Opinión

Narcodemocracia

La amenaza de la intervención económica del crimen organizado en las elecciones en México continúa latente. | José Luis Castillejos

  • 15/11/2021
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La amenaza de la intervención económica del crimen organizado en las elecciones en México continúa latente. Los capos de la droga han sabido adaptarse al escenario democrático y se han acomodado en diversas regiones, negociando con el poder en turno sin importar las siglas partidistas, pues sólo les interesa operar en la impunidad.

Frente a ello sólo queda una ruta: “Un mayor blindaje a través de la Fiscalía General de la República, Secretaría de Gobernación, inteligencia militar y financiera y la Comisión de Fiscalización del INE para evitar la infiltración del dinero del narcotráfico”, alertó el Consejero Presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, Oswaldo Chacón Rojas.

El experto electoral ha llegado a la conclusión de que aunque en México existen aislados esfuerzos por combatir la infiltración poco se ha avanzado para atenuar las inevitables distorsiones que genera la falta de control del dinero ilícito en la política

En diálogo con La Silla Rota, Chacón Rojas Oswaldo Chacón Rojas, Doctor en Teoría Política por la Universidad Autónoma de Madrid, especialista en Derechos Humanos por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid, y Maestro en Estudios Amerindios por la Casa de América, dijo que “este fenómeno continúa siendo una de las preocupaciones centrales de las democracias contemporáneas”. 

El experto que es catedrático de Derecho Electoral y Teoría Política en la Universidad Autónoma de Chiapas y ha sido presidente de la Comisión de Fiscalización Electoral de Chiapas (2005-2011) y coordinador del “Estudio diagnóstico sobre fiscalización electoral del proceso electoral 2012” del entonces Instituto Federal Electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo México, consideró que el debate sobre el tema ha adquirido relevancia a partir de la relación narco-poder.

La inevitable relación que existe desde hace muchos años entre dinero, partidos políticos y campañas electorales continúa siendo ame­nazada por la influencia del crimen organizado, los grandes grupos económicos, los particulares adinerados, las agencias internacionales, las fundaciones políticas y los fondos secretos, dispuestos a violentar la transparencia y la equidad en las contiendas. 

En particular, el debate ha adquirido mayor relevancia en los últimos años, a raíz del empoderamiento de las bandas delincuenciales vinculadas al negocio del narcotráfico en algunas democracias, y su interés por influir financieramente en los procesos de renovación del poder, señaló.

Pero, aclaró, la amenaza del crimen organizado está muy lejos de ser exclusiva de un país o de una región. “Estamos hablando de redes transnacionales que representan una seria amenaza para la seguridad y para las libertades de los ciudadanos a escala global”, enfatiza en un estudio que data del 2010 realizado sobre la materia titulado “Narcofinanciamiento y elecciones la perspectiva de la fiscalización electoral”.

Sin embargo, aclaró, México constituye un caso paradigmático de estados enfrentados a la amenaza de la intervención económica del crimen organizado en las elecciones

Nadie puede ocultar que los gobiernos que emergieron de la transición (del PRI hacia el PAN) no pudieron evitar el enquistamiento del narcotráfico en la política, sobre todo en la esfera local. 

Los capos de la droga han sabido adaptarse al escenario democrático; se han acomodado en municipios, demarcaciones y entidades, negociando con el poder en turno sin importar las siglas partidistas, pues sólo les interesa operar en la impunidad, enfatizó Chacón Rojas.

“Existen evidencias ministeriales de que el narco patrocina campañas, candidatos y partidos políticos, como parte de un intercambio para la protección de sus actividades criminales desde las distintas posiciones legislativas y ejecutivas dentro del Estado mexicano que sus patrocinados ocupan”, dijo en un estudio de hace una década pero que el autor dijo que sigue vigente.

Chacón Rojas que ha publicado, entre otros, “Teoría de los derechos de los pueblos indígenas. Problemas y límites de los paradigmas políticos”, editado en 2005 por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, aseguró que los actores políticos han tomado nota de la preocupación ciudadana por esta situación, y han generado políticas y estrategias tendientes a combatir al crimen organizado y su patrimonio. 

La responsabilidad de implementar estas acciones es del Poder Ejecutivo del Estado, de ahí que no es de extrañar que en México, el gobierno del presidente panista Felipe Calderón haya convertido la lucha contra el narcotráfico en la parte medular de su mandato. 

Durante esa administración, el gobierno mexicano había venido generando una serie de políticas criminales a través de diversas dependencias, como la Procuraduría de Justicia, la Secretaría de Hacienda, e incluso el Ejército. 

En esa estrategia, cuya continuidad se desconoce, la infiltración de dinero de estos grupos a las campañas ha representado una de las mayores preocupaciones. 

En consecuencia, además de orientar los trabajos de las dependencias gubernamentales a la tarea de blindar las campañas políticas de la recepción de fondos ilegales provenientes del narcotráfi­co, el gobierno y los propios partidos políticos han involucrado en esta actividad a las instituciones responsables de la organización electoral y el cumplimiento de la ley en la materia, recordó.

Para el cumplimiento de esta tarea, la autoridad electoral ha dispuesto de su amplio y completo esquema de control y fiscalización electoral, el cual resultó fortalecido con la histórica reforma de 2007 que creó la Unidad de Fiscalización, con la cual se buscó profesionalizar y especializar la función fiscalizadora atribuida a la autoridad electoral.

Paralelamente se reforzaron los principios de transparencia y rendición de cuentas en cuanto a la vigilancia de los recursos, tanto públicos como privados, que son utilizados por los partidos y agrupaciones políticas nacionales. 

Esta Unidad, así como las demás reglas de control derivadas de la reforma, fueron presentadas en su momento como instrumentos pertinentes para mantener una relación clara y transparente entre la política y el dinero

Sin embargo, en los hechos la estrategia de control ha cumplido parcialmente con las expectativas, de acuerdo con Chacón Rojas que opinó que no cree que haya un sólo valiente que se atreva a afirmar sin cortapisas que en los comicios posteriores a la reforma no ha habido un peso del crimen organizado canalizado a una campaña. 

Más que aliados de los candidatos los narcos son, en realidad, sus jefes porque gracias a sus recursos y a la presión de su aparato coercitivo es que pudieron llegar al poder algunos políticos

En varias regiones desde el 2010 y antes, las decisiones políticas las estaban tomando los cárteles del narcotráfico; ellos son quienes quitaban y ponían candida­tos y quienes en realidad gobernaban, señala el estudio de Oswaldo Chacón.

Un informe de la BBC estima, por su parte, que cada año entran a México, desde Estados Unidos, entre US$19.000 y US$29.000 millones de dólares producto de actividades ilícitas, especialmente el tráfico de drogas.

Una parte de los recursos vuelven a Estados Unidos o se transfieren a paraísos fiscales. Otra más sirve para la operación de los carteles de la droga, como la compra de armas y vehículos, y el resto pasa por la economía formal de México, dicen especialistas y el Estudio Binacional de Bienes Ilícitos elaborado por los gobiernos de ambos países.

Para evitar el lavado de activos, el gobierno mexicano estableció un nuevo programa que limita los depósitos bancarios a 100,000 pesos, monto casi similar para las compras en efectivo de autos, casas, joyas o aviones.

Resolver el problema no es nada fácil y frente a ello lo que queda es una mayor fiscalización para frenar la narco-bonanza en varias regiones en México donde campea el narco.

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