El Estado de Derecho es un componente fundamental para que una sociedad pueda vivir en armonía. Es ineludible que se imponga el respeto a la legalidad por parte de los gobiernos municipales, estatales y el poder judicial, para el buen desarrollo de nuestra sociedad.
En últimas fechas se ha desatado una ola de violencia e inseguridad que está impactando en todo el país. La Secretaría de Seguridad Pública no ha logrado coordinar con las diferentes entidades federativas las medidas para prevenir y garantizar la seguridad pública, por lo que los criminales están aprovechando los diversos problemas sociales que aquejan colectivamente a los ciudadanos mexicanos, que tienen como origen diversas causas, los cuales son utilizados de fachada para realizar agresiones y supuestas demandas en contra del Ejército y la Guardia Nacional.
Esta descomposición, por ejemplo, ha generado incluso invasiones de predios. Como lo que está sucediendo en la sindicatura de Aguaruto, en Culiacán, Sinaloa. En donde los criminales están utilizando la violencia –portando armamento- para amenazar a los propietarios. Lamentablemente las autoridades locales a pesar de saber esta problemática, brillan por su ausencia, ante una exorbitante impunidad que no se comprende, ni se justifica.
De la misma forma, los hechos suscitados en el poblado de Aguilillas, Michoacán es de mucha preocupación. Los grupos criminales utilizan a mujeres y jóvenes, poniendo en peligro la integridad de los ciudadanos y de las tropas. Cuando comienzan a atacar buscan el choque con los elementos militares para justificar el exceso de la fuerza, siendo siempre el parapeto ante los Derechos Humanos, por eso surgen los siguientes cuestionamientos ¿Dónde queda el estado de derecho? ¿Por qué tenemos que soportar a los criminales que hagan lo que quieran? ¿Por qué tanta impunidad?
Aunado a lo anterior, se ha presentado otro fenómeno. Los grupos criminales están asaltando con la mayor impunidad las carreteras México-Querétaro, Monterrey-Nuevo Laredo, Coatzacoalcos-Villahermosa, Querétaro-San Luis Potosí y la de Puebla-Córdoba y la Tinaja, Veracruz. Despojan de sus bienes a ciudadanos que trabajan día a día para llevar el sustento a su casa. ¿Por qué tanta omisión de los gobiernos estatales y municipales? ¿Dónde están las fiscalías? ¿Dónde está el poder judicial?
Toda esta falta de quehacer en materia de seguridad, ha incrementado las problemáticas que, hasta el momento, no se han solucionado. Es necesario hacer un llamado a los gobiernos estatales para que dejen de lado sus intereses personales y se pongan a trabajar. Es necesario que el ejecutivo meta mano en las fiscalías, tanto federal como en los estados, ya que no se logran materializar las detenciones en vinculaciones a proceso y sentencias condenatorias.
Se requiere hacer lo necesario en la procuración de la justicia para que el poder judicial pueda sentenciar a delincuentes. En la parte de la judicialización se deben lograr concretar los procesos correctos para obtener el ejercicio de la acción penal, y así castigar a todos esos criminales que tanto dañan a México. Basta de tanta impunidad, pongámonos a trabajar sin pretextos. México tiene sed de justicia, ¡ya basta de tanta omisión!
La seguridad pública en un país democrático recae en las fuerzas policiales de carácter civil, eso me he cansado de repetirlo en muchas ocasiones. Curiosamente son los elementos militares quienes tienen que estar sosteniendo a la Guardia Nacional, de no ser así, nos hubiéramos tardado una década en poder tener cien mil elementos realizando el trabajo que realizan como guardias nacionales. Sin embargo, la crítica y denostación es el pan de todos los días. Vemos cómo son atacados, insultados, calumniados los elementos de la Guardia Nacional, y aun así todos cuando los necesitan agradecen el trabajo de ellos y de las Fuerzas Armadas. Incluso sus más grandes detractores reconocen que en estos momentos sería imposible regresarlos a sus cuarteles para que se encarguen única y exclusivamente de sus funciones constitucionales, que son la seguridad nacional y la seguridad interior como lo establece la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley orgánica del Ejército y Fuerza Aérea
Estados como Tamaulipas, Jalisco, Michoacán, Guerrero, solo por señalar algunos gobiernos estatales, exigen que las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional vayan a protegerlos. Efectivamente, resulta curioso que en la mayoría de esos estados hay grupos criminales que utilizan las mismas tácticas, se infiltran en las diferentes comunidades y se manifiestan contra el personal militar. Usan a grupos de derechos humanos para atacar y difamar. Utilizan a medios de comunicación afines locales para difamar y atacar a los elementos militares y de la Guardia Nacional, justificando incluso las agresiones contra los elementos militares. Siempre buscan crear polémica mintiendo y acusando a los militares sin pruebas y con información tergiversada, para hacer sensacionalista la noticia y proteger los intereses de los grupos criminales de la zona. Esta información, curiosamente, es retomada por medios de comunicación nacionales que lo exhiben como una verdad irrefutable. Me pregunto ¿si los militares son tan malos, para qué quieren que los protejan? Si el personal militar supuestamente es quien genera la violencia, ¿por qué buscan que sean ellos quienes enfrenten a los grupos del crimen organizado?
Siempre hablan del personal militar pero nunca de los verdaderos responsables que son los delincuentes, de los encargados de la seguridad municipal o estatal, de los presidentes municipales y gobernadores. Todo es culpa del personal militar y eso que son los únicos que no han permitido que el crimen organizado se apodere de las diferentes regiones azotadas por la inseguridad en el país.
Me encantaría que hubiera un día…. solo un día sin militares en el país, para que pudieran valorar su trabajo y lo que hacen por todos los mexicanos. El esfuerzo y trabajo de los militares no es valorado.
Por último, la detención de Luis Cárdenas Palomino la madrugada de este lunes en el municipio de Naucalpan en el Estado de México ha sido un acierto grande de la FGR. Se le detiene por la tortura a la que fueron objeto el hermano y sobrino de Israel Vallarta Cisneros, para obligarlos a incriminarse y aceptar ser integrantes de una banda de secuestradores. Éste es sólo el primer paso de las demás acusaciones que pesan en contra de quien fuera el número dos de la Seguridad Pública del país. Recordemos que durante dos sexenios, junto con Genaro García Luna, ambos fueron encargados de la Seguridad Pública y de investigaciones del país, con todo el poder. Se les acusa, entre otras cosas, haber recibido sobornos y apoyar a un grupo criminal como el de los Beltrán Leyva, y en su momento el Cártel del Pacifico o el de Sinaloa. Existe una orden de captura con fines de extradición para que sea juzgado en una corte de los Estados Unidos de Norteamérica, por lo que no será difícil ver en unos meses a Cárdenas Palomino –muy probablemente– como testigo colaborador de la Fiscalía General de la República y de la Fiscalía General de Estados Unidos.
Muchos políticos, empresarios y pseudo especialistas de seguridad andan preocupados. Los secretos que sabe este personaje son de gran calado, veremos hasta dónde llega esa lealtad de las mafias en el poder. Por lo menos, veremos shows como el del todavía gobernador de Michoacán Silvano Aureoles, que quiere por todos los medios hacerse la víctima ahora que deje de tener fuero y termine en la cárcel, utilizando el ya tan recurrido pretexto de ser un perseguido político.