Opinión

Nayib Bukele crea la tormenta perfecta al gobernar bajo régimen de excepción

El régimen de excepción no sólo es la repetición de políticas fallidas, sino que también refleja el fracaso del Plan de Control Territorial. | Erika Guevara Rosas*

  • 21/06/2022
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"Estamos muy cerca de ganar la guerra contra las pandillas", dijo el presidente Nayib Bukele en su discurso del tercer aniversario de su gobierno. Sin embargo, lo que viven las comunidades marginadas históricamente en El Salvador es una realidad que dista de ese triunfalismo. Hoy, éstas se encuentran atrapadas entre la violencia de las estructuras criminales, y las violaciones de derechos humanos ocasionadas por políticas gubernamentales fallidas y repetitivas, que nada tienen de innovadoras, pero que se han perfeccionado para generar una tormenta perfecta.

Hace tres años tuve una reunión con el presidente Bukele, a unas semanas de su toma de posesión, para presentarle las preocupaciones de Amnistía Internacional sobre la grave situación de derechos humanos. En materia de seguridad le pedimos diseñar e implementar políticas y estrategias que dejaran atrás los enfoques represivos e incluyeran medidas centradas en atender las causas estructurales de la violencia, la prevención de la misma, la reintegración social y la rehabilitación de las personas que incurrieran en delitos. Sin embargo, al inicio del cuarto año de su gobierno, podemos decir con contundencia que ha decidido apostar por las estrategias y políticas ilegales y fallidas del pasado.

El régimen de excepción decretado el 27 de marzo y extendido ya en dos ocasiones, así como las reformas legislativas que le acompañan, son la máxima expresión del ataque a la legalidad y a los derechos humanos. El régimen de excepción no sólo es la repetición de políticas fallidas, sino que también refleja el fracaso del Plan de Control Territorial, una iniciativa opaca, sin rendición de cuentas y sin la participación ciudadana efectiva, a través de la sociedad civil organizada. 

El Salvador tiene la tasa más alta de personas presas en el mundo

La situación en el país es crítica. En casi tres meses, de acuerdo con cifras oficiales, más de 40 mil personas, entre ellas menores de 18 años, han sido detenidas, en su mayoría de forma arbitraria, enfrentando procesos penales sin las más elementales garantías judiciales. El Salvador pasó a ser el país con la primera tasa de personas presas per cápita más alta del mundo. Se calcula que el 1.7% de la población mayor de 18 años está encarcelada. El conocido desastre de la situación carcelaria en el país, con condiciones de hacinamiento que han alimentado la violencia, hoy simplemente es inimaginable. 

Amnistía Internacional efectuó una investigación en el país y encontró que, bajo el régimen de excepción, la policía está llevando a cabo detenciones de forma masiva con base en acusaciones anónimas que no se estarían verificando, sesgos discriminatorios por estrato social o rasgos raciales, por tener antecedentes penales previos de cualquier tipo, por tener tatuajes, por haber denunciado en el pasado abuso policial, o simplemente por vivir en una zona controlada por una pandilla.

Audiencias judiciales sin garantías

Tras ser detenidas, las personas no tienen contacto con el exterior, y son presentadas en audiencia judicial donde en su mayoría son acusadas del delito de "agrupaciones ilícitas", con penas que van de 20 a 30 años de prisión. Durante la detención, antes de ser puestas a disposición de la autoridad judicial, las personas no tienen contacto con su representante legal, ni siquiera momentos previos a la audiencia. Además, las audiencias iniciales son masivas, pudiendo llegar a realizarse contra 500 personas a la vez, y ante la presencia de un par de defensores públicos, quienes desconocen la evidencia sobre la cual la fiscalía sustenta la acusación, dejando a la persona acusada en situación de indefensión. 

Asimismo, se documentaron casos de tortura y malos tratos al interior de los centros de detención. Amnistía Internacional recibió testimonios de varias personas liberadas que describieron los horrores sufridos durante el internamiento. Uno de estos casos fue el de un adolescente de 16 años, quien fue detenido a finales de abril por agentes de la policía y las fuerzas armadas, y privado de la libertad durante 13 días luego de ser acusado del delito de agrupación ilícita.

Durante la primera noche fue encadenado a la pared en un centro de detención policial para adultos y expresó haber sido golpeado por agentes policiales. Posteriormente fue trasladado a un Centro de Resguardo de Menores, donde miembros de una pandilla con quienes compartía celda le torturaron continuamente mediante puñetazos en la cabeza y la cara, patadas en el pecho, abdomen y piernas, y amenazas constantes. Este es uno de los niños que, en el discurso de aniversario, Bukele se vanagloriaba de proteger.

Una de las máximas expresiones de ensañamiento de las autoridades salvadoreñas se refleja en las por lo menos 40 muertes de personas bajo su custodia y la indiferencia con la que han tratado a las familias. Hasta el momento, se desconoce si existen investigaciones imparciales y expeditas sobre estas muertes, y por lo que relatan las familias, no se les ha dado explicación sobre las circunstancias en que sus seres queridos murieron.

En este contexto, es también de grave preocupación la estigmatización y el hostigamiento que enfrentan periodistas, personas defensoras de derechos humanos y operadores de justicia que, aunque no es nueva, se ha exacerbado con el régimen de excepción y las reformas a la legislación penal, que dotan a las autoridades de nuevas herramientas para perseguir, incluso penalmente, a toda aquella persona crítica que sea considerada un obstáculo para el gobierno.

Por años Amnistía Internacional y las organizaciones de derechos humanos hemos demandado justicia para las víctimas de la violencia de las pandillas, pero ésta no puede ser interpretada como la respuesta visceral y flagrantemente ilegal dada por el gobierno de Bukele. Luego de que medios de comunicación independiente denunciaran la supuesta ruptura de una negociación secreta con las pandillas, el silencio y la falta de rendición de cuentas ante las serias acusaciones han sido la norma. 

La justicia y la armonía social sólo se logra con políticas integrales de respuesta y prevención, investigaciones robustas, procesos justos y condenas acordes al delito cometido. La rendición de cuentas por los delitos cometidos por las estructuras criminales será imposible si tiene en su base procesos viciados y una política que enjuicia a personas sin pruebas y sólo por vivir en comunidades azotadas por la pobreza y la violencia.

*Erika Guevara Rosas

Directora para las Américas de Amnistía Internacional

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