Estas fueron las palabras aludidas por el presidente de la República, para señalar a quienes nos llenamos de indignación por la corrupción e impunidad alrededor de la fuga de Joaquín Guzmán Loera El Chapo.
Porque detrás de una decisión mediática está proteger a un servidor público como lo es, la remoción del director de inteligencia de la Policía Federal, para trasladarlo a la división científica de la misma dependencia, según el portal de Ana María Salazar. Entonces, ¿En qué consiste la traslación de un mando a otra área de igual responsabilidad sin que sea sancionado por la fuga de El Chapo?
Porque en el Programa Nacional de Seguridad Pública 2014-2018 publicado en el Diario Oficial de la Federación del 30 de abril de 2014, el diagnóstico ahí señalado es, que el Sistema Penitenciario Nacional -conformado por los centros penitenciarios del ámbito federal y local-, ha fallado en su función de evitar que algunos internos continúen delinquiendo.
Porque el mismo programa afirma que, entre otros problemas, hay sobrepoblación, insuficiencia de personal de seguridad y custodia, carencia de manuales de procedimientos para el uso de la fuerza y falta de control de personal, que garantice la seguridad y evitar fugas, como las que por tácticas y operaciones, el presidente de la República pide a la ciudadanía que con enojo e ira no se resuelva este problema.
Por supuesto que no puede resolverse con enojo, cuando en 2013 la sobrepoblación en centros penitenciarios es casi de una cuarta parte de su población normal y a un año de entrar en vigor el nuevo Sistema de Justicia Penal (oral) y cuando en todo el país se producen 22 millones de delitos y solamente 22 mil de ellos causan sentencia. Terrible.
Ni tampoco puede responsabilizarse a la institución de la Secretaría de Marina, lo que conforme a derecho le corresponde a la Procuraduría General de la República, como lo es, la investigación y recaptura de delincuentes, como El Chapo.
No podemos decirnos sorprendidos y ahora enojarnos, cuando fueron llamados a ejercer cargos públicos relacionados con la operación de los centros penitenciarios, a personajes con dudosa y corrupta reputación en cargos de similar equivalía. La responsabilidad es del nivel de la autoridad que los convocó y les permitió ejercer una función cuando eran conocidos sus antecedentes.
Los ciudadanos no debemos sentirnos enojados o iracundos, cuando la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la PGR le hayan permitido a la organización delictiva de Guzmán Loera, seguir conservando cuentas bancarias y bienes materiales para mantenerse vigente y contar con los recursos económicos necesarios para pagar personal y material para la excavación del túnel por donde se fugó el capo.
No podemos llamarnos enojados, cuando es un asunto de Estado y no de partidos políticos en el poder, toda vez que es la segunda ocasión que escapa El Chapo de compurgar una pena en cárceles mexicanas, cuya clase política prefiere voltear a otro lado, que reconocer que la impunidad y la corrupción medró y se enquistó en los subsistemas de seguridad y político, que para donde apunten los señalamientos de las investigaciones, se abre alguna rendija o puerta, por donde escurren y escurren intereses ajenos al servicio público integrados a la corrupción, dañina para el país.
No. La verdadera razón no es el enojo ni la ira que provoca el escape, sino la burla de que fue objeto el gobierno, aquí y en el extranjero.