Ha pasado un año desde que los mexicanos ordenaron en las urnas un cambio democrático de fondo y un cambio del régimen político. Los ciudadanos optaron por un candidato que prometió que desde el primer día de su gobierno se erradicaría la corrupción y la impunidad; por un candidato que prometía un Estado democrático y de derecho; que acabaría con la violencia, la inseguridad y la pobreza; y que el país crecería mucho más que en los gobiernos anteriores. ¿A siete meses de gobierno habrá motivos para celebrar?
El gobierno actual se ha caracterizado por tres tendencias con muy graves consecuencias para el desarrollo nacional: el desprecio por la ley, un centralismo autoritario y un populismo clientelar.
Desprecio por la ley
A pesar de la multicitada frase “al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie”, el gobierno ha ido en contra de este principio en muchas ocasiones. La más grave ha sido el Memorándum del 16 de abril con la que el presidente instruyó a los secretarios de Hacienda, Educación Pública y de Gobernación para actuar por encima de la ley en materia de la reforma educativa, lo cual atenta contra el Estado de Derecho.
Otro ejemplo son las consultas populares, hechas al margen de la Ley Federal de Consulta Popular, creada para garantizar la imparcialidad y la transparencia de las mismas; y que violaron el art. 35 de la Constitución. También se hicieron leyes a modo, como la “Ley Taibo” y modificaciones al reglamento del SAT para poder nombrar a su titular, y se ignoraron los requisitos de cédula profesional o experiencia para nombrar a funcionarios de alto nivel en Pemex.
Y el caso más reciente es el de las siete suspensiones definitivas decretadas en contra del aeropuerto de Santa Lucía por no contar con estudios de impacto ambiental; la autorización del INAH; ni con los estudios en materia de seguridad requeridos por la ley. Así como el altísimo porcentaje de adjudicaciones directas llevadas a cabo por el gobierno que asciende al 76% de los contratos realizados, según cifras de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.
Centralismo autoritario
El centralismo autoritario ha sido característico de este gobierno y al contar con la mayoría en el Congreso de la Unión éste ha sido aún mayor, ya que el Ejecutivo ha ejercido un control casi absoluto sobre el Legislativo, a través de una mayoría mecánica y cerrada al diálogo, afectando con ello al equilibrio de poder.
En cuanto al Poder Judicial, el grupo parlamentario de MORENA presentó una iniciativa para aumentar de 11 a 16 el número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Esto atentaría contra el equilibrio de poderes, ya que de sumarse esos cinco magistrados con los dos ya nombrados por el presidente y el que tendrá que nombrar en el 2021, contaría con el respaldo de la mitad de los magistrados de la Suprema Corte.
Otra muestra de éste centralismo ha sido la creación de los “superdelegados”, figuras diseñadas para competir con las autoridades estatales y municipales; así como las amenazas hechas desde el Senado de “dictar la desaparición de poderes” a los gobernadores que criticaran al gobierno federal.
También constatamos que no se garantizó la autonomía de la Fiscalía con las reformas impulsadas por Morena; y el ataque a los organismos autónomos mediante la reducción del presupuesto al Instituto Nacional Electoral en 950 millones de pesos o a la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 162 millones de pesos. Populismo clientelar
La popularidad, mezclada con la polarización y el populismo, son una amalgama que puede causar mucho daño. No obstante, ésta ha sido la línea del populismo clientelar del presidente. La prioridad ha sido la de la asignación directa de recursos por encima de otros programas de desarrollo e inversión, consultas a mano alzada, así como la confrontación como estrategia política.
Muchos errores ha tenido este gobierno y quizá uno de los más graves ha sido el que en nombre de la austeridad y de un supuesto combate a la corrupción, el sector salud padezca hoy de una crisis por desabasto de medicinas. Pacientes con VIH tuvieron que protestar debido a que no podían seguir con sus tratamientos. Mientras tanto, en la licitación para el segundo semestre de 2019, el 64% de las partidas fueron declaradas desiertas y en lugar de atender el desabasto, se anuncia una gira presidencial por los hospitales, como si esta fuera la solución.
Otro grave error ha sido la desaparición del subsidio para las estancias infantiles, que apoyaban a madres solteras que trabajan o estudian. De acuerdo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos ésta fue es una medida regresiva “con la que se violan diversos derechos humanos de las personas usuarias y beneficiarias de los centros de cuidado y atención integral infantil”.
Otra decisión con graves consecuencias fue la de retirar los apoyos económicos a los refugios para mujeres víctimas de violencia, para sustituirlos con subsidios directos, poniendo con ello en riesgo a las mujeres, niñas y niños, que recibían atención en estos centros. Y aunque se anunció que al final sí los apoyarían, según la Red Nacional de Refugios aún no les han liberado los recursos económicos.
Hoy México enfrenta grandes retos. En materia de seguridad el primer semestre del 2019 se encamina a ser el más violento desde que se tenga registro con aproximadamente 17 mil víctimas de homicidio doloso.
En cuanto a la pobreza, de acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), 9.4 millones de mexicanos viven en pobreza extrema y el 50.6% de la población tiene ingresos insuficientes para comprar la canasta de alimentos, bienes y servicios básicos[1].
Y en cuanto a la economía, el IMSS dio a conocer que en mayo se registraron únicamente 3,983 nuevos empleos lo que representa una reducción de 88.3% respecto del mismo mes del año pasado. Y en la más reciente encuesta del Banco de México los analistas recortaron los pronósticos de crecimiento del país a 1.1%
En conclusión, no hay nada que celebrar. La felicidad no se da por decreto presidencial sino por hechos y promesas cumplidas. Es urgente que el gobierno federal rectifique el rumbo. El desarrollo de nuestro país no llegará si no es en democracia; acompañado del pleno respeto por la ley y las instituciones; por el federalismo; por los contrapesos y el equilibrio de poderes; y garantizando los derechos fundamentales.