La historia sobre la cacería iniciada por María Elena Álvarez-Buylla, directora del Conacyt, y el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, se encuentra llena de astillas, algunas de ellas incluso derivadas de presuntos agravios personales y hasta las biografías de connotadas científicas.
Por ejemplo, es público el escándalo por la exigencia para ser incorporado como miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) por parte de Gertz Manero, porque en algún tramo de su pleito se le cruzó en el camino una de las personas a las que ahora persigue de la mano de la directora del Conacyt.
También es público que Julia Tagüeña, laureada internacionalmente la semana pasada, y Álvarez Buylla tienen perfiles y antecedentes políticos que son en cierto modo encontrados: sus orígenes en España, que las lleva a tener visiones distintas de la ciencia.
Pero más allá de esas peculiaridades que pueden ser meramente anecdóticas, en realidad unieron en una cruzada a Gertz Manero y a Álvarez-Buylla para ir en contra de 31 académicos y científicos universitarios.
Lo que resulta francamente irrisorio, como han documentado desde la semana pasada los periodistas Mariluz Roldán y Marcos Muedano en La Silla Rota, es la manera en que se construyó el caso penalmente hasta llegar al despropósito de pedir meterlos al penal de máxima seguridad de El Altiplano.
Porque viene a la mente otro asunto en manos de Gertz Manero: Emilio Lozoya. Hasta que la periodista Lourdes Mendoza lo balconeó en el restaurante Hunan cenando pato laqueado fue que el fiscal pidió al juez meterlo a una celda, pero ese juez le recriminó porque eso debió hacerlo desde hace 15 meses que lo trajo extraditado de España.
¿Por qué cebarse contra 31 científicos? ¿Por qué inicialmente tenían en mente ir en contra de 52, para finalmente quedar en 31?
¿Por qué retiraron de la solicitud al juez a Leticia Myriam Torres Guerra, cercana a María Elena Álvarez-Buylla?
¿Por qué en uno de esos oficios (FGR/CMI/AIC/PFM/DGIPAM/DEIDF//IP/16354), fechado el 18 de mayo de 2021, se solicitó la identificación de 36 domicilios, entre ellos el de Torres Guerra, actual directora del Centro de Investigación en Materiales Avanzados (CIMAV), en Monterrey?
El expediente de más de 11 mil páginas al que tuvo acceso La Silla Rota está plagado de detalles que incluso rayan en lo irrisorio.
En las miles de hojas quedó el registro de búsquedas en Google, rastreo de cuentas se Skype, revisión de páginas de internet y notas periodísticas por parte de los “investigadores” de la FGR para saber a quién estaban persiguiendo, para integrar las pruebas y sustentar la acusación por presunta delincuencia organizada.
Llegaron al colmo de suponer el deceso de uno de los científicos que persiguen, supuestamente hallado muerto en una carretera en Michoacán, e incluso en un caso habían hallado procesos penales en su contra… pero para su mala suerte se trataba de homónimos.
A Tagüeña Parga, que parece ser quién más tirria les causa a Gertz y a Álvarez Buylla, la FGR le encontró su cuenta de Skype, su correo electrónico de gmail y copió y pegó su semblanza que aparece en la página del Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Asimismo, revisó su declaración patrimonial y sus cédulas profesionales.
Otro detalle fue cuando el juez le negó a la FGR otorgar las órdenes de aprehensión. Eso ocurrió en dos ocasiones, en una de ellas la lección de Derecho a la Fiscalía es monumental:
“Finalmente se estima que la actuación que se atribuye a los activos, estuvo amparada por el espectro de la legalidad, pues en la época en que se reprocha la realización de tales actos delictivos, las disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología, en la época de los hechos; la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; y, el Estatuto Orgánico del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en la época de los hechos, se encontraban vigentes; lo que implica que los activos (científicos) actuaban amparados en esas disposiciones, las cuales quedaron derogadas o abrogadas una vez que se reformaron, en el caso, de la Ley de Ciencia y Tecnología, por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de noviembre de dos mil veinte y, el Estatuto Orgánico del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de febrero de dos mil veinte”.
Y la cereza del pastel:
“Para un sano desarrollo y la efectiva ejecución de este tipo de solicitudes, es esencial que la Fiscalía haga un primer análisis de los datos de prueba que soportan su solicitud, los filtre según su perecía y refiera únicamente aquellos que se relacionan con estos elementos básicos que justifican su petición”.
Hay una parte de la historia en torno a un cheque que al parecer es parte de las pruebas del Conacyt, pero ese documento no fue cobrado… lo que apunta a ser una trampa en la que no cayeron los ahora acusados.
El asunto sigue su curso, pero hasta donde es visible se percibe un ánimo vengativo, pero sobre todo, muchos errores por parte de la Fiscalía que parece dar tumbos en esta investigación.
Punto y aparte. Pedir a Lorenzo Córdova explicar en el pleno de la Cámara de Diputados su plan de presupuesto para el INE fue una celada de Morena. Fueron seis horas de descalificación y adjetivos contra el consejero presidente del Instituto. No, Córdova no es un perfecto servidor público, pero se lució ante los porros.
Punto final. Marko Cortés está en serios problemas. Y la alianza cruje.