Opinión

Nestora y los derechos humanos

Detrás del calificativo de “secuestradora” utilizado por Meade, existe una estrategia desesperada que se le puede revertir | Adolfo Gómez Vives

  • 28/05/2018
  • Escuchar

En agosto de 2013, la dirigente de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias en Olinalá, Guerrero, Nestora Salgado García, detuvo al síndico procurador Armando Patrón Jiménez a quien se le encontró borrando evidencias del homicidio de dos ganaderos, además de que se le señalaba como responsable del delito de robo de ganado perteneciente a los fallecidos, por lo que probablemente también estaba relacionado con sus homicidios.

El caso de Nestora Salgado

La detención de Patrón Jiménez —por parte de Nestora Salgado— formó parte de la denuncia penal federal en su contra por el delito de secuestro, sobre la cual existe auto de libertad, al igual que en cinco casos del fuero común.

Sin embargo, la controvertida activista Isabel Miranda de Wallace y el empresario Alejandro Martí, presentaron ante los medios de difusión a Armando Patrón Jiménez y a otra persona en calidad de “víctimas” de Nestora Salgado e informaron que continuarían con el proceso penal en contra de ésta.

Como se recordará, la polémica en torno de Nestora Salgado se originó por el uso del calificativo de “secuestradora” con que se refirió a ella el candidato del PRI a la Presidencia de la República, José Antonio Meade Kuribreña, durante el segundo debate.

En este contexto, la Fiscalía General del Estado de Guerrero se apresuró a apelar el auto de libertad de Nestora Salgado, aun cuando debió hacerlo desde marzo de 2016, incluyendo la causa penal del fuero federal sobre la que no tiene competencia. El próximo 14 de junio —es decir a poco más de quince días de las elecciones— el poder judicial local analizará la apelación del Ministerio Público y deberá confirmar, revocar o modificar el dictamen.

Las demandas de Nestora

Nestora Salgado, por su parte ha promovido dos demandas por daño moral contra José Antonio Meade quien, en su afán de reposicionarse ante el electorado como una persona “comprometida con la legalidad”, se ha excedido en sus dichos al calificar a la lideresa de la policía comunitaria como “secuestradora”, cuando aún no existe sentencia en firme en su contra y es muy posible que no exista jamás, en razón de que su actuar fue apegado al artículo 11 de la Constitución Política del Estado de Guerrero y a la Ley Número 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas de ese estado.

El problema de fondo es que la estrategia de José Antonio Meade contra la candidatura plurinominal de Nestora Salgado al Senado de la República, generó el ilícito denominado daño moral, que se sigue por la vía civil y que, de resultar favorable para ésta, derivaría en sanciones para éste.

La estrategia lo exhibe como un sujeto ignorante del Derecho y como una persona que prefiere actuar dolosamente al soslayar el principio de presunción de inocencia respecto de la candidata de Morena, al tiempo que sus pronunciamientos contra la corrupción en casos plenamente documentados como la Estafa Maestra o su intervención en la compra de escáneres aduaneros obsoletos y con sobreprecio ponen en tela de duda la imagen del hombre de Estado que dice ser.

En un tuit difundido el 24 de mayo, el doctor en Derecho Miguel Carbonell dijo puntualmente que “no todos entienden el alcance y significado de la presunción de inocencia. Por eso hay que decirlo siempre: solamente una sentencia definitiva convierte a una persona en culpable de haber cometido un delito. Nada más una sentencia y nunca antes de que se haya dictado”, con lo que queda clara la violación de dicho principio, por parte del candidato Meade.

La constante violación de derechos humanos en México

La discusión en torno de la violación de los derechos humanos de Nestora Salgado por parte de un candidato a la Presidencia de la República no es menor, si consideramos la enorme crisis por la que atraviesa el país en esa materia. El informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 2017 precisa que de las 97 recomendaciones giradas en ese año, 38 fueron dirigidas a instituciones de seguridad o procuración de justicia (39.2% del total), entre las que destacan 13 a la Comisión Nacional de Seguridad, 13 a la PGR, 4 a la Secretaría de Marina y 3 a la Secretaría de la Defensa Nacional.

El informe también da cuenta de la emisión de cinco recomendaciones por violaciones graves a los derechos humanos, entre las que sobresalen los casos de 49 personas encontradas sin vida en Cadereyta, Nuevo León, el caso Nochixtlán, Oaxaca —en el que siete personas perdieron la vida— y sendas recomendaciones a los municipios de Tierra Blanca y Papantla, Veracruz, por los delitos de detención arbitraria, tortura, desaparición forzada y ejecución de varias personas.

El documento de la CNDH demuestra que un alto porcentaje de las violaciones a derechos humanos son cometidas por servidores públicos vinculados a la seguridad o a la procuración de justicia, lo que revela la debilidad de esas instituciones en lo referente a la vigilancia y sanción de sus elementos, pero también a la inexistencia de estrategias de profesionalización y dignificación del trabajo policial, en un contexto dominado por el incremento constante de las cifras delictivas y por el involucramiento de servidores públicos en la comisión de delitos como secuestro, desaparición forzada, contra la salud, entre otros, en la mayoría de las ocasiones en la modalidad de delincuencia organizada.

La aparición de policías comunitarias y autodefensas en Guerrero, Oaxaca y Michoacán ponen de manifiesto la incapacidad del Estado Mexicano por controlar a la delincuencia organizada y sus diversas manifestaciones y la necesidad de los habitantes de esos estados por defenderse de los embates del crimen, cada vez más radicales y violentos. Es claro que en su actuación pueden cometerse excesos, por lo que resulta urgente la generación de protocolos de actuación apegados a los principios constitucionales. Pero es claro también que no es criticando su labor con intereses más políticos que apegados a la legalidad como se resolverán los graves problemas de violencia y derechos humanos por los que atraviesa el país, particularmente en este sexenio.

Violencia de género al alza

@gomezvives @OpinionLSR | @lasillarota

Para La Silla Rota es importante la participación de sus lectores a través de  comentarios sobre nuestros textos periodísticos, sean de opinión o informativos. Su participación, fundada, argumentada, con respeto y tolerancia hacia las ideas de otros, contribuye a enriquecer nuestros contenidos y a fortalecer el debate en torno a los asuntos de carácter público. Sin embargo, buscaremos bloquear los comentarios que contengan insultos y ataques personales, opiniones xenófobas, racistas, homófobas o discriminatorias. El objetivo es convivir en una discusión que puede ser fuerte, pero distanciarnos de la toxicidad.