En marzo de 2019, el presidente López Obrador anunció la apertura de expedientes del CISEN a partir de 1985, algo que ya había hecho Vicente Fox, pero previo a ese año.
La pandemia ha impedido que se conozcan los frutos de esa apertura, salvo algunas publicaciones que dan cuenta de cómo los organismos de inteligencia del país espiaban a personajes que le eran relevantes o incómodos, escritores, periodistas, políticos.
Ahora que se ha comprobado por voz de dirigentes de partidos que el narcotráfico impone candidaturas a diversos puestos de elección popular en varios estados del país, en particular en la región de Tierra Caliente, que abarca porciones de los estados de México, Michoacán y Guerrero, vale preguntarse si los órganos de inteligencia están haciendo algo al respecto.
De acuerdo con fuentes partidistas, este modo de operar del narco también se repite en algunos estados del norte del país, como Sinaloa, Chihuahua, Tamaulipas, e incluso preocupa San Luis Potosí.
El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, ha dicho que él personalmente no ha recibido ningún caso de alguien que haya sido amenazado u obligado a dejar una candidatura en esa entidad.
La semana pasada, el periodista Raymundo Riva Palacio difundió en su columna de El Financiero que Zudikey Rodríguez, candidata a alcaldesa de Valle de Bravo, en el Estado de México, fue secuestrada y amenazada por narcotraficantes para que dejara la candidatura. El escándalo llevó a dirigentes a tratar de contenerlo, para que no surgieran más casos como el de Zudikey, quien ya ha presentado la denuncia respectiva.
Integralia detalla que entre septiembre de 2020 –inicio del proceso electoral– y el 30 de abril de 2021, contabilizó 169 incidentes de violencia política en México, que dejaron 210 víctimas, de las cuales 143 fueron mortales y el resto resultaron heridas.
Etelekt advirtió que en el país han ocurrido 476 acontecimientos catalogados como agresiones en contra de candidatos y políticos. De ellos, la consultora detalla que 79 fueron homicidios contra políticos y candidatos. En total han sido agredidos 282 candidatos de 31 estados y 205 municipios de México. El estado con más casos es Veracruz con 45; le siguen Guerrero con 23; Oaxaca y Michoacán con veinte, y Puebla con 18.
En este espacio les conté justo en marzo de 2019 la historia de un pueblo en la sierra de Durango a donde llegaron en una avioneta un grupo de pasajeros que eran candidatos.
“Lo que me sorprendió fue ver a hombres armados por todos lados. Debido a que el lugar donde se haría el mitin aún estaba sucio, integrantes de la campaña se dispusieron a barrer. Varios de los hombres, con pistolas al cinto, tomaron las escobas y ayudaron en la limpieza”, narró una persona que contendía por una diputación federal en 2018 ahí en Durango.
Según el testimonio, supuestamente era el jefe de plaza de ese lugar quien autorizaba llevar a cabo mítines en ese poblado.
En mayo de 2008, en pleno sexenio de Felipe Calderón, se denunciaron una serie de actividades que llevaban a la conclusión de que el entonces CISEN: daba “seguimiento” al Congreso, aunque la oposición pensó que en realidad era espionaje. El escándalo llevó a diputados y senadores del PRI y PRD a exigir la destitución del director del organismo de inteligencia, Guillermo Valdés Castellanos.
En julio, en medio de la exigencia de su salida del CISEN, Valdés se reunió con periodistas extranjeros para explicarles que el Centro no se dedicaba al espionaje.
Sin embargo, el Financial Times publicó que una de las revelaciones que les hizo Valdés fue que “el Congreso no está exento, no descartamos la posibilidad de que el dinero de las drogas se haya infiltrado en las campañas (de legisladores)”.
Senadores de todos los partidos opositores al entonces gobernante PAN exigieron en ese momento que denunciara los nombres de esos legisladores supuestamente implicados. Quien era el presidente, Felipe Calderón, los ignoró y no pasó absolutamente nada.
El 26 de mayo del 2009 fueron detenidos de un solo golpe 11 presidentes municipales, 16 funcionarios y hasta un juez en el estado de Michoacán por la Policía Federal Preventiva y el Ejército por presuntos vínculos con el crimen organizado. Finalmente, casi todos resultaron exonerados.
En su libro “El siglo de las drogas”, Luis Astorga relata los nexos de políticos con el tráfico de drogas registrado desde los tiempos de la Revolución Mexicana, hace más de 100 años. Gobernadores, legisladores... metidos en el boyante negocio.
Lo inquietante es que este gobierno autodenominado como la “cuarta transformación” y que se jacta de que está terminando con muchas lacras del pasado, siga dejando actuar al narco y al crimen organizado como el gran elector.
Se sabe entre pasillos que el gobierno actual tiene datos de varios casos relevantes, pero no hace nada y, alertan, hasta podrían asumir posiciones de poder.
Punto y aparte. Poco a poco irán ocurriendo declinaciones en favor de candidatos de la alianza opositora a Morena en varios estados. También habrá llamados de intelectuales y académicos para empujar votos contra el morenismo.
Punto final. Cuando un militar con su uniforme puesto habla en público de sus “enemigos”, y tiene al lado a su comandante supremo, hay que registrar el mensaje... y a quién va dirigido.