Opinión

Narcogenerales, realidad vs. ficción

Como abogado litigante en materia penal militar, considero que 8 de cada 10 militares procesados y sentenciados en la justicia militar son inocentes. | César Gutiérrez

  • 27/10/2020
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En el escenario nacional tenemos diversos ápices: a) la putrefacción política en cada una de las curules, b) la incompetencia de funcionarios de alto nivel ante los mexicanos y c) los agravios a las fuerzas armadas y sus corresponsabilidades. A continuación explico.

Los agravios a las Fuerzas Armadas y sus corresponsabilidades

Como lo he establecido en mis anteriores columnas, el escenario político-militar seguirá estando candente y debemos tener claro lo siguiente: la Secretaría de la Defensa Nacional es un organismo político-administrativo del poder ejecutivo, que, de acuerdo con sus misiones generales, se alinean a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y sus programas sectoriales. Aquí es donde se establece la planeación estratégica y táctica de las operaciones militares, así como su despliegue en todo el territorio nacional. Ahora bien, como Cuartel General Superior, es quien forma el teatro de operaciones conformado por las regiones y zonas militares. Esto quiere decir, que el Jefe del Estado Mayor es el brazo derecho del General Secretario, y sus funcionarios de la Plana mayor son corresponsables de lo que pase o deje de pasar en todo el Ejército.

El secretario de la defensa nacional no actúa de manera aislada del Poder Ejecutivo, por tal situación, la cofradía del poder en el Generalato había mantenido sucesores en cada sexenio, para mantener una hegemonía de poder. 

Pero siendo muy claros, en México juzgamos a las personas por notas periodísticas y no por la realidad jurídica que existe en los expedientes judiciales. Lo digo así porque es la realidad, ya que durante los últimos veinte años me he dedicado a la defensa profesional y jurídica de diferentes militares, muchos de ellos generales del Ejército mexicano, jefes, oficiales y personal de tropa, en asuntos que han sido sumamente relevantes en los sucesos nacionales e internacionales, y todos los casos coinciden en que la información que se publica en diferentes medios es totalmente distinta a lo que existe en las causas o carpeta judiciales. Ya sea que tergiversan la información o la inventan. En estos más de 20 años nos tocó un cambio muy radical en la política en el país, pasando de un partido único hegemónico y totalmente poderoso como el PRI, a la alternancia de poder entre lo conocido como el PRIAN, hasta llegar a el triunfo del presidente Andrés Manuel López Obrador y su Cuarta transformación.

Estos asuntos militares que han sido de gran trascendencia para la imagen de las Fuerzas Armadas, pero en especial la del Ejército mexicano, tienen un común denominador muy claro, en todos los asuntos de relevancia, se ha utilizado la tortura como medio de autoincriminación del personal militar, tanto por la extinta policía judicial militar, ahora policía militar ministerial. Por medio de torturas hacen que el personal militar incrimine a superiores, compañeros y se autoincriminen, no importando que en la gran mayoría de los casos se demuestre que existió tortura por parte de la autoridad militar, y que se demuestre por medio de los peritajes de ley e incluso con los protocolos de Estambul, para la autoridad judicial tanto militar como federal eso es pecata minuta y no es tan importante o trascendental, cosa totalmente inaudita, ya que se demuestra que es solo una simulación para seguir protegiendo a la justicia de mando o los intereses del gobierno en turno.

Lo que afirmo, lo compruebo con muchos casos que han sido relevantes en el país y que han sido contra militares acusados por presuntos nexos con el crimen organizado, como en el caso de mi señor padre el General de División DEM Jesús Héctor Gutiérrez Rebollo. Se torturaron a poco más de treinta elementos militares y civiles, entre ellos el que escribe esta columna, aún en mi calidad de civil y que denuncie desde 1997 y públicamente en el año 2012 en el programa de la periodista Carmen Aristegui, cuando aún tenía su espacio informativo en noticias MVS señalé que una de las personas que ordenó dichas torturas fue quien era el secretario particular del entonces secretario de la defensa, el general Tomás Ángeles Dauahare. Curiosamente, a él también le tocó ser señalado y acusado de vínculos con el narcotráfico y después quiso victimizarse en este sexenio. Es importante señalar que a mi señor padre lo juzgaron junto con los capitanes Horacio Montenegro Ortiz y el Capitán Javier García Hernández, ambos libres y absueltos de todas las falsas imputaciones que se les realizó junto a mi señor padre, pero que pasaron más de 15 años para poder demostrarlo. 

Otro de los casos es el del General Brigadier Ricardo Martínez Perea, a quien acusaron en el sexenio del presidente panista Vicente Fox de supuestamente proteger al Cártel del Golfo. Se le juzgo por parte de la justicia militar por un anónimo que no tenía ni siquiera su nombre y que se demostró que salió de las instalaciones de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), pero que en su consejo de guerra curiosamente estuvo conformado por otro general de muy dudosa reputación: Rafael Marcial Macedo de la Concha. 

A Rafael Marcial Macedo de la Concha se le conoce como parte de la famosa cofradía del poder que ejercía en la SEDENA desde los tiempos de Cervantes Aguirre, utilizando sus influencias para condenar o absolver a quienes ordenaran desde el alto mando. Curiosamente, en el caso de Martínez Perea no hay una sola prueba de su supuesta vinculación o protección a narcotraficantes, en específico con Gilberto García Mena alias “El June”, sí, ese que dicen es familiar del Senador de Nuevo León Samuel García. “El June” fue absuelto por el Tercer Tribunal Colegiado en materia penal del Estado de México, por lo que los cargos contra el general Ricardo Martínez Perea tendrían que ser retirados de forma inmediata, ya que si el supuesto narcotraficante que según ellos protegía no es narcotraficante para las leyes mexicanas, por consiguiente el general no pudo haber protegido a un narco que para la justicia mexicana no es ni fue narco.

La realidad es que la justicia militar no puede ni quiere aceptar su errores y todas las violaciones jurídicas y de derechos humanos en la causa penal del general, pero todavía mejor dentro de la causa penal del general se le acusó a dos oficiales más, al teniente Quevedo y al Capitán Maya, quienes en teoría configuraban el delito de delincuencia organizada. El capitán Pedro Maya quien nunca presentó el amparo directo y lo hizo hace algunos años, salió totalmente absuelto de todos los cargos por ser inverosímiles y falsos, de acuerdo al tribunal colegiado que lo concedió. Nadie, o muy pocos, sabían que para incriminar todos los medios de comunicación se prestan, pero para absolver no pasa de tres renglones en la parte más escondida de una nota sin importancia.

Otro de los casos en los cuales me tocó formar parte y representar, es el del General de Brigada Manuel de Jesús Moreno Aviña, a quien se le acusó de liderar el famoso pelotón de la muerte en el operativo conjunto Chihuahua, como comandante de la guarnición militar de Ojinaga, Chihuahua, pero que pocos medios se han interesado por saber la verdad histórica y jurídica de dicho caso. El caso es muy distinto a lo publicado en los medios de comunicación, ya que se les acusa a elementos de la Tercera C.I.N.E. (Compañía de Infantería No Encuadrada), de haber detenido a civiles por haber matado a un elemento militar y que los militares supuestamente detuvieron para interrogar y torturar, donde supuestamente después lo ejecutaron y quemaron sus restos, lo cual quedo supuestamente demostrado con la declaración del sargento hojalatero Andrés Becerra Vargas, quien fue el elemento militar clave en el caso Ojinaga. esta persona fue quien acusó bajo presión y torturas a sus compañeros militares, esto obviamente por elementos de la extinta policía judicial militar. Lo más increíble de este caso es que la fiscalía de justicia militar (antes Procuraduría General de Justicia Militar), comprobó el supuesto hecho con los restos de un pedazo de hueso de un mamífero.Sí, así como lo escuchan, se determinó que con ese hueso, que no saben si pertenece a un hombre, mujer, perro, marrano o gallina, existió una ejecución extrajudicial. Lo más importante en este asunto es que la justicia militar prefirió sacrificar al General Manuel Moreno Aviña y a los elementos de la Tercera C.I.N.E. de Ojinaga, para proteger a quien era el verdadero responsable: el General de Brigada Felipe de Jesús Espitia Hernández. Él era el verdadero responsable del operativo conjunto Chihuahua, al ser el comandante de la 5/a Zona Militar, quien daba las órdenes y era el encargado del operativo. Sí, ese que tiene decenas de denuncias por tortura y desapariciones forzadas. 

Nuevamente, la justicia militar utilizó a la Fiscalía Militar y los órganos de investigación para torturar a personal militar de tropa, oficiales y jefes, para proteger la cadena de mando, y qué creen, también hay peritajes y protocolos de Estambul que demuestran las torturas por parte de los judiciales militares, también hay elementos militares que salieron absueltos después de años de pagar con cárcel por acusaciones falsas obtenidas bajo torturas de militares a militares. Resulta curioso que la autoridad judicial militar tuvo que renunciar a juzgarlos por ser la autoridad civil la competente para hacerlo, con fundamento en el artículo 57° fracción segunda del código de justicia militar, mismo que fue reformado por la jurisprudencia emitida en la corte interamericana de los derechos humanos por el caso de Rosendo Radilla contra el estado mexicano. Así se determinó que cuando elementos militares cometan actos posiblemente constitutivos de delitos contra civiles, serán las autoridades civiles las encargadas de juzgar a los elementos militares, por lo que un juzgado federal tuvo que juzgar a los elementos militares; y qué creen, también permitió que aun cuando se demostró que hubo detenciones ilegales, declaraciones tomadas bajo tortura por la judicial federal militar, les dio valor probatorio pleno para sentenciar a personal militar, tan es así que el general Manuel Moreno Aviña fue sentenciado a 52 años de prisión, con declaraciones obtenidas bajo tortura y con un peritaje de un hueso que no saben si es de pollo, marrano o becerro.           

Todos los casos anteriores demuestran que la justicia militar es una justicia de mando, que no respeta los debidos procesos, que tortura, que inventa y que protege al escalafón de la jerarquía militar. Recuerdo haber pedido en su momento una reforma integral a lo que ahora es la Fiscalía General de Justicia Militar para que se respetaran los derechos procesales y humanos del personal militar, pero la respuesta siempre fue la misma, los delincuentes no tienen derechos, de acuerdo a sus palabras, me surgen varias preguntas: ¿entonces el general Cienfuegos Zepeda no tiene derechos por ser acusado de Narcotráfico por el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica? ¿Por qué la justicia sí debe ser revisada para el alto mando y no para la tropa, oficiales y jefes? ¿Por qué al alto mando sí se le tienen consideraciones y se pide no condenar hasta que sea sentenciado, pero al personal de tropa, jefes y oficiales se les trata como delincuentes desde una imputación?

Es importante señalar que de acuerdo a mi experiencia como abogado litigante en materia penal militar, considero que 8 de cada 10 militares procesados y sentenciados en la justicia militar son inocentes, y fueron imputados y sentenciados para proteger las acciones de mando, así como a la jerarquía cupular de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Ahora que se acaba de ordenar la creación de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, se debería crear por parte del Congreso de la Unión, una comisión para revisar cada uno de los procesos a los que han sido y están sometidos el personal militar. Esta revisión les permitirá darse cuenta que 80% de los casos son inocentes que están pagando por haber sido torturados para autoincriminarse e incriminar a compañeros militares, con la única intención de proteger a militares de mayor rango, ojalá este caso sirva al alto mando militar para revisar la justicia militar, desde la fiscalía general de justicia militar y los juzgados militares. Todos los días se cometen injusticias en perjuicio de lo más importante que tiene el Ejército mexicano, que es el material humano, su personal que es el que hace grande a la institución.

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