Hay preocupación entre las grandes cúpulas empresariales sobre la propuesta que presentó hace unas semanas el líder del sindicato minero y Senador, Napoleón Gómez Urrutia, respecto a la iniciativa que reforma al artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo en materia de salarios caídos.
Nos aseguran que de aprobarse la iniciativa, saldría más caro el caldo que las albóndigas, sobre todo al gobierno federal, ya que implicaría un fuerte impacto presupuestal que no se ha estimado ni tampoco se ha considerado. El documento prevé eliminar el periodo para el cálculo de los salarios caídos, que en la actualidad es de 12 meses.
Lo más relevante del asunto es que la iniciativa ya generó una creciente inquietud entre las más altas esferas del sector privado, porque de aprobarse, se regresaría a la situación que prevalecía antes del 2012, cuando los litigios laborales se extendían por varios años; muchas veces por decisión de los mismos abogados para obtener una mayor indemnización, pero con un grave impacto para la planta productiva.
Sin embargo, esta misma preocupación, ya empezó a permear entre algunos analistas del gobierno federal, quienes ya estiman las consecuencias para el erario, debido a que el pasivo laboral de Pemex, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y 101 organismos descentralizados, entre otros entes públicos, se rigen bajo la Ley Federal de Trabajo, por lo que esta ley, le costaría muy cara a la actual administración.
Lo que también llama la atención de la propuesta es que no se incluyó en la Reforma Laboral que se aprobó hace unos meses y tampoco estaba en la agenda del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Por lo pronto, los empresarios ya empezaron a cabildear con los senadores, ya que este miércoles se citó a comisiones para dictaminar la iniciativa de Gómez Urrutia, con el fin de subirla al pleno este jueves.
Integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) aseguran que la propuesta no corresponde ni se alinea al propósito del presidente López Obrador, de fomentar la inversión para estimular el tan ansiado crecimiento económico.
¿Una raya más al tigre?
Nos cuentan que la Secretaría de la Función Pública podría abrir una investigación en contra del Superdelegado federal en Jalisco, Armando Zazueta Hernández, a quien señalan de emplear a varios de sus allegados en puntos estratégicos con fines netamente político electorales.
Nos dicen que al gobierno federal ya se le juntaron las quejas contra Zazueta por varias irregularidades, incluso, nos cuentan que las inconformidades llegaron hasta en el Instituto Nacional Electoral, de Lorenzo Córdova y a la Fiscalía General de la República, de Alejandro Gertz Manero, por posibles delitos electorales.
Sigue polémica por etiquetado
En medio de la discusión legislativa sobre el etiquetado frontal de alimentos, se llevó a cabo un foro científico donde Susana Socolovsky, presidenta del Congreso Latinoamericano de Ciencia y Tecnología de Alimentos, rechazó el modelo que se propone para México.
En su ponencia, advirtió que en el “etiquetado de advertencia” que se propone inhibiría las innovaciones tecnológicas en la producción de alimentos, debido a la generalización de productos independientemente de su composición nutrimental.
La científica advirtió que de aplicarse en el país, el 95% de los productos del supermercado quedarían señalados con inexactitudes en cuanto a supuestos riesgos de ingesta. Sin embargo, los legisladores insisten en que el nuevo “va porque va”.
Así las cosas…