seguridad no pueda garantizarle ciertos mínimos en esta materia a muchos ni tampoco el acceso a la justicia a la víctimas".

 

Mi discurso obviamente se contrapone a los mensajes triunfalistas de la autoridad, que trató, a lo largo de la Cumbre, de alejarse del tema y de enfocar la atención en las bondades de las reformas estructurales. Pese a todo, no faltaron los contratiempos: Preguntas de los delegados sobre la corrupción en México, sobre "la casa blanca de la Primera Dama" y algunas protestas de participantes sobre la desaparición de los estudiantes normalistas en Iguala.

 

Como Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) logramos poner sobre la mesa de discusión el tema de indicadores de incidencia delictiva homologados para la región, de atención a víctimas del delito y combate a la corrupción en esta Cumbre. Temas que debería capitalizar la autoridad mexicana: potenciar la atención a las víctimas, garantizar la justicia a todos, mostrar un sistema penitenciario respetuoso de los derechos humanos, que evite que quien esté purgando una sentencia no siga delinquiendo y que se genere una auténtica reparación del daño.

 

Es hora de dejar a un lado el discurso defensivo de "vamos mejorando" porque no se trata solo de cuántos casos de delitos o violaciones de derechos humanos hay. ¡Se trata de que todavía los hay! Definitivamente no se trata de cuántas víctimas "menos" se reporten. ¡Se trata de que las hay y no debemos permitir ni una más!

 

El Estado Mexicano en su conjunto debe concentrarse en garantizar la seguridad humana en un ambiente de respeto a los derechos humanos, en un marco de Estado de Derecho. Si efectivamente viéramos señales en este sentido, sabríamos que es verdad que quienes gobiernan trabajan para lo que dicen estar laborando: El bienestar de México.

 

@frarivasCoL

@ObsNalCiudadano