Opinión

Mujeres: Dos mundos

Una realidad que ha llegado al hartazgo por tanta impunidad. | Manuel Fuentes

  • 11/03/2020
  • Escuchar

El hartazgo contra la violencia a las mujeres ha llegado a límites inalcanzables por la sociedad enferma en la que vivimos y autoridades que se encuentran rebasadas para atender este grave problema. Los feminicidios, los secuestros, las violaciones sexuales y las agresiones que viven día a día no paran.

Los últimos datos proporcionados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública señalan que en el año de 2015 ocurrieron 411 feminicidios, en 2016: 604, en 2017: 741, en 2018: 892 y en 2019 la cifra llegó a 980 feminicidios, cifras crecientes que solo reflejan el nivel de impunidad e incapacidad gubernamental.

De estas cifras tan solo de 2015 a 2019 la suma total de feminicidios fue de 3 mil 628, representando un incremento de un 138.44%, de acuerdo con datos oficiales.

¿Cuántos de estos feminicidios se han convertido en un expediente arrumbado en los ministerios públicos?, la absoluta mayoría, ni el 2% de estos casos en manos de autoridades se han resuelto.

El feminicidio como delito es considerado del orden común y por tanto su investigación y persecución está en manos de los gobiernos de los estados y del gobierno de la Ciudad de México, el gobierno federal no atiende estos casos, salvo cuando son atraídos por estar relacionados con delitos federales.

¿Cuántos de esos ministerios públicos cuentan con policías de investigación especializada en ese tipo de delitos? Hay lugares en que ese tipo de oficinas están en las cabeceras municipales y dotadas apenas de un escritorio y una máquina de escribir y los más avanzados, de una computadora de hace cinco años y sin internet.

Mujer y pobreza se consideran sinónimos. De acuerdo con datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 73 de cada 100 mujeres de 15 años o más que forma parte de la población económicamente activa tiene al menos un hijo nacido vivo.

En las estadísticas oficiales no aparecen mujeres menores de 15 años que laboren porque es la edad mínima permitida para trabajar, pero ¿cuántas de ellas laboran en la informalidad y son personas invisibles para los encuestadores?

El INEGI señala que en el trabajo las mujeres de 15 años y más, que son madres, de 14.8 millones muestra que apenas el 3.1% son empleadoras, es decir, contratan personal, 5.8% son trabajadoras sin pago, 26.5% trabajan por cuenta propia y el resto que son trabajadoras subordinadas remuneradas, representan el 64.6% de ellas.

Apenas el 40% de mujeres trabajadoras con hijos reciben el pago de un aguinaldo, el 35% pago de vacaciones, mientras que el resto no cuenta con estas prestaciones.

A pesar de existir legislaciones “ideales” para proteger a la mujer, en los hechos son inútiles para dar respuestas efectivas a las trabajadoras. Instituciones como  el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, las Comisiones de Derechos Humanos, las agencias del Ministerio Público y las Juntas de Conciliación y Arbitraje, no tienen capacidad de respuesta para atender casos de abusos laborales, hostigamiento o acoso. Es frecuente que al presentar una queja se exija a la víctima que acredite las agresiones y el trámite que se hace ante las mismas dura con frecuencia varios meses y generalmente se va al archivo por falta de pruebas.

Mujeres trabajadoras que son despedidas por embarazo no cuentan con una oficina especial en las Juntas de Conciliación y Arbitraje para atender con prontitud su reclamo laboral. Lo mismo ocurre con trabajadoras que sufren algún grado de invalidez o riesgo de trabajo, o que son de la tercera edad. Se les da el mismo trato que al resto de los trabajadores y se les condena a largos juicios que se prolongan en promedio por 7 años o más.

Las mujeres viven dos mundos, el de la expectativa rodeado de promesas y discursos de los funcionarios y otro de una realidad que ha llegado al hartazgo por tanta impunidad.