Mariana estaba parada afuera de la casa de una amiga cuando fue asaltada por cuatro sujetos, quienes viajaban a bordo de un auto Vento, que proporcionaba servicio de transporte privado a través de la aplicación Uber, en Puebla. La ultimaron de un balazo y dejaron su cuerpo tendido a media calle.
Una vez más, personas que prestaban servicios de traslado a través de herramientas digitales para celular estaban involucradas en asesinatos de mujeres. En la misma entidad, en septiembre, el caso de Mara había desatado revuelo. Ella fue violada y asesinada por un chofer de Cabify.
La situación en Puebla no ha sido exclusiva de las usuarias de este tipo de transporte. Nazaria desempeñaba varias profesiones para sustentar sus gastos y los de su familia, sobre todo los de su hijo de 10 años, quien vive con un padecimiento cardíaco. Ella era maestra por las mañanas y más tarde, era operadora de un taxi, además de atender una tienda de abarrotes y un café internet en su natal San Jerónimo Tecuanipan. Como muchas tardes – noches, salió a trabajar su taxi, pero no regresó. Su cuerpo fue ubicado sin vida en el paraje Los Frailes, con huellas de haber sido violada, asfixiada y golpeada.
No pasa una semana en que no se reporte la desaparición o el asesinato de una mujer en territorio poblano. Datos del Observatorio de Derechos Sexuales y Reproductivos indican que en los últimos cinco años se han registrado 324 feminicidios en la entidad, siendo este año, uno de los más preocupantes, ya que en los últimos 10 meses se han perpetrado 87 casos.
Ante este contexto, organizaciones de la sociedad civil y recientemente la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CDNH), han exigido la declaratoria de la alerta de violencia de género en Puebla a fin de que se puedan propiciar las condiciones para implementar medidas urgentes que pongan fin al contexto de violencia feminicida presente en la entidad.
Dicho mecanismo es único en el mundo y derivó de la aprobación de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en 2007. Su objetivo es erradicar la violencia feminicida y/o la existencia de un agravio comparado: distinciones, restricciones o derechos específicos diversos para una misma problemática o delito, en detrimento de las mujeres, trato jurídico en desigualdad de circunstancias o aplicación desigual de la ley; que impidan el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres.
Puebla, Tlaxcala (por segunda ocasión) y la Ciudad de México, que ha registrado más de 260 expedientes de feminicidio entre 2012 y 2016 y el cuestionamiento a las autoridades por parte de organizaciones como el Observatorio Nacional contra el Feminicidio por el caso de Lesvy. Las tres han sido las últimas entidades en las que la sociedad civil y aliadas y aliados han buscado la manera de comenzar el proceso de petición e investigación de la misma. En el caso de la capital mexicana, recién se dio entrada a la solicitud que conllevará seis meses de investigación. En el de Tlaxcala, se volvió a ingresar tras un primer rechazo en agosto de este año y ahora se vuelve a pugnar por ella después de lo ocurrido por Jazmín, quien fue asesinada por sus compañeros de trabajo, porque “los tenía hasta la madre”.
La primera vez que se emitió una alerta de género fue en julio de 2016, para 11 municipios del Estado de México, los que registraban mayores índices de violencia feminicida. Entre los argumentos principales, esgrimidos por organizaciones de la sociedad civil, estaba que entre 2005 y agosto de 2010 se registraron 922 casos de homicidios de mujeres, con un incremento de 100 por ciento de homicidios de mujeres de 2005 a 2009, de 98 a 205 casos. Las cifras no han disminuido. A un año de la declaratoria de la alerta se registraron 263 casos durante 2016, de acuerdo con el Observatorio Ciudadano en contra de la Violencia, Desaparición y Feminicidio en el Estado de México, y este año, algunos registros informales han arrojado la cifra de 207.
La situación no es muy diferente en otras entidades como Colima, Chiapas, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa y Veracruz, donde se han decretado alertas en el último año y se continúan registrando feminicidios, incluso, en mayores cantidades que cuando se decretó la alerta.
Al respecto, como parte del mecanismo de seguimiento de las alertas, la CNDH presentó, el pasado martes, el Diagnóstico de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como integrante de los grupos de trabajo que dan seguimiento a los procedimientos de Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres, en cuyo contenido resalta la falta de datos fidedignos y transparentes sobre los asesinatos de mujeres ante la poca operatividad del Banco Nacional de Datos e Información sobre casos de Violencia contra las Mujeres, un ente que ya debería funcionar en su totalidad.
Otro aspecto detectado fue la dificultad para acreditar penalmente el feminicidio y la necesidad de dotar de presupuesto suficiente y enfocado a las instancias involucradas en la implementación de las alertas. Mientras tanto, la violencia contra las mujeres sigue siendo una escena de lo cotidiano.
Sentada sobre un polín recargado en unos tabiques, que funge como banca, en medio de un patio que combina partes de tierra suelta con piso de cemento, una adolescente de 13 años mira hacia el suelo con ojos llorosos. Escucha las palabras de una mentora, pero no borran la tristeza de su rostro. El sábado pasado quiso ayudar a su madre en el puesto de chicharrones que pone los fines de semana cerca de la zona de Chiconautla, Ecatepec, Estado de México. La distancia entre el puesto y la tienda no es de más de 30 metros, pero por más corta que fuera, no se escapó de que un hombre de mayor edad a la suya, la comenzará a abordar, le dijera que era muy bonita y quería platicar con ella mientras le cerraba el paso. Alcanzó a llegar a la tienda y el incidente no paso a mayores, en apariencia. A casi una semana de los hechos, la anécdota no se le olvida, por el contrario, le aterra, le recuerda que vive en uno de los municipios más peligrosos para las mujeres en este país y probablemente, en América Latina, de los primeros con alerta de violencia de género en el mundo, donde cada semana y media, en promedio, se asesina a una mujer y permanecen en silencio los abusos sexuales que padecen.
